- Dos directivos del gremio inmobiliario puntualizaron que la omisión de los estatutos legales en los trámites administrativos expone a las personas a inseguridad jurídica | Foto: José Daniel Ramos @danielj2511
Fernando Di Geronimo, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, informó que los costos asociados a aranceles y trámites administrativos en Venezuela inciden en el cierre de negociaciones por la venta de propiedades.
El directivo indicó que muchas personas desisten de realizar el proceso regular con el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) debido a los altos costos que representa la protocolización del procedimiento. A su juicio, esto hace que los posibles compradores realicen un documento privado por la transacción.
Di Geronimo mencionó que muchas veces no se cumple el cálculo del 2 % para la validación de los documentos de compra y venta de inmuebles en el país.
Dayana Angulo, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Mérida, precisó para el circuito Éxitos que la situación limita el número de operaciones y posibles cierres de ventas de propiedades.
Además, agregó que cuando no se siguen los canales regulares establecidos por la ley, las personas pudieran estar expuestas a inseguridad jurídica.
Saren cobra entre 5 % y 40 % de arancel sobre el precio de venta de los inmuebles
Roberto Orta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, sostuvo que el problema del cálculo discrecional de los aranceles radica en la omisión a la Ley de Registros y Notarías.
“Con la reforma se estableció un máximo del 2 % del monto de la venta como arancel para el servicio de registro, pero en la práctica algunos registradores, a la hora de hacer la estimación del inmueble, lo hacen de una forma arbitrariamente alta que viene representando un incremento 5 al 40 %, según nuestros registros”, dijo Orta Martínez en una entrevista para El Diario realizada en agosto de 2022.
En una encuesta realizada a 220 participantes por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, durante marzo de 2022, se consultó cuál fue el porcentaje usado por el registrador para el cálculo del arancel y se reveló que el 25,9 % de los encuestados había pagado 10 % de aranceles con base en el precio de venta del inmueble.
Incertidumbre en la negociación de inmuebles
Roberto Orta Martínez opinó que los altos costos de aranceles dificulta los procesos de compra de muchas personas debido a que una vez definen el precio, al descubrir que el arancel es tan alto desisten de la negociación.
El directivo expresó que el uso de documentos privados (no refrendados ante la autoridad), aunque tiene una validez legal, se trata de un trámite provisional que podría constituir un riesgo a largo plazo para el comprador.
Orta Martínez citó como ejemplo que, en caso de fallecer la persona que realizó ese tipo de documento privado, no es posible validar en un futuro ese inmueble a través de un registro.
“Han ocurrido casos donde los miembros de esa negociación privada se rehúsan a firmar y no hay forma de demostrar la propiedad o el traspaso de ese bien”, concluyó.
