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- Comerciantes alegan que los controles y la extorsión son dos de las razones por las que aún algunos prefieren usar los caminos irregulares
A pesar de la apertura de los puentes internacionales entre Colombia y Venezuela, primero para los peatones y luego para los vehículos, comerciantes denuncian que no ha cesado el flujo de mercancías por más de 250 trochas que conectan el Norte de Santander con el estado Táchira.
Pobladores de la frontera consultados por La Prensa de Táchira aseguraron que las estructuras y puentes establecidos sobre el río Táchira para el paso de mercancía vía trocha siguen vigentes. Explican que la dinámica comercial alrededor de estos pasos irregulares no cambiará en el corto plazo por dos razones fundamentales: los controles y la extorsión.
Destacaron que en el paso por las trochas no solo hay muchos intereses tanto de grupos al margen de la ley como de mismas autoridades a ambos lados de la frontera, sino que la economía que se genera alrededor del paso ilegal de la mercancía deja más ganancias, porque permite evadir los trámites aduanales y los funcionarios de seguridad.
Los ciudadanos consultados señalaron que sobre los puentes internacionales se encuentran presentes más de cinco organismos militares y aduanales y que cada uno exige “su porcentaje” para permitir el paso de las mercancías, mientras que por las trochas hacen un solo pago.
Además, aseguran que al pasar por los puentes fronterizos se arriesgan a que les confisquen sus productos.
Control de las trochas
La mayoría de las trochas están controladas por grupos armados ilegales que cobran por su uso. A pesar del peligro, quienes siguen usándolas lo hacen por razones como: pérdida de los documentos de identidad requeridos por las autoridades fronterizas, rapidez para cruzar al no tener que hacer filas en los controles migratorios o incluso por tener algún antecedente judicial.
John Quintero, transita los áridos y soleados caminos de la trocha Los Mangos, entre Ureña y Villa del Rosario, y manifestó a EFE que opta por ese camino porque tiene cuentas pendientes con la justicia.
“Debo usar las trochas porque en Colombia tengo una demanda por inasistencia alimentaria a mi hijo. No le doy, no porque no quiera, sino porque no tengo. Trabajo como limpiabotas y gano entre 10.000 y 20.000 pesos colombianos (entre 2 y 4 dólares) diarios y tengo otra familia en Ureña que depende de eso”, afirmó Quintero.
Mercancía con preferencia arancelaria
Del lado colombiano, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), desde el 27 de enero permite el paso legal de ciertas mercancías por los puentes fronterizos sin que tengan que pagar impuestos, que son aquellos considerados de consumo básico, para beneficiar a “los residentes de los municipios colindantes del territorio aduanero”, como lo establece la Resolución 000005 del DIAN.
Sin embargo, los ciudadanos no pueden atravesar los puentes con productos que se salgan de esta clasificación ni portar más de seis unidades de cada tipo de producto sin la cancelación de los respectivos trámites aduaneros, por lo que algunos prefieren las trochas para llevar más productos de un lado a otro o porque necesitan insumos de otros tipos.
Los entrevistados por La Prensa de Lara denunciaron que el tránsito de productos en pequeñas cantidades para consumo familiar es el que está pasando por los puentes internacionales, pero la mercancía a gran escala, con fines comerciales, es el que sigue filtrándose por las trochas.
Acabar con las extorsiones
En octubre de 2022, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que “la economía sigue pasando por la trocha porque allí uniformados, funcionarios de allá y de acá, están cobrando la comisión”.
Manifestó que iba a coordinar con Nicolás Maduro para implementar los cambios necesarios con la finalidad de evitar que se siguieran presentando este tipo de situaciones, argumentando que la frontera es para la gente y no para las mafias.
El presidente de Conindustria, Luigi Pisella, se refirió a esta problemática en entrevista para Unión Radio. Advirtió que es necesario atacar la entrada de productos de manera ilegal o por contrabando para que la economía en el país se vea beneficiada con el intercambio comercial entre ambas naciones.
