• Tarek William Saab, fiscal general del régimen, adelantó que no descarta abrir una investigación a los funcionarios policiales que trabajaron en la detención del grupo de hombres, debido a las decenas de denuncias sobre abusos, burlas y malos tratos | Foto principal: EFE

La Justicia de Venezuela ha sobreseído la causa de 30 de los 33 hombres que fueron detenidos en julio en un local LGBTI en Valencia, estado Carabobo, acusados de “ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica”, y excarcelados días después bajo “régimen de presentación”, aseguró este miércoles el Observatorio de Violencia LGBTIQ+.

“Finalmente, los 30 tienen su boleta de sobreseimiento. Eso ha sido gracias a la presión que se ha ejercido”, dijo Yendri Velásquez, miembro del observatorio, en su cuenta de Twitter.

El activista señaló que “aún faltan tres (personas) por lograr la libertad plena”, identificados como el dueño y empleados del local, a quienes se les investiga, según la Fiscalía General, por “tener un lugar sin condiciones para ser, comercialmente hablando, un spa en una zona residencial y en los términos de insalubridad”.

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Asimismo, Velásquez exigió la apertura de “investigaciones a funcionarios” que tuvieron participación en este proceso.

En este sentido, el observatorio pidió a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía) garantizar “los derechos de todos”.

A principios de agosto, Saab detalló que no descartaba abrir una averiguación sobre la forma de proceder de los agentes y funcionarios que se encargaron del arresto y la custodia posterior, tras diversas denuncias de abusos, burla y malos tratos a los detenidos.

No descartamos que pueda abrirse una averiguación, en base a lo que está en curso aún, para determinar todas las responsabilidades a las que haya lugar como siempre lo hace el Ministerio Público”, afirmó Tarek William Saab en una rueda de prensa el 3 de agosto.

Tres de estos hombres, identificados como el dueño del local y dos de sus trabajadores, fueron liberados bajo régimen de presentación el miércoles 2 de agosto, una semana después de que excarcelaran, bajo la misma condición de presentarse mensualmente ante el tribunal, a los otros 30.

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Yendri Velásquez negó a la agencias de noticias EFE que existan pruebas y argumentos que justifiquen la continuación de este proceso judicial, por lo que espera que los “prejuicios homofóbicos” y “discriminatorios no sean más fuertes que el compromiso con la justicia”.

Foto: Archivo

Sobre el procedimiento

La jueza Marialba Villareal, del Tribunal Quinto Municipal de Valencia (Carabobo), dictó el 26 de julio una medida de presentación contra los 30 imputados. Sin embargo, el dueño y los otros dos empleados debían presentar fiadores para poder ser liberados.

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Los 30 miembros de la comunidad LGBTIQ+, el dueño y dos trabajadores fueron detenidos el 24 de julio cuando se encontraban en un sauna ubicado en la avenida Bolívar Norte de Valencia en una presunta fiesta sexual.

De acuerdo con la información, la redada ocurrió en medio de una celebración privada. Sin embargo, un equipo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpió en el lugar y los trasladaron a la comisaría del ente policial en Los Guayos. Durante el operativo, la PNB incautó preservativos y presunto material pornográfico.

Al día siguiente, los 33 detenidos fueron presentados en el Palacio de Justicia de Carabobo para su audiencia de presentación. Se conoció que fueron imputados por los delitos de ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica.

Excarcelaron a los 33 hombres de la comunidad LGBTIQ+ que permanecían detenidos en Valencia
Foto: EFE

Familiares y allegados exigieron la liberación inmediata

Un grupo de familiares y allegados al grupo de los 33 miembros de la comunidad, el dueño del spa y sus dos empleados protestaron frente a la sede de esta organización para exigir su liberación inmediata.

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El día 26 de julio, los manifestantes se concentraron por segundo día consecutivo para reclamar que el allanamiento se había realizado luego de que la PNB recibiera una llamada de forma anónima. Además, insistieron en que en el Código Penal venezolano no existen artículos que condenen que un grupo de personas planee un encuentro sexual con consentimiento.

El mismo día en Caracas, un grupo de activistas LGBTIQ+ protestó frente a la sede de la Defensoría del Pueblo para entregar un documento en el que se solicitó una investigación por presuntos actos de violencia por parte de los funcionarios hacia los detenidos.

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