• La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 comentó en entrevista para El Diario que desde su exilio, buscará potenciar la participación de la diáspora venezolana en la política. También aseguró que durante el gobierno interino de Juan Guaidó hubo discrepancias en la rendición de cuentas presentada por sus funcionarios, por lo que esperan un nuevo informe antes de instalar el Consejo de Protección de Activos

La Asamblea Nacional electa en 2015 está cerca de cumplir un mes desde la instalación de su periodo legislativo 2023. Ese 5 de enero inició una nueva etapa dentro del ente opositor, que días antes había aprobado la disolución del gobierno interino de Juan Guaidó. Esto a cambio de un mayor control parlamentario sobre sus competencias. En lo político, la medida también propició que sus partidos impulsores, Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) asumieran ahora las riendas de la oposición.

Ya sin el liderazgo de Guaidó, la presidencia de la AN quedó en manos de Dinorah Figuera. Médica y dirigente de PJ, posee una larga trayectoria política como concejal del municipio Libertador (1995-2000), concejal metropolitana de Caracas (2000-2004) y diputada por el estado Aragua. La acompaña en la primera vicepresidencia Marianela Fernández, en representación de UNT; y Auristela Vásquez en la segunda vicepresidencia, en representación de AD.

Desde su residencia en España, Figuera conversó con El Diario sobre el nuevo rumbo que ha tomado el Parlamento. Declaró que su gestión buscará recuperar la confianza de la ciudadanía a través de la transparencia, lo cual implica rendir cuentas sobre el manejo de todos los recursos heredados del gobierno interino.

También desestimó las amenazas en su contra por parte del régimen de Nicolás Maduro, aunque sin alertar sobre el comienzo de una nueva ola de persecución contra los diputados de la AN, parecida a la que ocurrió cuando Guaidó asumió la presidencia en 2019.

Apoyo internacional

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Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Foto: Cortesía

En su primera rueda de prensa como presidenta de la AN, Figuera presentó el 9 de enero un plan de acción para el Parlamento durante el año 2023. Allí, aseguró que entre los objetivos de su gestión estaría rendir cuentas al país sobre el manejo de los activos venezolanos en el exterior, además de consolidar una representación internacional para su resguardo, tal como ocurría durante el gobierno interino.

Hasta ahora, países como Estados Unidos y Reino Unido han declarado su reconocimiento a la nueva Junta Directiva como sucesores de Guaidó. Esto representa un hecho clave, ya que permitirá a la AN asumir con mayor facilidad la representación de Venezuela ante empresas como Citgo. También en juicios pendientes, como el que se desarrolla ante el Banco de Inglaterra por la custodia de 31 toneladas de oro venezolano. 

Licencias

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Figuera ve con buenos ojos las últimas medidas tomadas por el gobierno estadounidense en ese sentido. Por ejemplo, la emisión de una licencia que se reconoce ahora a la AN electa en 2015 como único organismo para hacer operaciones sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). También la orden judicial de extender por tres meses la protección jurídica de Citgo. A su juicio, todo esto representa un espaldarazo para la institución que preside.

Nosotros vemos con buen término este voto de confianza y asumimos con toda la seriedad el ejercicio de las funciones para la protección de los activos”, declaró.

Para esto, la última reforma al estatuto que rige a la transición contempla la creación de un consejo de protección de activos en el exterior, conformado por cinco miembros designados por la Comisión Delegada de la AN. Sin embargo, este grupo parlamentario se instaló el 10 de enero, y a la fecha todavía no ha hecho el primer nombramiento. Ya en su rueda de prensa, Figuera había adelantado que esperaban la rendición de cuentas por parte del gobierno interno para tener una base con la cual partir en sus gestiones.

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—El estatuto para la transición de 2021 ya obligaba al gobierno interino y a la Procuraduría a presentar informes periódicos de sus actividades. ¿La AN llegó a recibir esas rendiciones de cuentas cuando se requerían?

—En principio, hubo una diferencia de visiones en lo que es una presentación de cuentas y la demanda que hacía el Parlamento venezolano y las observaciones de algunos diputados,  pertenecientes inclusive también a nuestra fracción. Solicitamos que se presentaran los funcionarios del gobierno interino ante las solicitudes de información por alguna duda o la intervención de algún diputado. Esto no fue así, sino que se entregaron informes en los cuales habían algunas dudas por el exceso de pagos que pudieran estarse dando alguno que otro funcionario. Eso generó una controversia, más que una duda, pero nosotros honramos en su mayoría los compromisos.

