Email
- Se han registrado varias perdonas fallecidas desde diciembre de 2022 durante las manifestaciones
El gobierno de Perú extendió el estado de emergencia desde el domingo 15 de enero y por 30 días. Esta medida se aplicará en las regiones de Lima, Cuzco, Puno, el Callao, en tres otras provincias y un distrito para controlar las protestas sociales.
También en la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios y en el distrito de Torata, en el departamento de Moquegua.
El gobierno peruano anunció el decreto en el diario oficial El Peruano. “Durante los estados de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y seguridad personal”, expone en el decreto.
La norma precisa, además, que la Policía Nacional del Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
El documento también señala que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de “perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación”.
Protestas en Perú
En la ciudad de Juliaca, las movilizaciones sociales que piden la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones para 2023 dejaron un saldo de 17 manifestantes fallecidos.
Según los reportes del Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los fallecidos se registraron el lunes 9 de enero en los enfrentamientos ocurridos en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, epicentro de las protestas que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones en este año y una asamblea constituyente.
El primer ministro Alberto Otárola denunció que hay en marcha un “ataque organizado hacia el Estado de derecho y a las instituciones y un golpe de Estado”, del que responsabilizó a los manifestantes.
En una declaración a los medios, Otárola afirmó que los enfrentamientos ocurridos en Juliaca fueron “un ataque organizado, sistemático de vandalismo de organizaciones violentas”. “Como si estuvieran en un escenario de guerra, han tratado de tomar el aeropuerto”, agregó.
El primer ministro dijo que esta acción movilizó a alrededor de 9.000 personas en Juliaca y que unas 2.000 iniciaron un ataque contra la Policía, generando una situación extrema.
La Fiscalía de Perú anunció el 6 de enero que abrió una investigación contra la presidenta Dina Boluarte, el ministro de la Defensa Alberto Otárola y el exministro de Interior, César Cervantes, así como otras autoridades. El objetivo es investigar las muertes durante las manifestaciones y determinar responsabilidades.
La presidenta Dina Boluarte saluda la decisión de la Fiscalía de iniciar diligencias previas respecto a los hechos ocurridos durante las manifestaciones de diciembre de 2022”, respondió en Twitter la Presidencia de Perú sobre el anuncio, e indicó que se facilitarán los trámites necesarios para el esclarecimiento de los hechos.
