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- Una coalición liderada por PJ, AD y UNT llevó a segunda discusión su proyecto de reforma del Estatuto que rige la transición. La nueva ley contempla que a partir del 5 de enero de 2023, las competencias de la presidencia encargada pasarán a la directiva del Parlamento
Con una hora y 13 minutos de retraso inició este 30 de diciembre la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional electa en 2015. Sin embargo, su demora empezó mucho antes, cuando fue postergada a última hora un día antes, luego de las críticas de varios diputados. No obstante, tras un largo debate que ya venía acalorado desde las redes sociales, finalmente se aprobó su primer punto del día: la eliminación del gobierno interino de Juan Guaidó luego de casi cuatro años de existencia.
Ya el 22 de diciembre se había aprobado la primera discusión de la reforma del Estatuto que rige la transición a la democracia. La propuesta fue impulsada por una alianza entre los partidos: Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela (MVP), quienes aprovecharon su mayoría para imponerse con 72 votos frente a 29 en contra y 8 abstenciones.
El nuevo estatuto, que es la ley que soporta al gobierno interino a partir de la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro, contempla una extensión de la vigencia del Parlamento electo en 2015 fuera de su periodo normal, por tercer año consecutivo. Sin embargo, cuando se instale el 5 de enero de 2023, lo hará ya sin la figura de la presidencia encargada que hasta entonces lideraba Guaidó. En cambio, será la directiva de la AN la que asumirá sus competencias políticas, entre ellas la protección de los activos venezolanos congelados en el exterior.
Desde su primera discusión, hubo intentos por parte de Guaidó y sus fracciones aliadas para evitar la eliminación repentina del gobierno interino. Sin embargo, las reuniones privadas no alcanzaron ningún acuerdo. La postergación unilateral de la sesión, así como comunicados de académicos y juristas advirtiendo sobre las consecuencias de la medida, más que promover consensos, solo enardecieron el quiebre entre los promotores de la reforma y la militancia de Voluntad Popular. Ni siquiera la propuesta de Guaidó de renunciar al cargo para abrir la posibilidad de un nuevo presidente, manteniendo la figura del gobierno interino, pudo convencer a los sectores descontentos.
La votación
Al no poder usar el Palacio Federal Legislativo desde 2020, el hemiciclo para la sesión se dio de forma virtual, por videollamada. “Esperamos un debate de altura”, lanzó Guaidó al momento de comenzar, sin esconder los ánimos encendidos entre los diputados que estaban a favor y en contra de la reforma. El presidente contaba con el respaldo de su partido, VP, así como de otros como La Causa R, Convergencia y la fracción 16J, integrada por los partidos Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo (ABP).
Por solicitud del diputado Freddy Guevara, la primera votación de la tarde, que solo era para aprobar la exposición de motivos del proyecto de reforma, se hizo de manera nominal. Es decir, cada diputado manifestó públicamente su voto con la cámara encendida. Esto más adelante serviría para saber cuál fue la tendencia de la mayoría parlamentaria en el sondeo de los posteriores artículos.
La votación nominal fue el proceso más largo, extendiéndose por más de tres horas. El secretario de la AN, José Antonio Figueredo, llamaba uno por uno a los parlamentarios, quienes muchas veces tenían problemas para conectarse o hablarle al micrófono. Otros, como Germán Ferrer o Carlos Paparoni, por más que los nombraron, jamás aparecieron. Los que sí lo hicieron, acompañaron su voto con largas explicaciones en las que justificaban su decisión.
El semblante y la voz de Guaidó ya lucían cansados. Con cada artículo de la reforma debatido, las intervenciones de los parlamentarios se volvían cada vez más largas, más encendidas. En muchos casos, rompiendo las normas del reglamento de debates, pasando de las indirectas y comentarios pasivo-agresivos a ataques frontales. “Le invito al diputado Guevara a que busque alguna copia del libro de El Principito y haga planillas con él”, llegó a decir el diputado de UNT, William Barrientos.
Sin consenso
Una de las primeras intervenciones en el debate fue de Biaggio Pilieri, de Convergencia. Su partido fue uno de los que votó en contra de la reforma del estatuto. Consideró que la eliminación del gobierno interino reflejó un serio problema en el núcleo de la oposición, por su incapacidad de lograr acuerdos internos.
En este sentido, indicó que la división evidenciada en la sesión no solo podría tener consecuencias en el futuro en temas como la mesa de diálogo en México, sino también en procesos como las primarias. También advirtió que afectará la credibilidad de la oposición ante la ciudadanía.
Héctor Cordero habló en representación de la fracción de la Concertación, integrada por los partidos Encuentro Ciudadano, Proyecto Venezuela y Nuvipa. Lamentó que no se lograra ningún avance en las reuniones previas, de las cuales acotó que se excluyeron a varios partidos minoritarios. A pesar de la cercanía del partido de Delsa Solórzano con el gobierno interino, aseguró que su bloque salvaría su voto. Esto luego de que su propuesta de declarar a la AN en sesión permanente hasta lograr un consenso fuera rechazada en la primera discusión.
