• La organización instó a la Asamblea Nacional electa en 2020 a detener la aprobación de esta ley que busca fiscalizar y restringir a las organizaciones no gubernamentales en el país

Amnistía Internacional (AI) emitió una alerta por el “grave riesgo para las organizaciones no gubernamentales (ONG) de Venezuela”, ante la posible aprobación de un proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de estas asociaciones y cuya discusión fue retomada por la Asamblea Nacional (AN) electa el 2020 el 9 de enero, el 9 de enero.

“La Asamblea Nacional, de contundente mayoría oficialista, retomó el tratamiento de un proyecto de ley que busca restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela”, señaló AI en su cuenta en X el 19 de enero.

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La organización agregó que de aprobarse todas las ONG tendrán que cumplir con la imposición de medidas a las que consideran abusivas o enfrentar un proceso penal. 

AI indicó que estas imposiciones violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y sus personas beneficiarias en “grave riesgo de criminalización y represalias” por parte del Estado.

El ente además compartió una carta enviada al presidente de la AN, Jorge Rodríguez, en la que manifiesta su preocupación ante el reimpulso a este proyecto, preaprobado en enero de 2023, pero aún en espera de una discusión pormenorizada para su aceptación definitiva, que tendrá lugar luego de una consulta pública.

Por estas razones, AI urgió a la AN a poner fin a este proyecto de ley, así como a todos los ataques en contra de la sociedad civil en Venezuela.

EFE

Otras reacciones al proyecto de ley

El proyecto inicial de esta ley, compartido por algunos legisladores en 2023, estipula multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

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Esta propuesta fue rechazada por decenas de ONG y por la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

A finales de enero de 2023, en su declaración final tras una visita oficial a Venezuela, el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh), Volker Türk, pidió al régimen de Nicolás Maduro que estableciera un amplio proceso consultivo sobre este proyecto de Ley del Financiamiento y Funcionamiento de las Organizaciones no Gubernamentales.

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“Con la aprobación definitiva de este instrumento se despojaría a la sociedad venezolana de sus capacidades y libertades para asistirse, organizarse, expresarse, defender sus derechos, participar en asuntos públicos y acudir a la solidaridad, protección y cooperación internacional”, advirtieron unas 400 ONG en un comunicado conjunto en febrero de 2023.

El 10 de enero de 2024, Fundaredes expresó en su cuenta de X (antes Twitter) que este proyecto viola el derecho humano a la libertad de asociación a través de sanciones sujetas a requisitos y sin criterios definidos de evaluación.

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Foto: Provea

En la misma red social, la organización Encuentro, Justicia y Perdón recordó que la aprobación de esta norma, que dejaría a las ONG en una situación de inseguridad jurídica indefinida.

Otras organizaciones que se pronunciaron fueron Acceso a la Justicia y el Observatorio de Violencias LGBTIQ+, las cuales insistieron, también en X, sobre que la norma va en contra de estándares internacionales y es desconocida para la ciudadanía.

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Ley “muy severa”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró el 17 de enero que la ley que prepara el Parlamento para fiscalizar la actuación y financiamiento de las ONG será “muy severa”.

El político afirmó que la mayoría de las organizaciones no gubernamentales del país “está conspirando”, por lo que, una vez aprobada y promulgada la ley, estas tendrán que registrarse y rendir cuentas.

Cabello además se dirigió a la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), para que se prepare a explicar de dónde proviene su financiamiento. 

Con información de EFE.

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