Desde el exilio

Tribunal dictó orden de aprehensión contra la nueva directiva de la AN electa en 2015
Foto: Cortesía

Desde hace cuatro años Figuera vive en la ciudad de Valencia, España. En una situación similar se encuentra el resto de la Junta Directiva, pues actualmente Marianela Fernández, vive en Estados Unidos y Auristela Vásquez, también en España. Aunque esto probó ser una decisión estratégica, para mantener a las parlamentarias fuera del alcance de las autoridades venezolanas, resultó una decisión controvertida. Sobre todo para entre sectores que reprochaban que el nuevo Parlamento opere ahora lejos del país y sus principales necesidades. 

Para la presidenta de la AN, esto lejos de ser un inconveniente, es una oportunidad para darle un papel protagónico a la diáspora venezolana. Explicó que actualmente hay alrededor de 7 millones de venezolanos en el extranjero, de los cuales el 40 % está habilitado para votar. Por ese motivo, resaltó que han iniciado acercamientos con diferentes organizaciones de migrantes, con el fin de establecer una plan de acción para las primarias opositoras y, más adelante, para las elecciones presidenciales de 2024.

Indicó que el apoyo de los venezolanos en el exterior será clave, además, para animar a todo ese sector de la población que en los últimos años se ha desencantado de la dirigencia política opositora. “Esta población que está en el exilio debe de sensibilizar, en tiempos de desesperanza y desconfianza a los venezolanos que están dentro de Venezuela. Eso nos lleva a nosotros a establecernos una agenda con todas las comunidades internacionalmente”, agregó.

Conectar con el país

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Protesta del gremio docente en Caracas, el 16 de enero de 2023. Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

Superar la decepción de la población con los partidos será uno de los mayores retos de la nueva gestión de la AN. Y sobre todo lograr nuevamente una sintonía entre los problemas e intereses políticos de la ciudadanía y el de la dirigencia opositora. Lejos de los debates sobre activos extranjeros y mesas de negociación, actualmente temas como la devaluación del bolívar y la lucha sindical de los docentes acaparan la opinión pública. Figuera parece estar al tanto de esto. A pesar de estar a un océano de distancia, afirmó que se mantiene al tanto de lo que ocurre en el país a través de su contacto con la academia, grupos y organizaciones de su profesión.

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“Como luchadora social y médico venezolana nunca he estado desligada de las necesidades de mi pueblo. Tampoco me he desligado de sus dolencias, como el tema de los maestros, los jubilados y pensionados. En lo que respecta a mi edad soy parte interesada en que la lucha social de los jubilados y pensionados dé frutos, porque ha sido uno de los más activos en la calle”, aseveró.

Persecución

Tarek William Saab Carla Angola
El fiscal general del régimen, Tarek William Saab. Foto: Cortesía

El 9 de enero, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, emitió una orden de captura contra la Junta Directiva de la AN electa en 2015. También a la Interpol una alerta roja internacional contra Figuera, Fernández y Vásquez, quienes residen en el extranjero. Con esto, Saab anunció además la apertura de 27 investigaciones contra la AN, el gobierno interino, y las juntas ad hoc de empresas como Citgo, Monómeros y Pequiven. 

Con esto, el Parlamento opositor advirtió sobre una nueva ola de persecución por parte del oficialismo, y que se podría extender no solo hacia los diputados que siguen en Venezuela, sino también a los ciudadanos que colaboren en los nuevos organismos creados por la AN.

Figuera no es ajena a la persecución política. El 8 de octubre de 2018, el concejal Fernando Albán murió mientras estaba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). En los días siguientes, la dirigente de PJ encabezó una serie de protestas para exigir justicia por el asesinato de su compañero de partido. Esto hizo que aumentara la vigilancia de patrullas, e incluso tanquetas militares, frente a su casa. Ante la amenaza de detención por parte del Sebin, se refugió en la Embajada de Francia, para posteriormente partir a España, donde recibió asilo político.

Con esta persecución se justifica mi presencia en el exterior y es por eso que los partidos de la Unidad plantearon la necesidad de que estuviera representada la Junta Directiva en el exterior”, apunta.

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—¿Teme que la persecución del régimen haga que muchos no quieran involucrarse con la AN ni participar en entes como el Comité de Activos o el Consejo Ciudadano, precisamente por miedo a represalias?¿Sería entonces más viable buscar integrantes que también se encuentren en el extranjero?

