Conciliar una agenda ambiciosa, reformista, que presume de histórica, con una grave crisis económica.
Ese es el punto de partida de Gustavo Petro, quien este domingo se convertirá en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.
Exguerrillero, economista, exalcalde de Bogotá y durante dos décadas prominente congresista, Petro llegó al poder gracias a su propuesta de cambiar de fondo a este país desigual y violento.
El suyo es quizá el plan de gobierno más ambicioso que haya llegado al poder. Propone cambios estructurales en los sistemas laboral, pensional, de educación y de salud. Aspira a aprobar la anhelada y polémica reforma agraria. Quiere volcar la economía hacia una producción limpia y no extractiva.
Petro, sin embargo, se encuentra un país en crisis que limita su margen de maniobra: la pobreza, la desigualdad, la inflación, el valor del peso, el endeudamiento y los déficits fiscal y de cuenta corriente están en rojo. Una anomalía para una economía tradicionalmente estable.
A eso se suma el contexto internacional, donde las grandes economías están al borde de la recesión, la inflación está disparada y el aumento de tasas de interés en países desarrollados está golpeando a las economías emergentes como Colombia.
Desde que fue elegido, Petro se ha dedicado a calmar los miedos de que su agenda izquierdista puede traducirse en expropiaciones, gasto público desenfrenado o acorralamiento del sector privado.
Para eso, forjó alianzas con los partidos políticos tradicionales, artífices del actual modelo colombiano, y nombró ministro de Hacienda a un reputado profesor de corte socialdemócrata que trabajó una década en la ONU y ocupó dicho ministerio hace 25 años, José Antonio Ocampo.
«No voy a proponer locuras ni voy a aceptar locuras», le dijo Ocampo al diario El Tiempo esta semana. «Modestia aparte, mi nombramiento es parte de la credibilidad que tiene el nuevo gobierno del compromiso de mantener la casa en orden».
Los problemas
En la misma entrevista, Ocampo alertó sobre la compleja situación que enfrenta el nuevo gobierno: «(Me quita el sueño) combinar la necesidad del ajuste fiscal con la demanda de recursos para mayores gastos de programas sociales».
El informe de empalme realizado esta semana por el gobierno entrante reportó haber encontrado un Estado desfinanciado, con enormes deudas en el sector salud, falta de recursos en entidades clave, presupuestos aprobados sin poderse ejecutar y huecos en subsidios cruciales como el de la gasolina.
El presidente saliente, Iván Duque, defiende su gestión como la que más invirtió en equidad en la historia, y por haber regularizado a cientos de miles de migrantes venezolanos e inaugurado importantes obras de infraestructura. Hoy Colombia es una de las economías que más crece de la región, según el último informe del FMI.
Sin embargo, Duque se va con una aprobación del 20%, según encuestas, y con críticas de expertos como Leopoldo Fergusson, profesor de la Universidad de los Andes: «Duque fue muy irresponsable fiscalmente, hizo todo lo que no debe hacer un candidato de la ortodoxia como fue él».
«Todo lo hecho previo a la pandemia (aumentar el gasto y flexibilizar la regla fiscal con el argumento de la migración venezolana) hizo que recibiéramos la pandemia con finanzas públicas en crisis», critica el economista.
Petro, entonces, si quiere mantener cierta estabilidad macroeconómica, tendrá que hacer un ajuste: recortar el gasto estatal para que el déficit fiscal baje, y así contener la inflación y la devaluación.
Para eso necesita dinero. Y necesita más dinero si quiere cumplir sus ambiciosas y diversas promesas en educación, transporte y un largo etcétera de anhelos frustrados por décadas.
Las reformas de Petro dependen del bolsillo que tenga y emitir deuda no es precisamente una opción, porque el país ya debe un equivalente del 50% del PIB, y el interés está alto desde la reducción del grado de inversión en plena crisis política en 2021.
Por todo lo anterior el legado de Petro se juega mucho en su primera reforma: la tributaria. Gestión sensible desde que, hace poco más de un año, el país convulsionó después de una propuesta presentada por Duque.
Ocampo anunció que el proyecto se dará a conocer el lunes 8 de agosto, un día después de asumir la presidencia. Y el líder de la bancada petrista y presidente del Senado, Roy Barreras, habla de aprobación «fast track» (por la vía rápida) en el primer año de legislatura. Saben que la luna de miel puede ser corta.
«Petro se juega todo en la reforma», señala Fergusson. «Su capacidad de no asustar, de conseguir plata y de dar nociones de dirección».
Las soluciones
La economista Marcela Eslava explica que el actual sistema tributario de Colombia tiene dos problemas estructurales: «El recaudo es insuficiente para atender su obligación constitucional de reducir la desigualdad y está demasiado recargado sobre las empresas, por lo que no construye ni igualdad ni prosperidad».
A eso se suman las exenciones, intrincados mecanismos legales que usan miles de colombianos para evadir impuestos. Y un entramado de formas de recaudación catalogado por organizaciones especializadas como uno de los sistemas tributarios más complejos del mundo.
«Hay mucha gente que ha hecho fortuna en Colombia y evita cumplir con su aporte, lo cual nos impide construir una sociedad más justa y segura», indica Ocampo.
El nuevo ministro ha tenido que desmentir versiones de que se aumentará el impuesto a las ganancias ocasionales al 35% (hoy es de 10%), de que subirá el IVA y le ha restado urgencia a una de las propuestas más polémicas de Petro en campaña: acabar con la exploración de petróleo, la mayor fuente de ingresos para el país.
Aunque los detalles no se conocen al momento de publicar esta nota, Ocampo dice que el principal objetivo de la reforma es que las personas naturales de altos ingresos contribuyan más y que se regulen las exenciones. Es probable, también, que promueva un impuesto al patrimonio para los más ricos. En todos estos Colombia tienen índices de tributación mucho menores que lo recomendado por organismos internacionales.
Con eso, la reforma espera recaudar suficiente para tapar el déficit y pagar los compromisos de deuda, que es lo más urgente. Y Petro prometió aumentar la asistencia a los más pobres al día siguiente de su asunción.
La reforma también espera aliviar la presión sobre las empresas para incentivar la producción, la obsesión de Ocampo como economista estructuralista, una corriente que promulga un capitalismo equitativo, eficiente y desarrollado.
En campaña, Petro dijo que su reforma tributaria intentaría recuadrar 50 billones de pesos, unos US$11.000 millones que equivalen al 5% del PIB colombiano. Es mucho. Parece inviable. Es el doble de lo que esperaba recaudar la reforma de Duque que activó un estallido social en 2021.
«Pero si algún gobierno tiene la economía política de su lado para minimizar las dificultades —dice Eslava—, ese es el gobierno de Petro, porque la movilización social que tumbó la reforma ha sido acompañada por él y los grupos que se sintieron por fuera están acogidos por él».
Recién elegido, sin desgaste político y con su «acuerdo nacional» en vísperas de estrenarse en el Congreso, Petro probablemente proponga la reforma tributaria más ambiciosa de los últimos tiempos. De ella dependerá el éxito de su gobierno.
