El proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha entrado en su fase definitoria. Tras el cierre de postulaciones ante el Comité de Postulaciones Judiciales y la apertura del lapso formal de impugnaciones, el país aguarda la designación de las 32 togas que integrarán la máxima instancia jurisdiccional. En las cancillerías internacionales y en las mesas de negociación que sesionan en Caracas, este hito suele interpretarse bajo una óptica estrictamente transaccional: el reparto aritmético de magistraturas, el diseño de contrapesos para viabilizar el camino comicial hacia 2027 y la construcción de salvoconductos jurídicos que garanticen la coexistencia entre las facciones en pugna.
Sin embargo, concebir la renovación judicial como un simple tratado de paz entre cúpulas constituye un error de diagnóstico mayúsculo. Mientras las élites partidistas observan al TSJ como un tablero de distribución de cuotas, la sociedad venezolana se aproxima al proceso desde una dimensión existencial: la urgencia de cerrar las profundas venas abiertas de un sistema que durante años trocó la ley por la arbitrariedad, la indefensión y la denegación sistemática de justicia.
La legitimidad de origen del nuevo tribunal no se medirá por el beneplácito parlamentario que selle su conformación, sino por su valentía praxiológica para acometer una misión social inaplazable: desmontar los vicios procesales históricos, restablecer la supremacía civil sobre los cuerpos de seguridad y devolverle al ciudadano común la certeza de que el derecho no es un instrumento de extorsión gubernamental ni el privilegio de quien ostenta las armas.
1. La anatomía del desamparo: las heridas del debido proceso
El libre ejercicio de la abogacía en Venezuela ha sido en los últimos años una travesía de resistencia frente a la descomposición de las garantías procesales. Lejos de la solemnidad dogmática de los códigos, la práctica forense cotidiana ha estado signada por la normalización de aberraciones jurídicas que despojaron al justiciable de su condición de sujeto de derecho.
En el fuero penal, la indefensión se convirtió en método sistemático. Destaca la imposición arbitraria de la defensa pública, un mecanismo perverso mediante el cual se desplazó de facto a los abogados privados de confianza en causas sensibles, transformando el derecho a la defensa en un simulacro administrativo donde el defensor asignado operó como un tramitador de la condena preestablecida. A ello se sumó la violación sistemática de los lapsos procesales, convirtiendo la privación preventiva de libertad en una pena anticipada a través del diferimiento crónico de audiencias, la exclusión deliberada de pruebas y la aplicación distorsionada de tipos penales ambiguos para castigar el libre pensamiento o la legítima defensa de derechos.
A esta patología se añade una de las expresiones más cruentas del desacato institucional: la inejecución de boletas de excarcelación. En innumerables causas, órdenes expresas de libertad dictadas por jueces de control o de juicio quedaron reducidas a papel mojado ante la negativa soberana de custodios policiales o mandos militares. Que un funcionario subalterno de seguridad tenga la potestad fáctica de vetar una orden judicial resume con crudeza el colapso del principio de autoridad republicana.
Esta deuda histórica no se circunscribe al ámbito penal. En el orden civil, mercantil y agrario, las venas abiertas sangran con idéntica gravedad: productores agrícolas, industriales y ciudadanos particulares a quienes se les arrebataron tierras, fincas, galpones y empresas mediante vías de hecho o medidas cautelares arbitrarias siguen aguardando una restitución efectiva que ningún tribunal se atrevió a ordenar por temor a represalias políticas.
2. El peaje burocrático y la falacia de la seguridad jurídica: el nudo del Saren
No existe posibilidad de reactivación económica ni de atracción de capitales sin una justicia mercantil y registral confiable. En este terreno, la distancia entre el discurso oficial y la realidad material del país adquiere tintes grotescos. Mientras las vocerías gubernamentales promueven una supuesta apertura económica, pregonan incentivos para el capital foráneo y enarbolan leyes de simplificación de trámites administrativos, el aparato administrativo real opera en sentido diametralmente opuesto.
El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) se ha erigido en la más acabada expresión del funcionariado rentista que parasita la actividad productiva. La digitalización del sistema, lejos de agilizar los procedimientos, ha servido para levantar compuertas burocráticas opacas donde la discrecionalidad es la norma. Resulta inadmisible que en un país urgido de inversión, un documento mercantil o de inversión de un ciudadano extranjero deba esperar más de cuarenta y cinco días por una autorización discrecional en el sistema central, congelando proyectos y ahuyentando recursos en un mar de dilaciones injustificadas.
