El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el jueves 11 de junio que, aunque el gobierno encargado de Delcy Rodríguez reconoció la crisis penitenciaria, continúa sin asumir responsabilidades.
La organización no gubernamental (ONG) citó declaraciones recientes del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, y el fiscal general, Larry Devoe.
“Lo preocupante no es que ahora reconozcan la crisis, lo verdaderamente alarmante es que la reconozcan después de años de denuncias, informes, muertes bajo custodia y miles de personas atrapadas en un sistema que ellos mismos admiten que no funciona”, precisó el OVP en una nota difundida en su página web.
Algunos de los problemas del sistema penitenciario mencionados por la ONG son: el retardo procesal, la criminalización de la pobreza, el uso prolongado de centros de detención preventiva y la vulneración sistemática de derechos fundamentales.
Los datos oficiales sobre la crisis penitenciaria
De acuerdo con datos oficiales citados por el OVP, actualmente existen 58.714 personas privadas de libertad en Venezuela. De esta cifra, 12.425 tienen más de dos años detenidas sin sentencia y, además, 8.222 permanecen recluidas en centros de detención preventiva.
“No se trata de una falla administrativa ni de casos aislados, estamos hablando de más de 12.000 personas cuyos derechos han sido vulnerados por un sistema incapaz de garantizar una decisión judicial dentro de un plazo razonable. Aunado a esto, y quizás el dato más preocupante, es que Lavoe reconoció que el 75 % de los condenados admitió los hechos”, indicó la ONG.
El fiscal general también señaló que el 70 % de la población penitenciaria proviene de los sectores más pobres del país y que el 81 % corresponde a personas que ingresan por primera vez al sistema penal.
“Cuando una persona enfrenta años de prisión preventiva, hacinamiento, condiciones indignas de reclusión, falta de atención médica, alimentación insuficiente, escasez de agua potable y la incertidumbre de no saber cuándo será juzgada, la admisión de los hechos deja de ser una simple decisión jurídica y puede convertirse en una estrategia de supervivencia”, agregó.
Las muertes de detenidos documentadas por el OVP
El OVP informó que entre abril y lo que va de junio de 2026 han documentado al menos 22 muertes bajo custodia del Estado venezolano.
“A ello se suma una conclusión alarmante de nuestro Informe Anual 2025, el 95 % de los fallecimientos registrados estuvieron asociados a la falta de asistencia médica oportuna”, detalló la ONG.
Por otro lado, la organización afirmó que las personas que pasan años esperando una sentencia también están expuestas a enfermedades, al deterioro de su salud física y mental, a la ruptura de sus vínculos familiares y a condiciones incompatibles con la dignidad humana.
“Resulta imposible analizar el retardo procesal, el hacinamiento o el colapso de los centros de detención preventiva como problemas aislados porque todas estas situaciones forman parte de una misma crisis que deteriora progresivamente la salud, la integridad y la vida de las personas privadas de libertad”, aseveró.
En este sentido, la organización insistió en que las personas privadas de libertad, sus familiares y la sociedad venezolana esperan “respuestas concretas” por parte de las autoridades.
