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- Además de la OEA, también se han pronunciado sobre este caso la Embajada de Canadá y el secretario LGBTIQ+ del PSOE | Foto: Razón Pública
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por las acciones arbitrarias y los abusos de autoridad cometidos en la detención de los 33 hombres LGBTIQ+ en Valencia, estado Carabobo.
“La CIDH recuerda que la criminalización de las relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo, ya sea a través de leyes o por acciones de los órganos de seguridad y justicia, es contraria a los estándares interamericanos y universales de derechos humanos”, precisó en un comunicado de prensa publicado el 7 de agosto.
Asimismo, el organismo instó al Estado venezolano a respetar los derechos humanos y a cesar en la criminalización de las personas LGBTIQ+.
“Se hace un llamado al Estado para garantizar el principio de legalidad, asegurando la libertad de las personas en casos donde no se configure imputabilidad o delito. Finalmente, se insta a las autoridades a abstenerse de exponer públicamente a las personas imputadas”, añadió.
El pasado 3 de agosto, el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ informó que excarcelaron a tres de los 33 hombres detenidos.
“10 días después, finalmente podemos decir que los 33 están libres. Desde este espacio seguimos exigiendo libertad plena para todos y justicia para los 33”, anunció la organización en su cuenta de Twitter.
Otras condenas internacionales
La CIDH, un órgano perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), no es el único actor internacional que se ha pronunciado sobre el caso de los 33 hombres LGBTIQ+ detenidos.
Víctor Gutiérrez, secretario LGBTIQ+ del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), exigió que se hiciera justicia en este caso.
“Lo que ha ocurrido en Venezuela es una violación de los derechos fundamentales inadmisible”, escribió en su cuenta de Twitter el 30 de julio.
Lo que ha ocurrido en Venezuela es una violación de los derechos fundamentales. INADMISIBLE
— Víctor Gutiérrez (@victorg91) July 30, 2023
La policía irrumpió sin orden judicial en una sauna y arrestó a 33 hombres homosexuales. Permanecieron 3 días en condiciones infrahumanas, incomunicados, sin acceso a alimentos ni… https://t.co/OJO8quBz2v
La Embajada de Canadá en Venezuela condenó también en la red social lo ocurrido con los 33 detenidos.
“Nadie debe vivir con miedo a la discriminación o la violencia por ser quien es, o amar a quien ama. Canadá defiende los derechos de las personas LGBTIQ+ y condena la reciente detención arbitraria de 33 personas LGBTIQ”, añadió.
Nadie debe vivir con miedo a la discriminación o la violencia por ser quien es, o amar a quien ama. Canadá defiende los derechos de las personas LGBTQ2+ y condena la reciente detención arbitraria de 33 personas #LGBTIQ
— Canadá en Venezuela (@EmbCanVenezuela) July 28, 2023
Activistas LGBTIQ+ denunciaron atropello contra los derechos civiles
La Fiscalía Quinta de Carabobo con competencia plena y la Fiscalía Nacional 28 imputaron a los detenidos por los supuestos delitos de ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica. El Tribunal Quinto Municipal de Valencia aceptó todos los cargos presentados en la audiencia del 26 de julio.
Los activistas del colectivo LGBTIQ+ han denunciado el hecho como un atropello a sus derechos civiles y un acto de discriminación contra las personas homosexuales. Esto pues todos los asistentes a la fiesta eran mayores de edad y habían dado su consentimiento, además de ser una actividad privada en un recinto cerrado.
El ultraje al pudor está establecido en el artículo 381 del Código Penal y hace referencia a actos obscenos que ofenden el pudor público. Joel García, abogado y especialista en Derecho Penal, aseguró previamente para El Diario que la única forma de ofender el pudor de la colectividad es que los observaran públicamente.
“Estas personas se encontraban en un local privado. Si no se veían, ni se podía observar, no estamos ante la presencia de este delito. Son casos similares cuando hablamos de clubes nocturnos, si esto no está visible al público, no existe ningún problema legal”, acotó.
El agavillamiento requiere, como mínimo, que las personas tengan la intención de cometer un delito.
“El delito tiene que ver cuando un grupo de personas tienen la disposición de unirse para cometer un acto ilegal. La pregunta aquí sería cuál es el delito que cometieron”, sostuvo Alfredo M. Félix, abogado especialista en derechos humanos de la Organización Defiende Venezuela, también consultado por El Diario.
En cuanto a la contaminación sónica, la ley no sanciona a particulares, sino a fuentes generadoras de ruido fijas o móviles.
