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- El Centro para los Defensores y la Justicia documentó 12 casos de estigmatización, cinco de intimidación y hostigamiento y tres amenazas.
Al menos 20 defensores de derechos humanos de Venezuela sufrieron agresiones en julio, cuando se mantuvo la “estigmatización” como la principal forma de ataque contra activistas, según un informe presentado este jueves 24 de agosto por la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
Se trata de “20 ataques e incidentes de seguridad” que “reflejan la sistematicidad de los patrones de agresión que conforman la política de criminalización”, dice la organización no gubernamental, que documentó 12 casos de estigmatización, cinco de intimidación y hostigamiento y tres amenazas.
“Las campañas de estigmatización no cesan mientras que los actos de intimidación, el hostigamiento y las amenazas se mantienen presentes para atacar el trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos”, subraya el informe.
Los detalles
Sobre las víctimas, la ONG explicó que 11 organizaciones que realizan labores humanitarias y nueve personas dedicadas a la defensa y promoción de derechos humanos fueron objeto de estos ataques.
En cuanto a los responsables, el CDJ señaló principalmente a “actores afines al gobierno (régimen)”, seguidos por medios del Estado, funcionarios e instituciones públicas.
Cifras preocupantes
En el primer semestre, el CDJ registró 309 incidentes de seguridad, lo que representa un incremento del 44 % en comparación con el mismo período de 2022, según sus datos.
La ONG ha alertado sobre el “aumento de la persecución, represión y judicialización de líderes sindicales por su exigencia y acciones en el marco de la reivindicación de derechos”.
“Se acentuaron las medidas fácticas y legales para criminalizar, limitar y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción de derechos, bajo la lógica del enemigo interno, aumentando los niveles de riesgo para las personas y organizaciones defensoras”, aseguró la ONG en ese entonces.
Del total de esos casos, 191 fueron de estigmatización, 70 de intimidación y hostigamiento, 35 amenazas, 4 detenciones arbitrarias, 3 ataques digitales, 2 hechos de judicialización y 4 cuyo tipo no fue especificado en el informe.
El CDJ mencionó que 89 % de las víctimas fueron organizaciones de derechos humanos y 11 % personas que trabajan en la defensa de estas garantías.
Los principales victimarios, prosiguió, fueron funcionarios públicos (42 %), medios de comunicación gubernamentales (25 %), personas o grupos afectos al régimen de Nicolás Maduro (18 %), instituciones públicas (11 %) y organismos de seguridad (4 %).
Con información de EFE.
