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- En medio del escándalo de corrupción que llevó a la detención de varios funcionarios de su círculo cercano, el ahora exministro señaló que apoyará las investigaciones y está dispuesto a colaborar con las autoridades. Foto: EFE
Tareck El Aissami anunció el 20 de marzo la renuncia a su cargo como ministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro. Lo informó en su cuenta de Twitter, indicando que se decisión se debe a las investigaciones por un desfalco de 3.000 millones de dólares a la estatal Petróleo de Venezuela S.A. (PDVSA), y por que varios funcionarios allegados a El Aissami han sido detenidos.
“En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA; he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”, escribió.
Desde el 17 de marzo se desarrolla un operativo por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Anticorrupción contra varias figuras importantes del régimen. Hasta el momento se ha confirmado la captura del exdirector de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) (Sunacrip), Joselit Ramírez. También del presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret, del juez José Mascimino Márquez y del alcalde del municipio Santos Michelena, Pedro Hernández.
Círculo cercano
El 17 de marzo, diferentes canales oficiales del régimen de Maduro anunciaron el comienzo de un operativo por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Anticorrupción. En un comunicado, el cuerpo policial mencionó que se había abierto una causa judicial contra varias figuras importantes dentro del Poder Judicial, la industria petrolera y algunas alcaldías. “Tenemos la instrucción expresa de que esta investigación se lleve hasta las últimas consecuencias”, advierte.
Esa misma noche se anunció la detención del entonces director de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit Ramírez. En las horas siguientes, las autoridades confirmaron también el arresto del presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret, y del juez antiterrorismo José Mascimino Márquez. También del alcalde del municipio Santos Michelena del estado Aragua, Pedro Hernández.
La captura más reciente fue la del diputado de la Asamblea Nacional electa en 2020, Hugbel Roa, el 20 de marzo. El exministro de Educación Universitaria era una persona cercana a El Aissami, ya que ambos se conocían desde su época de dirigentes estudiantiles. De hecho, para muchos analistas y políticos opositores, la detención de todos estos funcionarios tiene como común denominador que se trataban de colaboradores y allegados a El Aissami. Especulan que pudo tratarse de una movida para redistribuir el peso de las diferentes facciones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sacándolo por completo del juego.
“No le tapamos ningún acto delictivo a nadie, absolutamente a nadie. En la revolución no tienen espacios los corruptos”, exclamó el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, en una rueda de prensa este lunes.
Ascenso
El Aissami, de 48 años de edad, era una de las figuras de mayor poder dentro del chavismo. Oriundo de El Vigía, Mérida, creció en una familia sirio-libanesa y militante de partidos de izquierda. Estudió Derecho en la Universidad de los Andes (ULA), donde militó en el movimiento Utopía 78, junto a otros miembros que luego serían piezas clave dentro de la naciente revolución bolivariana. Su generación fue una de las más destacadas en la historia de la plancha, ganando la Federación de Centros Universitarios entre 2001 y 2003.
Como presidente de la FCU-ULA, el joven entró en contacto con Adán Chávez, un hermano del entonces presidente y quien era profesor en esa casa de estudios. También con Hugo Cabezas, exmilitante de Utopía 78 y director de la entonces Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Onidex). Con él obtuvo su primer cargo como jefe de la Misión Identidad cuando apenas acababa de graduarse. En las elecciones parlamentarias de 2005 resultó electo como diputado por el circuito 1 de Mérida, pero se separó de su curul un año después, cuando Hugo Chávez lo nombró viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana.
En 2008 asumió la titularidad del ministerio de Interior y Justicia. Durante su gestión destacó por la creación del cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). También por el lanzamiento de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela. Aunque inicialmente tenía aspiraciones de ser gobernador de Táchira, para las elecciones regionales de 2012 y Chávez lo designó como candidato en Aragua, donde ganó con 55,56 % de votos.
Poco antes de terminar su periodo, en enero de 2017, se separó del cargo cuando Nicolás Maduro lo nombró como su vicepresidente ejecutivo. En ese momento no solo volvió el segundo al mando dentro del gobierno, sino que además le delegaron 15 competencias administrativas de la presidencia, siendo uno de los vicepresidentes con mayor autoridad desde la creación del cargo. En paralelo, también ocupó la vicepresidencia sectorial para el Área Económica.
Caída
Sin embargo, El Aissami no duraría mucho en la cima del poder. Apenas un año después, Maduro lo sustituyó en la vicepresidencia de la República por Delcy Rodríguez. quien se mantiene en el cargo hasta la actualidad, la hermana de Jorge Rodríguez, pasaría a convertirse en una de las figuras más poderosas en la nueva jerarquía de poder. De hecho, en redes sociales varios dirigentes políticos han aventurado a señalar precisamente a los hermanos Rodríguez como autores intelectuales del operativo que desmanteló los círculos de poder del exministro.
El mismo día del ascenso de Delcy, el 14 de enero de 2018, El Aissami pasó a ocupar el Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Igualmente, aún ocupaba su puesto como vicepresidente sectorial de Economía. Con esto, emprendió un proceso de flexibilización económica, que se caracterizó por cambiar la actitud hostil del régimen hacia la empresa privada y permitir la circulación del dólar en los mercados. También fue el encargado de diseñar el plan de emergencia económica durante la pandemia de covid-19.
El 14 de febrero de 2017, siendo aún vicepresidente, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, siendo el primer funcionario de alto perfil del chavismo en recibir esta medida. En esa oportunidad, lejos todavía de ser un mecanismo de presión política contra el régimen de Maduro, su caso fue por narcotráfico y lavado de dinero. Esto luego de que las investigaciones lo relacionaran con el empresario prófugo de la justicia Samark López, quien presuntamente habría sido su testaferro.
Acusaciones
El Aissami siempre ha estado bajo vigilancia de la comunidad internacional, siendo uno de los funcionarios más buscados dentro del chavismo. Ya en su época como ministro de Interior y Justicia fue acusado de recibir sobornos del empresario siriovenezolano Walid Makled para permitir la entrada al país de cargamentos de droga. En 2015 se supo que Estados Unidos había comenzado a investigarlo por narcotráfico, tras recibir información del propio exgobernador de Aragua Rafael Isea, su antecesor.
La Fiscalía estadounidense también incluyó al expediente de El Aissami señalamientos de estar vinculado al caso de Efraín Campo Flores y Francisco Flores, sobrinos de Cilia Flores. Además se le acusó de formar parte del Cartel de los Soles, un grupo de narcotraficantes presuntamente formado por funcionarios y militares venezolanos de alto rango. Por todo esto, el 8 de marzo de 2019, la Corte federal de Manhattan emitió una orden de captura contra El Aissami y Samark López. Incluso figuró en las listas de los más buscados por las autoridades.
Paralelamente, medios de comunicación como The Wall Street Journal denunciaron desde 2014 el presunto vínculo de El Aissami con grupos terroristas de Medio Oriente. Como descendiente de seguidores del difunto dictador iraquí Saddam Husseim, aseguró que el exministro tejió una red financiera entre Venezuela, Cuba e Irán para apoyar a grupos radicales como Hamas y Hezbollah. Como jefe de la extinta Onidex, actualmente el Saime, también habría dotado a varios insurgentes con pasaportes venezolanos para poder viajar libremente. Esto ha sido asegurado por el fiscal del distrito de Nueva York, Robert M. Morgenthau, así como el exdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Hugo Carvajal.
