- La Sala de Cuestiones Preliminares deberá evaluar el documento con las conclusiones presentadas para brindar una decisión
La Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) finalizó la evaluación de las denuncias presentadas por representantes legales y víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Este organismo presentó un informe en el que detallan que entre las víctimas de estos delitos habría más de 8.000 individuos, 2 organizaciones y más de 600 familias.
La Sala de Cuestiones Preliminares primera de la CPI había invitado a las presuntas víctimas y sus representantes legales a completar las planillas y enviarlas entre el 18 de noviembre de 2022 y el 7 de marzo de 2023, aunque la recepción comenzó en diciembre. En ese plazo se recibieron más de 2.000 formularios de denuncias, pero fueron analizadas 1.746.
Toda esta información es estrictamente confidencial y está en la base de datos a la que solo tiene acceso el personal de la CPI. La corte aclaró que el Estado venezolano no podrá conocer los datos de los denunciantes ni ver ninguno de los formularios consignados. De hecho, en el informe presentado no hay ninguna información que permita identificar a las víctimas.
Los delitos denunciados
Los crímenes de lesa humaidad mencionados en el informe son: asesinatos, encercelamientos, privación grave de libertad fisica, torturas, tratos inhumanos, violaciones u otras formas de violencia sexual, desparición forzada, desplazamiento forzado y persecuciones por motivos políticos.
Sobre el delito de asesinato, la Sección de Reparación y Participación resaltó aquellos que fueron cometidos durante protestas y manifestaciones antigubernamentales, ejecuciones extrajudiciales a hombres jóvenes en barrios de bajos recursos y en el contexto de detenciones.
Con respecto a la persecución política y el desplazamiento forzado, el documento indica que se recibieron denuncias de trabajadores que tuvieron que dejar el ejercicio de su profesión por el hostigamiento.
Entre los denunciantes hay trabajadores petroleros, personal judicial, personal militar, periodistas, profesores universitarios, personal de salud y políticos. Todas las opiniones recabadas respaldan la solicitud del fiscal Khan de continuar con la investigación en Venezuela.
Grupos vulnerables
La Sección de Reparación y Participación de las Víctimas mencionó a periodistas, la comunidad universitaria, los pueblos indígenas, los mineros, los trabajadores petroleros y los pensionados entre los grupos más vulnerables y afectados por crímenes de lesa humanidad.
El documento señaló que al menos desde el año 2013 el régimen de Nicolás Maduro muestra una actitud violenta contra los trabajadores de la prensa. Los periodistas son víctimas de agresiones verbales y físicas, mientras que los medios enfrentan mecanismos de censura.
Las comunidades indígenas, por su parte, denunciaron ante la CPI que el Estado viola los derechos especiales que protegen a los pueblos originarios. Entre ellos el de la jurisdicción en territorio indígena. Esto que establece que los crímenes cometidos allí deben juzgarse dentro del territorio y con autoridades legítimas indígenas.
Algunos testimonios
El documento incluyó fragmentos de los testimonios. Los extractos omiten algunos detalles para evitar la identificación de las víctimas.
Las denuncias también incluyen opiniones sobre la necesidad de que la CPI investigue de forma independiente. Alegaron que las autoridades venezolanas no les han dado respuesta a las víctimas.
Algunas de las víctimas mencionaron que además de los hechos que denuncian hay una serie de situaciones en el país que les impide vivir con tranquilidad como la persecución política, la inseguridad, la crisis económica y social.
