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  • De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones, la protesta se expandirá a todos los recintos penitenciarios y calabozos policiales del país

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que la población penitenciaria recluida en varias cárceles de Venezuela inició una huelga de hambre el 9 de junio para exigir medidas humanitarias, traslados a penales de origen y el fin del retardo procesal.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la organización no gubernamental (ONG) publicó varios videos donde se ven decenas de presos, hombres y mujeres, cantando el himno nacional de Venezuela dentro de los centros de reclusión.

“Presos de todo el territorio nacional anunciaron que se unirán en una huelga de hambre pacífica para exigir la actualización oportuna de sus cómputos (penas), otorgamiento de medidas humanitarias, traslados a los penales de origen, entre otras peticiones”, señaló la OVP.

Las imágenes de la protesta son del Centro Penitenciario de Coro, en el estado Falcón y del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), la principal cárcel de mujeres del país en Caracas. No obstante, señalaron que los presos aseguraron que la huelga de hambre se extenderá a todas las cárceles y calabozos policiales del país. 

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Observatorio Venezolano de Prisiones alertó sobre un brote de tuberculosis en el INOF
Foto: OVP

“Los privados de libertad en Venezuela, víctimas del retardo procesal y la desidia penitenciaria, se sienten engañados por los planes de abordaje impulsados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios que no les han aportado ninguna solución a su situación jurídica”, agregó la ONG en uno de los videos compartidos.

Hasta el momento, no hay respuesta ni información adicional por parte de las autoridades venezolanas.

Problemas del sistema penitenciario venezolano

Humberto Prado, director del OVP, alertó el 5 de junio que el Estado no ha logrado solventar el problema de las cárceles venezolanas. Adicionalmente, señaló que Caracas se quedó sin centros penitenciarios.

“Todos los presos de Caracas van hacia otros estados. Se viola la Constitución porque nadie puede ser juzgado fuera de la jurisdicción donde se cometió el delito”, advirtió en entrevista para Radio Fe y Alegría.

Prado resaltó que las autoridades cerraron en Caracas los retenes de Catia (1997) y La Planta (2012), y el penal de El Junquito (2007), cuando hay 10 cortes de apelaciones, 52 tribunales de control, 30 tribunales y 17 de apelación en la capital.

OVP denunció que el gobierno no ha solventado los problemas del sistema penitenciario venezolano
Foto: @CelsaBautistaO | Twitter

A su juicio, esta situación genera un mayor retraso procesal para los privados de libertad debido a que las autoridades no trasladarán a los presos de los centros penitenciarios del interior a los tribunales de Caracas para sus juicios.

En el caso del INOF, la ONG reveló el 22 de mayo que esta cárcel está diseñada para albergar a 350 presas y actualmente tiene 650, lo que consideraron como un hacinamiento crítico de 185,71 %.

El OVP señaló que en Venezuela existen 52 centros carcelarios, 16 cuentan con anexos femeninos y solo el INOF es exclusivo para mujeres.

El OVP indicó que las mujeres privadas de libertad no reciben porciones adecuadas ni alimentos saludables en su dieta, así como tampoco reciben atención médica especializada, entre otros problemas que viven a diario las reclusas.

Observatorio Venezolano de Prisiones: El INOF presenta un hacinamiento crítico
Foto: Una Ventana a la Libertad

Planes del gobierno para corregir el retardo procesal

A mediados de mayo, varias autoridades ligadas al sistema de justicia acordaron una hoja de ruta para corregir el retardo procesal en las cárceles del país.

A través de X, el Ministerio de Interior y Justicia informó el 17 de mayo sobre una reunión en la que representantes de ese despacho, así como de la Fiscalía, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Defensoría Pública y de la cartera de Asuntos Penitenciarios se comprometieron a tomar acciones, sin precisar cuáles, que permitan avanzar en la garantía de la celeridad procesal.

El fiscal general, Tarek William Saab, resaltó que con estas medidas buscan la consolidación de un sistema de justicia que garantice los derechos humanos de los presos en el país.

Los detalles del plan anunciado aún no han sido dados a conocer por las autoridades venezolanas. 

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