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- Esta práctica es una de las más destructivas para el medio ambiente, especialmente en los bosques tropicales. Para Luis Betancourt Montenegro, director general del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (GRIAM), estas ocupaciones ilegales tienen consecuencias graves
La minería a cielo abierto es una actividad industrial que históricamente ha contribuido a la fragmentación de los ecosistemas y del medio ambiente. Su práctica, que se realiza en la mayoría de los casos de manera desmedida y sin ningún tipo de control, provoca una pérdida progresiva de especies tanto de la flora como de la fauna.
Cada 22 de julio, fecha en la que se conmemora el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, se transforma en un llamado a los gobiernos para frenar estas ocupaciones ilegales que hacen tanto daño a los suelos. El objetivo de esta efeméride es también visibilizar soluciones que combinen la restauración y conservación de los ecosistemas y el territorio.
¿Qué es la minería a cielo abierto?
Consiste en remover toda capa superficial del suelo para llegar a los minerales. Para lograrlo, se cavan grandes cráteres en extensión, lo que implica la eliminación de grandes hectáreas con vegetación nativa.
El Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto se estableció tras una iniciativa ciudadana impulsada en 2009 por activistas mexicanos y canadienses en defensa del Valle de San Luis Potosí y en contra de la destrucción del Cerro de San Pedro.
En Venezuela, las afectaciones de la minería ilegal a cielo abierto, como la subterránea, son muchas al sur del territorio nacional. Luis Betancourt Montenegro, director general del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (GRIAM), explicó para El Diario que la situación actual de la Amazonía venezolana es crítica debido a que considera que la explotación de los suelos ha crecido rápidamente debido a la opacidad y falta de políticas públicas en materia de protección ambiental en esta región.
De acuerdo con datos del GRIAM, quienes se dedican al trabajo de la minería ilegal en el país ya no son grupos de personas particulares que viven en zonas cercanas de la Amazonía venezolana. La organización ha documentado que aumentó el número de jóvenes y familias enteras que se trasladan desde cualquier parte del país a las minas de oro u otros minerales para intentar solventar sus necesidades económicas.
Asimismo, la organización no gubernamental (ONG) estima que también ha incrementado el número de actores ilegales provenientes de Brasil, Colombia y Venezuela, vinculados a esta actividad.
A partir de este panorama, Betancourt Montenegro refiere que a más de tres décadas del inicio de la masificación de la minería ilegal en Venezuela, hoy esta práctica está diseminada por los siete municipios del estado Amazonas y no se descarta en otras zonas del país con presencia de minerales.
“Esto nos indica que se trata de una actividad ilegal que va en constante aumento. En el caso del estado Amazonas, esta práctica se empezó a ejecutar de forma masiva a finales de la década de los ochenta del siglo pasado, cuyos actores eran grupos ilegales provenientes de Brasil (garimpeiros). En este caso, la minería se llevaba a cabo en el sector ‘Delgado Chalbaud’ del Alto Orinoco. Por eso hoy vemos la cantidad de daño y destrucción que se ha generado”, afirmó el director general de GRIAM.
En el caso del estado Amazonas, el parque nacional Yapacana representa el área protegida más devastada de todo el país. El informe de la organización SOS Orinoco de 2022 reveló que de las 32 mil hectáreas de este parque nacional, aproximadamente el 10 % de sus elementos biodiversos están comprometidos en términos de afectación ambiental.
Estatutos nacionales e internacionales son constantemente vulnerados
Luis Betancourt Montenegro destaca que la minería ilegal viola principalmente el capítulo sobre los derechos ambientales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A partir del artículo 127 de la carta fundamental, se establecen una serie de principios y normativas referente a un ambiente sano.
El investigador refiere que otra legislación nacional que se viola constantemente es la Ley Orgánica del Ambiente, cuyo instrumento legal menciona la base de la protección ambiental en nuestro país y el adecuado uso de cada ecosistema.
La Ley de Aguas también es violada, al igual que, dice Betancourt Montenegro, que la Ley de Parques Nacionales, así como la declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas.
En ese sentido, destacó que todos los acuerdos legales que protegen a los ecosistemas al sur del país son constantemente violados. Betancourt Montenegro señaló que la minería genera la modificación del terreno y pérdida de suelo. Además, advierte que en las áreas donde se realiza la minería a cielo abierto resulta difícil la recuperación de los ecosistemas.
