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- Activistas denunciaron que la jueza Marialba Villarreal aceptó los cargos presentados por la Fiscalía por ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica. Siguen detenidos el dueño del local donde se hizo la fiesta y dos empleados, quienes deben presentar fiadores
El Tribunal Quinto Municipal de Valencia, Carabobo, finalizó la noche del 26 de julio la audiencia contra 33 miembros del colectivo LGBTIQ+ detenidos el lunes en una fiesta sexual. La jueza Marialba Villareal dictó régimen de presentación a 30 de los imputados, mientras otros tres deberán presentar fiadores para ser liberados. Específicamente se trata del dueño del local donde ocurrió el allanamiento y dos empleados.
El Observatorio Venezolano de de Violencias LGBTIQ repudió la medida, pues la jueza aceptó todos los cargos presentados por la Fiscalía Quinta de Carabobo con competencia plena y la Fiscalía Nacional 28. Estos imputaron a los 33 hombres por los supuestos delitos de ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica.
Los 33 hombres fueron arrestados durante una redada el 24 de julio en un sauna, ubicado en la avenida Bolívar Norte de Valencia. De acuerdo con la versión oficial, allí se celebraría una fiesta en la que sus participantes practicarían sexo grupal. Sin embargo, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpieron en el lugar y se los llevaron a su comisaría en Los Guayos, además de incautar preservativos y presunta pornografía.
Defensores del colectivo LGBTIQ+ han denunciado el hecho como un atropello a sus derechos civiles y un acto de discriminación contra las personas homosexuales. Esto pues todos los asistentes a la fiesta eran mayores de edad y habían dado su consentimiento, además de ser una actividad privada en un recinto cerrado.
Protesta
El 25 de julio, los 33 detenidos fueron trasladados al Palacio de Justicia del estado Carabobo para su audiencia de presentación. Familiares y activistas acudieron al lugar para protestar. Cerca de la medianoche, la jueza difirió el juicio sin dar mayores detalles. Salvo ultraje al pudor, se desconocía cuáles serían los delitos imputados por la Fiscalía.
Al día siguiente, los manifestantes se reunieron nuevamente frente a los tribunales. Reclamaron que el allanamiento se realizó luego de que la policía recibiera una llamada anónima, y recordó que no existe ningún artículo en el Código Penal Venezolano que prohíba el sexo grupal entre adultos con consentimiento. De igual forma, familiares denunciaron extorsiones por parte de los funcionarios que custodiaban a los imputados.
En paralelo, otro grupos de activistas se presentó en la sede de la Defensoría del Pueblo, en Caracas. Entregaron un documento en el que solicitaban una investigación de los funcionarios involucrados ante lo que consideraron como un acto de violencia y criminalización del colectivo por parte del Estado venezolano.
Escarnio público
Luego de su arresto, la PNB publicó una minuta en la que no solo detalló los nombres y datos de los hombres detenidos, sino también sus fotos. También circuló una imagen en redes sociales en la que se ven el momento del traslado. Los detenidos eran llevados por la calle en la parte de atrás de camionetas pick-up, al descubierto y esposados.
Diferentes organizaciones señalaron que estos actos, además de estigmatizar a los involucrados, los sometió al escarnio público, violando sus derechos. Igualmente se cuestionó el rol de varios medios de comunicación que replicaron la información de la minuta con las indentidades de los hombres, revictimizándolos.
“Tiene que haber consecuencias, sanciones para los funcionarios. Ellos estaban en un sitio privado. Cada quien es libre de ejercer su sexualidad, su condición sexual y esta fue violentada. Quizás muchos de sus familiares no sabían su orientación sexual y fueron sometidas al escarnio público. Es un ataque a la comunidad LGBTIQ+”, declaró al respecto Eduardo Franco, secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva.