“El pueblo de Venezuela pide unidad, y le estamos dando división”, declaró. Al igual que Pilieri, agregó que estas medidas solo contribuyen al descontento popular, ya que se ataca la unidad que se espera de la AN.
Fecha de caducidad
A favor de la reforma, el único diputado que tomó la palabra para exponer sus motivos fue Juan Miguel Matheus, de PJ. Aunque reconoció la propuesta de Guaidó de poner su cargo a la orden, acotó que no se trata de una purga individual, sino de la urgencia de reformar el estatuto. Indicó que desde hace años el gobierno interino debió ser suprimido, al no haber cumplido con su propósito de lograr el cese de la usurpación de Nicolás Maduro y elecciones libres.
Argumentó que en ninguna parte de la Constitución se contempla la figura del gobierno interino para suplir una vacancia presidencial. Sobre el artículo 233 del texto, usado como base para el estatuto, señala que la función de Guaidó era muy específica. En primer lugar, debía separarse de su cargo como presidente de la AN para asumir el gobierno interino, lo cual no ocurrió. En segundo, tenía un plazo de solo 30 días para restablecer el hilo democrático y convocar a elecciones, lo cual tampoco se dio. Por ese motivo, consideró que ya era necesario avanzar hacia nuevas estrategias en lugar de renovar esta figura por cuarto año consecutivo. “El 233 perdió su razón de ser para justificar al gobierno interino”, acotó.
“Lo que ha ocurrido durante todos estos años cada 5 enero es que le hemos dado un voto de confianza. En este sentido, queremos decirle que no es justo que usted se coloque como un chivo expiatorio o una víctima, eso no es justo”, completó.
Inconstitucional
“Esto da vergüenza. Esto tiene que darnos vergüenza a todos. No entiendo cómo llegamos a este punto”, dijo Freddy Guevara al comenzar su intervención. Consideró que la medida impulsada por PJ, AD y UNT era un error político grave, ya que solo serviría para legiltimizar al régimen de Nicolás Maduro. También criticó que todo el proceso se realizará sin un diálogo efectivo entre las partes para llegar a un acuerdo. “Es el primer suicidio político y claudicación formal transmitido en vivo por Internet”, aseveró.
Cuestionó que, en cuatro años, muchos de los partidos impulsores de la reforma jamás habían contrariado la autoridad del interinato. De hecho, muchos de ellos formaron parte de sus comisiones y embajadas hasta hace relativamente poco. Pero, sobre todo, su principal observación es que los partidos hayan decidido eliminar el gobierno interino sin pensar en otro contrapeso al régimen de Maduro, y ni siquiera usarlo como un punto de negociación en la mesa de México. “Estamos pecando de soberbia y de anteponer intereses partidistas a los intereses del país”, dijo.
El dirigente de VP recordó además que las acciones y decisiones del gobierno interino nunca tuvieron un impacto efectivo dentro de Venezuela debido a que el régimen de Maduro todavía ejerce el poder de facto. Sin embargo, en el plano internacional, las decisiones de Guaidó han sido acatadas en tribunales e instancias multilaterales, cuyas medidas podrían desaparecer con el fin del gobierno interino.
Por otro lado, José Prat, de La Causa R, explicó que la reforma del estatuto busca implementar un gobierno parlamentario, figura que tampoco existe en ningún artículo de la Constitución. Por ese motivo, reiteró las advertencias de los juristas y académicos, de que esa figura está reñida con las leyes, por lo que carecería de reconocimiento internacional. “Pone en riesgo los intereses de la República, los activos y abre las puertas al reconocimiento de la dictadura. Bajo ningún concepto podemos acompañarla”, añadió.
Bienes protegidos
Uno de los temas más polémicos fue el de la custodia de los recursos públicos que se encuentran en el extranjero. Hasta ahora habían sido administrados por el gobierno interino con supervisión de la AN; sin embargo, el nuevo estatuto contempla la creación de un Consejo de Protección y Administración de Activos, el cual pasará a ser el órgano encargado del manejos de estos activos. También del nombramiento de apoderados jurídicos para casos en disputa, como el que actualmente se desarrolla en Londres con el Banco de Inglaterra, por la potestad de 31 toneladas de oro venezolano.
Al respecto, Matheus defendió que los bienes seguirán protegidos por esta nueva figura, que contará con el reconocimiento de la comunidad internacional. “Hay un asunto solidaridad democrática en los países para no entregar los activos a Maduro”, afirmó.
No obstante, varios diputados mostraron sus dudas sobre este punto. En nombre de la fracción 16J, Richard Blanco, indicó que la ausencia del gobierno interino podría tener como consecuencia la pérdida de estos casos y la devolución de ese dinero a Nicolás Maduro. Además, podría significar también que las juntas ad hoc nombradas para empresas como PDVSA o Citgo puedan en el futuro ser desconocidas en favor de las autoridades del régimen.
“Serán ustedes los responsables y tendrán que darle la cara al país cuando se pierdan los juicios o se pierdan los activos que estaban resguardados”, adviritó.