Este esquema de bloqueo administrativo no responde a rigores de fiscalización jurídica; opera como un peaje diseñado para entorpecer los procesos hasta forzar la búsqueda de beneficios personales. A ello se añade el constante amedrentamiento y la asfixia tributaria contra pequeños y medianos comerciantes, hostigados bajo la amenaza de fiscalizaciones leoninas o cierres fulminantes como palanca de extorsión directa. Cuando el trámite legal más elemental se convierte en una aduana punitiva, la inversión huye y la seguridad jurídica se torna una ficción publicitaria.
3. La subordinación del poder militar a la autoridad civil: el rescate de la República
El problema medular del Estado venezolano contemporáneo radica en la inversión de su jerarquía constitucional: la sumisión de la toga civil frente al mando de la bota militar. La doctrina republicana más elemental enseña que la autoridad militar es esencialmente obediente, no deliberante y estrictamente subordinada al poder civil legalmente constituido. Cuando esta premisa se quebranta, la ley deja de ser una garantía universal y pasa a ser un permiso condicionado al humor del cuartel.
En las regiones del país, esta distorsión tutelar se respira con un rigor silencioso pero asfixiante. Con frecuencia alarmante, el libre desenvolvimiento de la vida cívica, la actividad comercial privada y el pacífico intercambio de ideas quedan supeditados a la intromisión oficiosa de mandos castrenses. Basta una advertencia preventiva desprovista de cualquier asidero formal para que la deliberación ciudadana deba replegarse y los espacios privados de encuentro se clausuren ante el temor a represalias. Esta tutela de facto, donde la Fuerza Armada actúa como censor previo de la cotidianidad ciudadana, vulnera directamente las libertades fundamentales de reunión, comercio y pensamiento.
Una sentencia judicial o un precepto constitucional pierden todo sentido si el magistrado que los pronuncia carece de la fuerza institucional para imponer su imperio frente al comisario, al comandante de guarnición o a los órganos de inteligencia. El nuevo Tribunal Supremo de Justicia tiene la obligación histórica de romper esta asimetría, proscribir el gobierno de las llamadas telefónicas de advertencia y reinstaurar la supremacía incontestable de la judicatura civil sobre cualquier cuerpo armado. En una república digna de ese nombre, las armas custodian la ley; jamás la dictan ni la tutelan.
4. La misión social del nuevo tribunal: sanear el cuerpo o administrar el colapso
La encrucijada del próximo 11 de diciembre es definitoria. Si los nuevos magistrados asumen sus togas como custodios de un pacto de cohabitación partidista, la institución continuará marchando hacia la irrelevancia y el descrédito. El TSJ no necesita gestores burocráticos de la coyuntura política; demanda juristas con estatura republicana, respaldados por la densidad académica de nuestras universidades y por una trayectoria ética intachable en el foro judicial.
La misión social de este nuevo tribunal exige acometer de inmediato una profunda profilaxis institucional desarrollada de manera continua y sin dilaciones. En primer término, se impone una revisión extraordinaria de las causas penales viciadas, anulando juicios amañados donde se vulneró el derecho a la defensa privada y restituyendo de inmediato la libertad a quienes purgan condenas de facto por diferimientos crónicos o por el uso político del derecho sancionador.
En segundo lugar, el TSJ debe ejercer con rigor su potestad disciplinaria y penal sobre los órganos auxiliares de justicia, estableciendo la responsabilidad personal, penal y administrativa de aquellos custodios policiales y mandos militares que desobedezcan boletas de excarcelación, pues quien desacata a un juez quebranta el orden constitucional republicano.
En tercer término, el Poder Judicial debe articular con los entes correspondientes el desmantelamiento de las aduanas registrales y notariales que hoy encarna el Saren, eliminando los filtros discrecionales y los plazos muertos que asfixian la inversión extranjera y castigan el emprendimiento nacional.
Finalmente, constituye un imperativo ético y económico abrir vías procesales expeditas para la restitución patrimonial efectiva a los productores del campo, industriales y comerciantes a quienes se les arrebataron sus propiedades sin debido proceso, brindando garantías tangibles de seguridad jurídica y no repetición.
El país no puede seguir esperando. La transición hacia la reinstitucionalización no se consumará con la firma de un acuerdo comicial hacia 2027 si, en paralelo, los ciudadanos siguen indefensos en la comisaría, el comerciante sigue extorsionado en la notaría y el abogado sigue clamando justicia ante expedientes secuestrados. Cerrar las venas abiertas del sistema judicial es el único camino para que la paz no sea una tregua entre cúpulas, sino la consecuencia natural de una nación que recuperó su Estado de derecho.