—Más allá de las amenazas del régimen, que siempre anda a la defensiva, nos llama la atención la cantidad de personas que sí quieren contribuir. Si se justifica que estén fuera del país, porque sabemos precisamente cómo opera el terrorismo de Estado, pues será. Sin embargo, tenemos que alertar a todos los entes de derechos humanos y a los diferentes países democráticos la situación preocupante que hay en torno a la persecución de Nicolás Maduro a una instancia legítimamente constituida como lo es la Asamblea Nacional. Ciertamente es un camino difícil, pero que estamos transitando con mucha responsabilidad, porque no queremos cometer nuevas equivocaciones. 

Lucha democrática

Bandera
Foto: Cortesía

Durante la presentación del plan de acción, una de las metas que se propuso el Parlamento fue la de “sanear y consolidar la unidad interna”. Sobre este punto, Figuera comentó que aún sigue en pie el propósito del estatuto que rige la transición hacia la democracia, que es propiciar la salida del poder de Nicolás Maduro y convocar a elecciones. Sin embargo, a diferencia de la estrategia de presión aplicada por el gobierno interino en el pasado, la AN parece apostar por la ruta electoral, con miras a las presidenciales.

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Figuera indicó que su gestión se mantendrá activa en la lucha democrática, pero ya desde un rol de acompañamiento y apoyo institucional a otras instancias opositoras. Por ejemplo, la delegación de la Plataforma Unitaria Democrática en la mesa de negociación de México, o la Comisión Nacional de Primarias.

Sin embargo, los objetivos propuestos no parecen ir bien encaminados. La disolución del gobierno interino abrió viejas disputas entre los partidos de la alianza opositora. Sobre todo, por parte de Voluntad Popular, donde militaba el presidente interino, Juan Guaidó. El líder de la tolda, Leopoldo López, recientemente acusó a sectores de AD y PJ de actuar bajo sus propios intereses. Incluso a algunos de su miembros de cooperar a escondidas con el régimen de Nicolás Maduro. También señaló a varios dirigentes de estos partidos de querer sabotear las primarias, para que la elección del candidato unitario sea a través de consenso. Sus declaraciones provocaron fuertes críticas dentro de los partidos aludidos, entre ellos Henrique Capriles.  

La división dentro del seno opositor parece haber permeado incluso a las propias primarias. Nicmer Evans, candidato independiente por el Movimiento Democracia e Inclusión, anunció el 17 de enero que se retiraría del proceso, luego de denunciar la falta de condiciones para su desarrollo. Incluso la mesa de México nuevamente está en riesgo de cancelarse. Esto luego de que el jefe de la delegación oficialista y presidente de la AN electa en 2020, Jorge Rodríguez, amenazara ese mismo día con retirarse de la negociación si no se entregaba al régimen parte de los activos que administraba el gobierno interino en el extranjero.

#TeExplicamosElDía | Miércoles 5 de enero
Sesión de la AN electa en 2015, durante la presidencia de Juan Guaidó. Foto: EFE

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—Usted ha dicho que la gestión de la AN tendrá como banderas la transparencia y la rendición de cuentas; sin embargo, el propósito de la continuidad del Parlamento es la búsqueda de la restitución del hilo constitucional. Entonces, ¿cómo se compagina la agenda parlamentaria actual con la lucha por la democracia?

—Una va unida a la otra. Cuando nosotros hablamos de la protección y administración de los activos, para establecer un nuevo instrumento y presentar cuentas claras, son funciones que tenemos porque estamos obligados como funcionarios públicos en la gestión de la AN a entregar las cuentas claras. Pero esto obedece al ejercicio de índole administrativo e institucional. El otro objetivo, que por supuesto tiene un rol protagónico, va unido a una acción política, que tiene que ver con darle vigor a la Unidad. Establecer con el candidato unitario el saldo organizativo vital que permita dar al traste con este modelo estructural del socialismo del siglo XXI. En consecuencia, son dos funciones que se pueden conciliar, que van de la mano.

—Esta es la tercera vez que se extiende la continuidad del Parlamento. Si se aplicara el mismo criterio que justificó la disolución del gobierno interino, ¿cree que la AN tampoco debería renovarse el 5 de enero de 2024 si no cumple con sus objetivos?

—La voluntad política de todos como parlamentarios es que existan elecciones en Venezuela, tanto de presidente de la República como de una nueva Asamblea Nacional. No se trata de eternizarnos en el Poder Legislativo ni de generar una prolongación de nuestra gestión. Nosotros estamos aquí por unas circunstancias muy especiales y que nos ha costado la persecución y el exilio. Indudablemente se trata de que nuestro camino electoral esté ajustado a un plan, para que seamos eficaces y efectivos para recuperar la democracia.

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