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- Los manifestantes advirtieron que la detención de los 33 personas del colectivo LGBTIQ+ de Valencia puede sentar un precedente para perseguir a las personas por prejuicios contra su orientación sexual | Foto: EFE
Decenas de activistas, miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) y ciudadanos protestaron el viernes 28 de julio frente a la sede de la Fiscalía, en Caracas.
Los manifestantes se pronunciaron contra “una política de persecución por parte del Estado” contra la población LGBTIQ+ tras la detención de 33 personas de este colectivo durante un procedimiento policial en un local privado el lunes 24 de julio.
“Estamos denunciando el agravamiento y el escalamiento de una política de persecución por parte del Estado venezolano. Sabemos que no es solo persecución contra las personas LGBTIQ+, sino contra las libertades de toda la población”, declaró a los medios el coordinador del Observatorio de Violencia LGBTIQ+, Yendri Velásquez.
Velásquez recordó que a las 33 personas detenidas en el estado Carabobo les imputaron los delitos de “ultraje al pudor”, “agavillamiento” y “contaminación sónica”. Las autoridades excarcelaron a 30 de ellos el miércoles 26 de julio bajo “régimen de presentación”, Luego liberaron a tres de los restantes horas después, tras presentar fiadores solicitados.
Consideran que la detención que sienta un precedente contra la comunidad LGBTIQ+
Los activistas consignaron un documento ante el Ministerio Público, en el que aseguran que la detención de estas 33 personas genera incertidumbre, al “sentar un precedente que puede dar pie a nuevos procesos de criminalización por prejuicios basados en orientación sexual”.
En el escrito, pidieron a la Fiscalía la anulación de la causa judicial contra estas 33 personas, así como el inicio de acciones penales y administrativas para determinar responsabilidades de quienes actuaron en esta detención “irregular”.
Por su parte, la activista y abogada Richelle Briceño insistió en que tanto en la detención, como en la actuación de fiscales y la jueza en el caso, hubo “homofobia de Estado”.
“Los hechos no se circunscriben a ningún tipo penal que se encuentre en el Código Penal venezolano”, aseveró Briceño.
Activistas denunciaron que sometieron a los detenidos al escarnio público
Además de someter a los 33 miembros de la comunidad LGBTIQ+ a una “detención ilegal”, Briceño también denunció que los sometieron al “escarnio público” por parte de medios de comunicación que “se sirvieron para humillar públicamente a esas personas”, al publicar sus fotografías e identidades.
“Lo que ocurrió este fin de semana en Valencia tiene un impacto social inmenso en el ideal colectivo de la ciudadanía venezolana. Se le dijo al país y a los ciudadanos que a usted lo pueden meter preso y procesar por ejercer el derecho a la libertad sexual, que es un derecho humano”, afirmó.
Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) exhortó a los comunicadores a revisar el Código de Ética ante la cobertura de esta noticia. Además, recordó el reglamento consideró mala praxis profesional el sensacionalismo, el trato indigno, la violación del derecho al honor, entre otros.
“Para el CNP replicar informaciones estigmatizantes y que denigran a los implicados también es una violación de los DDHH. Un periodista ético evita emitir opinión ni prejuzgar los hechos que reporta”, precisó el organismo en su cuenta de Twitter el 27 de julio.
Asimismo, reiteró que el marco legal vigente obliga a los comunicadores a presumir la inocencia y a resguardar la identidad de cualquier persona acusada de actos ilegales. En el caso de Valencia, instó a revisar si hubo o no algún incumplimiento de la ley.
Con información de EFE
