• Los funcionarios se presentaron en la casa de la presidenta del Parlamento opositor, Dinorah Figuera, y de la segunda vicepresidenta, Auristela Vásquez. El Ministerio Público habría incautado las propiedades de las parlamentarias, que actualmente residen en España

La Asamblea Nacional electa en 2015 denunció la tarde del 25 de enero el allanamiento de las casas en Venezuela de las inegrantes de su junta directiva. La presidenta del organismo, Dinorah Figuera, reportó que un grupo de funcionarios se presentó frente a su vivienda, ubicada en la urbanización Los Rosales de Caracas.

En su cuenta de Twitter, compartió un video en el que se ve una serie de patrullas negras estacionadas frente a su casa. Figuera calificó el hecho como una “estrategia de terrorismo de Estado”, además de una violación a los derechos humanos.

Apenas unas horas, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) irrumpieron también en el apartamento de la segunda vicepresidenta de la AN, Auristela Vásquez, en la avenida San Martín de Caracas. Lo hicieron acompañados por un fiscal del Ministerio Público. También por un cerrajero, quien forzó la cerradura de la puerta.

Los agentes pusieron en la puerta un cartel e informaron al conserje que el domicilio había sido incautado por órdenes de la Fiscalía. Se desconoce si ocurrió una situación similar con la casa de Figuera.

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Por su parte, la primera vicepresidenta de la AN, Marianela Fernández, confirmó a El Diario que, a pesar de correr el mismo riesgo que sus colegas, estuvo a salvo de allanamientos. Esto debido a que vendió sus propiedad poco después de exiliarse en Estados Unidos. “Yo vendí mi casa hace tiempo, en previsión de lo mismo. Con el régimen cualquuer cosa puede pasar”, señaló.

Amenaza

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Foto: Cortesía

Aunque Figuera y Vásquez desde hace años residen en España, estos allanamientos se producen en las viviendas que dejaron en el país luego de partir al exilio entre 2018 y 2019. Con esto se materializa la persecusión anunciada por el régimen de Nicolás Maduro tras la instalación de la junta directiva actual, el 5 de enero de 2023.

Apenas tres días después de la sesión de instalación del Parlamento opositor, el Tribunal 49 de Control de Caracas dictó una orden de aprehensión contra Figuera y Vásquez, así como la primera vicepresidenta, Marianela Fernández. Esto por los presuntos delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

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Un día después, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, confirmó los cargos contra las parlamentarias. En esa misma línea, ordenó la incautación y aseguramiento de sus bienes en Venezuela, así como el bloqueo e inmovilización de cuentas y una prohibición de enajenar y gravar. También emitió una solicitud de alerta roja a la Interpol, instando a las autoridades españolas y estadounidenses a colaborar en su deportación. Una medida que, hasta el momento, no ha tenido respuesta por parte de ambos gobiernos.

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