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- Juan Luis González, defensa de la directora de Control Ciudadano, aseguró que a la activista se le han violado sus derechos constitucionales | Foto principal: Getty
El abogado Juan Luis González, defensa de la directora de la organización no gubernamental (ONG) Control Ciudadano, Rocío San Miguel, informó el lunes 12 de febrero que introdujo el recurso habeas corpus tras cumplir 72 horas detenida y desaparecida.
La defensa de la activista confirmó que continúan sin conocer el paradero de San Miguel, quien fue detenida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, la madrugada del 9 de febrero de 2024.
“Estamos sumamente preocupados porque Rocío San Miguel no ha sido presentada ante los tribunales de manera oficial y en los centros de reclusión que hemos visitado nos niegan que ella se encuentre detenida ahí, por lo que lo reconocemos como una desaparición forzada”, afirmó el abogado en declaraciones a la prensa.
#12Feb ¡DESCONOCEN SU PARADERO! 🚨🗣️
— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) February 12, 2024
Juan Luis González, abogado de Rocío San Miguel confirma que aún desconocen el paradero de la defensora de DD.HH.
Informa que les recibieron un Habeas Corpus por haberse cumplido ya más de 72 horas de su detención y no haber sido presentada… pic.twitter.com/yILjn7HPzr
Asimismo, el abogado de San Miguel criticó que Tarek William Saab, fiscal general de la República, haya hecho la confirmación de la detención de su representada a través de su cuenta personal en X (antes Twitter), en la que además no ofreció detalles sobre el órgano policial que la detuvo, el fiscal designado para la investigación ni el lugar de reclusión.
Juan Luis González agregó que, durante la detención de San Miguel, la abogada se encontraba junto a su hija, Miranda Díaz San Miguel, quien fue la responsable de informar sobre la desaparición de la activista.
“Ella se encontraba haciendo vida normal, hasta que la detienen en el aeropuerto. Su hija es quien nos informa y la comunicación con ella se perdió cuando dice que hay presencia de funcionarios aparentemente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)”, agregó.
Denunciaron violación a la Constitución
González hizo referencia al artículo 44.1 de la Constitución, el cual señala que ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial a menos que sea sorprendida in fraganti.
“En este caso (in fraganti), será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”, dicta el artículo 44.1 de la Constitución.
A juicio de abogado, la Fiscalía está informada del paradero de San Miguel, por lo que denunció que sí pudo ser presentada de manera oculta ante las autoridades, por lo que asumió que se le han violado sus derechos constitucionales.
Por su parte, Theresly Malavé, otra de las abogadas defensoras de San Miguel, informó que solo conocen que la activista fue detenida por estar presuntamente vinculada con la operación Brazalete Blanco, tal y como lo informó Saab en sus redes sociales.
Operación Brazalete Blanco
Este plan de acción tuvo como supuesto propósito asesinar a varios líderes políticos de la Administración de Nicolás Maduro, según confirmó el fiscal general en enero de 2024.
Saab indicó que la operación Brazalete Blanco estaba programada para atacar la 21º Brigada de Infantería del Ejército y hacerse con las armas del cuerpo castrense con la finalidad de arremeter contra la vida de Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, para posteriormente atacar a Nicolás Maduro.
Por este supuesto plan, fueron detenidos Tomás Martínes Macías; Carlos Jesús Sánchez Vásquez; Guillermo Enrique César Siero; Diana Desiree Victoria Justo; Tomás Martínez Chico; y Guillermo Henry César Siero. Además de Juan Freitez, y Luis Camacaro, coordinador de Vente Venezuela, partido liderado por María Corina Machado.
Amnistía Internacional exigió la libertad de San Miguel
La ONG Amnistía Internacional exigió el 11 de febrero la liberación de la activista por los derechos humanos Rocía San Miguel.
Asimismo, la organización exhortó a la Administración de Maduro a que se cumpla la medida cautelar otorgada a San Miguel en enero de 2012 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“AI se une a los llamados para el respeto a sus derechos, a la medida cautelar de protección dictada a su favor por la CIDH, así como acceso a abogados y familiares”, se lee en el comunicado que publicó la ONG en cuenta de X.