“La problemática de la minería es que constantemente promueve la deforestación y la ocupación de los suelos. Otro factor que también sucede con mucha frecuencia es la degradación de las fuentes de agua y ríos, además del desplazamiento y desarraigo en los pueblos indígenas”, indicó el director general de la ONG.
Impacto en la vida de los pueblos indígenas
Investigaciones sociales realizadas por el GRIAM destacan que el principal impacto de la actividad minera ha incidido de manera negativa en materia de salud.
“Los campamentos mineros en Yapacana, son áreas de alta concentración de personas provenientes de distintos lugares de Venezuela, Colombia y Brasil. Esta concentración descontrolada desde el punto de vista sanitario, representa un foco de proliferación de enfermedades, cuyos principales afectados son los pueblos y comunidades indígenas que habitan la zona”, alertó Betancourt Montenegro.
El experto resalta que los pueblos indígenas en la amazonía venezolana están en estado de vulnerabilidad debido a que presentan condiciones sociales, sanitarias y culturales que los expone a contraer enfermedades traídas por foráneos, normalmente vinculados a la minería ilegal de oro y otros minerales.
Las zonas deforestadas y donde se generan pozos de agua representan condiciones idóneas para las especies de los mosquitos Anopheles darlingy y Anopheles marajoara, transmisores de la malaria. Actualmente, la región del estado Bolívar ya es foco de esta enfermedad a causa de la deforestación por minería.
Por otra parte, el mercurio, que es utilizado en la minería ilegal del parque nacional Yapacana, origina una serie de enfermedades a las personas que se exponen directa e indirectamente a este metal líquido altamente dañino y contaminante.
Otro de los impactos de la minería ilegal en la Amazonía venezolana, agregó el investigador, es la invasión de sus territorios y la violencia que se genera por el control de las zonas mineras. El GRIAM ha documentado situaciones de violencia que se han suscitado en el estado Amazonas, especialmente en torno al parque nacional Yapacana y otras zonas donde se practica la actividad ilegal, que ha generado el desplazamiento y migración de los pueblos indígenas, así como sus defensores.
En los resultados de una encuesta publicada en abril de 2023 por la organización Clima21, el 60 % de las organizaciones ambientales consideró que esta labor en Venezuela es una actividad de riesgo y el 26 % de los encuestados dijo que ha sufrido agresiones por su trabajo.
La organización de la sociedad civil Global Witness, que mide la violencia contra defensores ambientales a nivel global, indicó que entre 2013 y 2021 al menos 17 activistas fueron asesinados en Venezuela. De acuerdo con los datos, 14 de estas personas se oponían a la minería o actividades extractivas.
En términos de origen de los asesinados, 13 de los 17 eran indígenas. Detrás de estos crímenes, según Global Witness, fueron señalados presuntos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como mafias o el crimen organizado que opera en esta región.
Caso Virgilio Trujillo
En junio de 2022, el líder indígena uwottuja Virgilio Trujillo fue asesinado por su oposición a las pistas ilegales del narcotráfico y la minería ilegal en Autana, estado Amazonas. El hecho quedó impune.
Se trató de uno de los casos más emblemáticos sobre las violaciones y el peligro al que están expuestos quienes deciden alzar la voz por los derechos de las comunidades indígenas
Un acuerdo para frenar la minería ilegal
Organizaciones por los derechos humanos y de la sociedad civil han exigido que el Estado venezolano aplique medidas de derecho interno necesarias para el aseguramiento del cumplimiento de los estatutos de ley nacional en materia del ambiente. Las ONG también han exigido acceso y divulgación de información ambiental y promoción de la participación pública en esta problemática. Sin embargo, el régimen venezolano no ha respondido a ninguna de estas exigencias.
El investigador Luis Betancourt Montenegro considera que el Estado venezolano debe tener “voluntad política” para acabar con la minería ilegal en el sur del país. Hasta que esto no suceda, acota, no será posible frenar y contener los impactos ambientales que conlleva la intervención de los suelos.
A juicio de Betancourt Montenegro, el modelo extractivo de la actividad minera es un problema político, por lo que el debate debe centrarse en las alternativas a esta actividad integrando una perspectiva de derechos humanos desde el escenario condicionado a la protección y conservación de los ecosistemas. Hasta que esto no ocurra, dice el investigador, se seguirá perdiendo de manera acelerada la fauna y vegetación venezolana, como también se seguirán suscitando vulneraciones en contra de las comunidades indígenas que están expuestos al maltrato y la violencia.
