Email
- Los manifestantes buscan visibilizar su precaria situación ante los bajos ingresos que perciben
El coordinador del Movimiento del Frente Amplio en Defensa de los Jubilados y Pensionados, Luis Cano, informó que el 29 de mayo se dirigirán en una marcha hacia la Defensoría del Pueblo para exigir el cumplimiento de las leyes que protegen sus derechos.
“Queremos seguir visibilizando la situación de más de 5 millones de venezolanos que son pensionados y jubilados. Tenemos casi 800 días sin aumento en los ingresos, por eso seguimos reclamando y exigiendo al Estado que cumpla con nosotros”, expresó el coordinador en entrevista para Unión Radio el 8 de mayo.
Cano agregó que el movimiento tiene dudas sobre la Ley de Pensiones recientemente promulgada, debido a que ya tienen una ley que establece la garantía de sus derechos pero no se ha cumplido, así como el artículo 80 de la Constitución de la República que también incluye la protección para los adultos mayores del país.
“Tenemos una ley de pensionados y jubilados y artículos en la Constitución que nos ampara y hasta el sol de hoy todo eso es letra muerta, porque no se cumple nada de lo establecido. No entendemos por qué ahora le trasladan a la empresa privada la responsabilidad de las pensiones, ¿qué pasó con el Seguro Social?”, señaló el gremialista.
¿Qué dice el artículo 80 de la Constitución?
“El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello”.
Pedirán ante la Defensoría del Pueblo la garantía de sus derechos
El coordinador del Movimiento del Frente Amplio en Defensa de los Jubilados y Pensionados agregó que el problema no es lo que dice la Ley sino que el Estado se encargue de cumplirla.
“No vamos a abandonar la calle, vamos a ir de nuevo a la Defensoría del Pueblo a pedirle al defensor que entienda que es el protector de todos los venezolanos, le pediremos que nos acompañe y apoye en esta lucha. Queremos respuestas inmediatas”, indicó Cano.
También pedirán garantías sobre el derecho a la salud, que el Seguro Social funcione como debería y entregue medicinas, y que puedan ir a un hospital o a un centro de salud donde los atiendan debido a que la mayoría sufre de enfermedades crónicas no atendidas.
“No se pueden crear más y más impuestos sin cumplir con las leyes que ya existen”, concluyó Cano.
Ley de Pensiones promulgada por la Asamblea Nacional
La Ley de Protección de Pensiones, promulgada el 8 de mayo por la Asamblea Nacional, contiene 13 artículos y el segundo establece una contribución especial para los empresarios que será de carácter tributario y especial. Esto significa que el Estado tendrá un ingreso adicional para el fondo de pensiones.
El cálculo de la contribución debe tener como base el pago de nómina del empleador privado. Además, esa base no puede ser inferior al reciente aumento de ingreso mínimo integral, es decir, un equivalente en bolívares a 130 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
En el artículo 7 se aclara que el porcentaje de la contribución será ajustado anualmente por el presidente de la República. Asimismo, indica que también se puede modificar de acuerdo con el tipo de actividad económica que realice la empresa o el trabajador.
La ley establece que esta contribución será aplicable a todas las personas jurídicas de carácter privado que hagan vida económica en el país, incluso si su domicilio fiscal no está en territorio venezolano.
Sin embargo, el artículo 8 de la ley prevé que se podrán hacer algunas exoneraciones totales o parciales mediante un decreto presidencial a empresas que entren en categorías como sujetos pasivos especiales, sectores estratégicos, sectores para la inversión extranjera o para el desarrollo nacional.
