• La normativa establece una contribución de carácter especial y tributario a todas las empresas que hagan vida económica en el país 

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso el 2 de mayo un proyecto de Ley de Protección Especial de Pensiones, la cual se aprobó en primera discusión en la Asamblea Nacional y espera por una segunda discusión que se realizará el martes 7 de mayo.

La propuesta tendría un efecto financiero importante en la empresa privada, debido a que uno de los mecanismo de “protección de las pensiones” es que las empresas destinen un pago al Estado de 15 % de su nómina integral, es decir, de los salarios más los bonos. 

El proyecto de ley contiene 13 artículos y el segundo establece que esta contribución será de carácter tributario y especial. Esto significa que el Estado tendrá un ingreso adicional para el fondo de pensiones. 

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El cálculo de la contribución debe tener como base el pago de nómina del empleador privado. Además, esa base no puede ser inferior al reciente aumento de ingreso mínimo integral, es decir un equivalente en bolívares a 130 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

En el artículo 7 se aclara que el porcentaje de la contribución será  ajustado anualmente por el presidente de la República. Asimismo, indica que también se puede modificar de acuerdo con el tipo de actividad económica que realice la empresa o el trabajador. 

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EFE/ Rayner Peña R

La propuesta establece que esta contribución será aplicable a todas las personas jurídicas de carácter privado que hagan vida económica en el país, incluso si su domicilio fiscal no está en territorio venezolano.

El artículo 8 del proyecto prevé que se podrán hacer algunas exoneraciones totales o parciales mediante un decreto presidencial a empresas que entren en categorías como sujetos pasivos especiales, sectores estratégicos, sectores para la inversión extranjera o para el desarrollo nacional. 

¿Cómo influiría esta ley en las empresas privadas?

El sector privado ha criticado anteriormente las políticas tributarias actuales del Estado venezolano, debido a que los compromisos impositivos son considerados como altos y dejan un bajo margen de ganancia para las empresas. 

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Agregar el 15 % de la nómina integral a estos compromisos hace de la carga tributaria aún mayor. Además, no está previsto que deje de hacer el pago de cotización del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) al momento de implementarse esta contribución.

El presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), Juan Korody, dijo en una entrevista a Circuito Éxitos que este nuevo compromiso podría inhibir a las empresas de realizar nuevas contrataciones o de aumentar los salarios de los trabajadores que ya tienen un sus nóminas. 

Korody también cuestionó que las empresas del Estado podrían estar exoneradas de estos pagos y calificó de preocupante que el porcentaje de la contribución sea fijado por el Ejecutivo nacional. 

Luis Oliveros, economista y decano de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Metropolitana, señaló en una entrevista para el circuito Unión Radio que si el Estado piensa imponer dicha carga en la empresa privada también debería dejar que ese sector administre el fondo nacional de pensiones. 

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“Las pensiones dignas deben ser de mucho más, el tema es que los recursos no deben salir de allí (…) Aquí es necesaria una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y yo creo que hasta crear un fondo de pensiones realmente manejado por el sector privado que funcione mucho mejor de cómo lo ha manejado el Seguro Social, porque este no es un problema nuevo”, acotó Oliveros. 

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