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- Las principales exigencias de la población sexo-genero diversa son una ley de identidad de género y matrimonio igualitario. De acuerdo con una revisión de la Organización Venezuela Igualitaria, en el Poder Judicial no ha existido ningún avance desde que se interpusieron las exigencias desde 2014 | Foto: Fabrizio Sánchez Di Camillo
Organizaciones de la sociedad civil protestaron frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, el martes 14 de febrero para denunciar la inacción del Estado ante el ejercicio de los derechos de la comunidad LGTIQ+ en Venezuela.
Giovanni Piermattei, activista de Venezuela Igualitaria, indicó que dejaron unas diligencias ante la Sala Constitucional. Las principales exigencias de los manifestantes están dirigidas a los magistrados de la Sala Constitucional y están relacionadas con las exigencias históricas del colectivo en el país.
Cada diligencias fue referida a cada expediente de las demandas interpuestas desde 2014 con el matrimonio igualitario y en 2015, cuando se interpuso una demanda de inconstitucionalidad del artículo 44 del Código Civil y se pidió que se declarara la constitucionalidad del matrimonio igualitario.
También, en 2016 se interpuso una demanda por omisión legislativa por no discutir un proyecto de ley de 2014, por el derecho a la identidad de género, y la derogación del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar.
Piermattei comentó para El Diario que revisaron los expedientes de cada caso y no ha existido ningún avance. En el caso de la derogación del artículo 565, no se ha publicado el cartel de emplazamiento para que luego se haga la convocatoria pública para su aprobación o rechazo. El expediente sobre la identidad de género fue dividido por las partes interesadas.
Las personas LGBTQ+ exigen acciones concretas
Para Daniel Picado, presidente de la organización País Plural, se debe garantizar el acceso de los derechos a todas las personas. Exhortó al Estado a que no se pueda someter a votación la reivindicación de un grupo que ha sido marginado y discriminado a lo largo de la historia.
Para Daniel, las principales barreras que impiden que se garanticen todos los derechos de las personas LGBTIQ+ incluyen las limitaciones institucionales, ya que quienes están en el poder no toman como prioridad las demandas.
Para el activista de País Plural, existen limitaciones en la sociedad, pero aún así, considera que está preparada para el debate sobre el tema. Agrega que debe hablarse sobre esos tópicos ya que es una manera de lograr un país desarrollado.
Considera que en tiempo preelectoral pudieran sumarse “aliados de palabra”, pero pocos “aliados de hechos”. Tanto Picado como Piermattei concuerdan en que es poco probable que existan avances significativos en los próximos años debido a los comicios de 2024, también por el apoyo del Estado a los movimientos evangélicos, quienes están en desacuerdo con las exigencias del colectivo.
La comunidad LGBTIQ+ mantiene la esperanza
Melanie Agrinzones, activista de Uquira, se sumó a la convocatoria con la esperanza de que en algún momento cambie la situación de la población LGBTIQ+ en Venezuela. Según registró su organización, la violencia a las mujeres se intensifica al formar parte de este colectivo.
En el caso de Salvador Lemus, otro activista por los derechos LGBTIQ+, también acudió al TSJ para exigir al Estado que se le reconozca como una persona trans y que se le permita el cambio de nombre. Destacó que el impedimento de cambio de nombre a este colectivo impide que accedan adecuadamente al trabajo, la educación y encontrar una vivienda.
Durante el año 2022 se registraron varias protestas de este tipo, en las que la comunidad LGBTIQ+ solicitaba a varias instancias del Estado venezolano la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos. Activistas venezolanos han denunciado que en el país se registra una amplia vulneración de los derechos de estas personas.
