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- El artículo 240 del Código Penal estipula que la persona que falta a al compromiso podría ser señalado por “daños y perjuicios”. Foto: PubliBoda
La Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en Perú, informó este miércoles 21 de septiembre que una persona podrá demandar por “daños o perjuicios” a su expareja si esta no cumple la promesa de casarse.
La institución explicó a través de un comunicado que la solicitud podrá interponerse en el plazo de un año, desde el día de la ruptura de la pareja, reseñó El Comercio.
El artículo 240 del Código Civil estipula que quien rompa el compromiso podría ser señalado por “daños y perjuicios”.
“Si la promesa de matrimonio se formaliza indubitablemente entre personas legalmente aptas para casarse y se deja de cumplir por culpa exclusiva de uno de los promitentes, ocasionando con ello daños y perjuicios al otro o a terceros, aquel estará obligado a indemnizarlos”, suscribe el Código Civil.
La Corte Superior de Perú detalló que en los 12 meses siguientes a la demanda, se podrán revocar las donaciones en dinero o inmuebles de quien rompió con la promesa de matrimonio.
¿Se puede obligar a alguien a casarse a través de una demanda?
El Código Civil peruano estipula que aunque la ruptura de la promesa podría derivar en una demanda, no existe una ley que obligue a contraer matrimonio.
“El compromiso no puede servir como un instrumento de coercibilidad para obligar a los novios a casarse. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este código, a fin de hacer vida común”, señala el documento.
España también penaliza la ruptura del compromiso
Otro país que permite la indemnización a una persona por la ruptura de un compromiso matrimonial es España.
Aunque la ley española no obliga a cumplir con el compromiso, estipula que la persona que termina la relación pague a su expareja los gastos relacionados con la ceremonia y las obligaciones contraídas previamente.
El Código Civil de España es el que establece cuáles gastos son resarcibles y cuáles no, afirmó El País.
El lapso de tiempo que tendrá la persona afectada para solicitar la indemnización será de un año, igual que el periodo de tiempo que establece la Corte Superior de Lima, Perú.
