Email
- La investigación detalló que a las víctimas les retenían sus documentos de viaje | Foto: Pixabay
Siete personas, entre ellas una funcionaria del Ministerio de Defensa, fueron imputadas por la Justicia de Uruguay luego de que las autoridades policiales del departamento de Artigas (norte) desmantelaran una red en la que eran explotadas 28 personas de nacionalidad venezolana.
Según reportes de la prensa local, se trata de una organización que a través de WhatsApp les ofrecía trabajo a los ciudadanos en el que eran obligados a cumplir más horas de lo establecido por ley, así como las condiciones precarias de vivienda en el mismo lugar de trabajo.
Además, a las víctimas, a quienes les ofrecían grandes cantidades de dinero como retribución por su trabajo, solo recibían 150 dólares mensuales y les retenían sus documentos de viaje.
Medidas cautelares
La fiscal Sabrina Massafierro logró que las siete personas, entre las que también figura una psicóloga venezolana, tuvieran medidas cautelares de arresto domiciliario con el uso de dispositivo electrónico por 120 días.
Además, otra de las medidas fue fijar domicilio, no salir del país y entregar los documentos de viaje y la prohibición de acercamiento por un radio de 500 metros o comunicación con las víctimas.
Por otra parte, Javier García, ministro de Defensa de Uruguay, señaló a través de la red social X que la funcionaria implicada en este caso no ocupa un cargo de confianza dentro de la cartera.
“Caso de Artigas de trata de personas: la funcionaria involucrada es una funcionaria de carrera de más de 30 años de antigüedad en el Ministerio de Defensa presupuestada. No es asesora personal ni cargo de confianza. Ocupa el cargo de jefa interina de sección notarial, cargo que ejercía.”, indicó.
Trata de personas
Una investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que el delito de trata de personas es un negocio que ha dejado ganancias ascienden a unos 32 millardos de dólares anuales.
Crisis migratoria aumentó el delito de trata de personas en el exterior
En los últimos años, organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales como Transparencia Venezuela y otros internacionales como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) han alertado sobre el aumento del delito de trata de personas, en su mayoría migrantes venezolanas que son captadas por organizaciones criminales.
Según la definición de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata de personas es “el traslado de seres humanos de un lugar a otro en las fronteras de un mismo país o hacia el exterior con fines de explotación, en su mayoría sexual, laboral o mendicidad”.
Transparencia Venezuela ha advertido que el proceso migratorio venezolano se ha convertido en un negocio para organizaciones criminales en zonas fronterizas.
“El caso venezolano es aún más grave, dada la emergencia humanitaria compleja y la crisis generalizada que han generado el mayor desplazamiento humano de la región”, detalló la ONG en su sitio web oficial.
