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- Tras ser víctima de tres agresiones, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) solicitó la medida cautelar para la política venezolana | Foto: @maryjulyg/ Twitter
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la concejal Mary González Pérez, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
“La solicitud indica que la beneficiaria está siendo objeto de amenazas, hostigamientos y hechos de violencia por parte de grupos denominados ‘colectivos’ como consecuencia de sus labores de concejal y su actividad política de oposición”, detalló el órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado publicado en su página web el 29 de junio.
La CIDH consideró, tras revisar las alegaciones aportadas, que los derechos a la vida e integridad personal de la concejala enfrentan un riesgo de daño irreparable.
“La Comisión solicitó a la República Bolivariana de Venezuela que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Mary Yuli González Pérez”, se lee en la nota.
La CIDH también exhortó al Estado venezolano concertar con la concejal y sus representantes las medidas a implementarse. Además, pidió informar sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a esta resolución.
¿Qué es una medida cautelar?
De acuerdo con la página de la OEA, una medida cautelar de la CIDH es un mecanismo de protección mediante el cual se solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.
Aunque el régimen de Nicolás Maduro abandonó la CIDH, así como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2013, los organismos no han ignorado los casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Además, sus resoluciones pueden servir a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), según información de la ONG Acceso a la Justicia.
¿Quién es Mary González Pérez?
Mary González Pérez, del partido Voluntad Popular, ejerce como concejal suplente del municipio Libertador de Caracas. Tras ser víctima de tres agresiones, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) realizó la solicitud de la medida cautelar para la política, según reveló en una nota de prensa publicada en su página web el 29 de junio.
La primera agresión contra González Pérez se registró en abril de 2023, mientras realizaba sus actividades políticas y en la que no hubo intervención por parte de la policía.
Otro de los hechos violentos en contra de la concejal se registró el 10 de mayo, cuando una multitud de personas la atacó y tuvo que esconderse en una iglesia, la cual amenazaron con quemar con ella adentro si no salía. La política pudo salir porque la policía la escoltó.
Sin embargo, el 12 de mayo, recibió varias amenazas nuevamente, luego de que una persona la identificara en una panadería.
En estos momentos una multitud Chavistas está acosando y me quieren linchar en la iglesia San Miguel Arcángel hago responsable al Concejal Jesús González con los Colectivos del Mercado y el Casco central de lo q me pase a mi @NicolasMaduro @gestionperfecta @ActivismoVP_ pic.twitter.com/pn6ksLfCGk
— Mary July Gonzalez Concejal (@maryjulyg) May 10, 2023
Otras medidas cautelares otorgadas a venezolanos por la CIDH en 2023
En lo que va de 2023, la CIDH ha otorgado varias medidas cautelares a venezolanos. La más reciente fue el 1° de junio para el teniente Gustavo Enrique Carrero Angarita, quien está detenido en el Centro Nacional para Procesados Militares (CENAPROMIL), mejor conocido como Ramo Verde.
De acuerdo con la CIDH, el teniente de Fragata integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no ha recibido atención médica desde su encarcelamiento en 2018.
Además, detalló que la salud del preso político está comprometida por las secuelas producto de las agresiones que recibió durante su detención. Además, tiene una lesión en las rodillas que no ha sido evaluada por un especialista.
Otra medida cautelar otorgada por este órgano fue para el capitán de corbeta de la Armada de Venezuela, Carlos Gustavo Macsotay Rauseo, también detenido en Ramo Verde. La CIDH consideró que se encuentra en una situación que pone en riesgo su integridad física.
La CIDH aseguró que el efectivo militar detenido requiere de una biopsia que hasta el 23 de mayo, fecha del anuncio de la medida cautelar, no habría sido realizada pese a las solicitudes y denuncias realizadas ante las distintas instancias nacionales.
