- De acuerdo con Fenasopadres, existe la intención expresa del régimen de Nicolás Maduro de afianzar un nuevo mecanismo de control político
El martes 7 de febrero de 2023 la Asamblea Nacional (AN) del régimen venezolano, electa 2020, aprobó por unanimidad la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, un instrumento legal que “viola el derecho a la libre asociación y participación de los estudiantes de educación media en Venezuela”, señaló en un comunicado la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres).
Por su parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) indicó que el objetivo del marco legal aprobado es promover y desarrollar los medios para la participación y el ejercicio de la ciudadanía de los estudiantes en los liceos y escuelas.
Según Fenasopadres, la ley busca “ocultar y falsear” la historia nacional en un intento de imponer un pensamiento único en los estudiantes del país.
Hasta ahora, se debe esperar la publicación del texto en la Gaceta Oficial para conocer el alcance de los artículos que propone la legislación.
Derechos vs. Deberes
Para Fenasopadres, la Ley convierte el derecho a participar en un deber y busca que los estudiantes se sumen a organizaciones o iniciativas de intereses gubernamentales.
De acuerdo con la asociación, esto obedece a la intención expresa del régimen de Nicolás Maduro de afianzar un nuevo mecanismo de control político.
Lo que faculta la Ley de Participación Estudiantil
La ley permite que menores de edad puedan (con ayuda de un representante legal) constituir, inscribir y registrar personas jurídicas sin fines de lucro. Este tipo de actividades solo estaba permitida a mayores de 18 años en el país.
Sin embargo, Fenasopadres recordó que solo padres, madres o representantes pueden ejercer la representación legal de un adolescente venezolano.
Destacaron que el interés particular del estudiante siempre debe prevalecer a la hora de formar asociaciones, relacionadas al ámbito escolar por su condición.
Pero en este caso la organización “es creada por el Estado para fines definidos por el Estado, no por los estudiantes”.
Supervisión del Ministerio de Educación
La organización puntualizó que en dicha norma quedó establecido como eje transversal que la vigilancia y control de los estudiantes será a través de las instancias de organización y supervisión que determine el Ministerio de Educación.
Es por ello que la Federación de Sociedades de Padres llamó a la sociedad a rechazar esta norma, que tildaron de “inconstitucional” por violentar los principios democráticos y los valores fundamentales de las familias.
