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  • El Ejecutivo italiano rechazó la privación de las libertades civiles de los venezolanos opositores que se ha registrado luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio

El gobierno de Italia instó el 10 de agosto al gobierno de Nicolás Maduro a respetar los derechos de todos los ciudadanos y liberar los presos políticos en Venezuela. 

“El gobierno italiano continúa siguiendo con fuerte preocupación la situación de Venezuela, en estrecho acuerdo con los socios internacionales”, declaró el Ejecutivo de Italia en un comunicado.

El texto del gobierno liderado por Giorgia Meloni condenó cualquier amenaza o privación de las libertades civiles de los ciudadanos opositores en el país que se han registrado luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, también pidió a las autoridades venezolanas liberar a los detenidos por motivos políticos en Venezuela.

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“Pido la liberación de los disidentes políticos en Venezuela”, señaló Tajani a través de su cuenta en la red social X el 9 de agosto.

Además, Tajani agregó que trabajan en colaboración con otros países aliados para que Venezuela pueda “volver a ser un país libre”.

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Foto: EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Preocupación de Italia luego de las elecciones en Venezuela

Desde el 29 de julio, Italia ha reiterado su preocupación por la situación poselectoral de Venezuela.

Tajani mostró su malestar por las continuas restricciones a la libertad de prensa en el país en un mensaje en su cuenta de X el 2 de agosto.

“Italia está al lado del pueblo venezolano, que ha expresado su voluntad. Urge que se respete el voto democrático, pisoteado por las numerosas manipulaciones del resultado de la votación”, agregó el ministro de Exteriores italiano.

Además, en una declaración de los ministros de Asuntos Exteriores del G7, Italia también condenó el uso de la fuerza del gobierno de Maduro contra los manifestantes, luego de que las autoridades venezolanas impidieran la entrada en el país de dos periodistas de la televisión pública italiana RAI para documentar la crisis poselectoral.

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“Reivindicamos el derecho a la información de los periodistas locales, italianos e internacionales que se encuentran en el país”, señaló Tajani al respecto.

El periodista Marco Bariletti y el cámara Ivo Bonato, quienes trabajan para los informativos de RAI, llegaron el 2 de agosto al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y fueron separados del resto de pasajeros en el control de pasaportes. 

De acuerdo con la denuncia de ambos comunicadores, posteriormente fueron expulsados del país, les retiraron los pasaportes y se los devolvieron al aterrizar en Lisboa, Portugal, en un vuelo de TAP Airlines.

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Foto: @IAIM_VE | Twitter

Detenidos en las protestas poselectorales

La ONG Foro Penal reportó el 10 de agosto que se han documentado 1.303 detenidos, de los cuales 116 son adolescentes, en el contexto de las protestas poselectorales desde el 29 de julio.

La organización publicó la actualización de los números en su cuenta de X alertando que, de esta cifra, se han verificado al menos 14 aprehensiones de indígenas, 16 personas con discapacidad y 170 mujeres. 

La imagen del reporte indica que donde hubo más arrestos fue en Distrito Capital, Carabobo y Anzoátegui.

Amnistía Internacional emitió un comunicado el 9 de agosto para pedir al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan el apoyo público a los activistas y miembros de ONG en Venezuela, así como la condena a los ataques de los que son víctimas.

“En Venezuela, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones y grupos de víctimas y otras personas defensoras de Derechos Humanos han sido objeto de ataques continuos por parte del gobierno. Esto ha incluido la detención arbitraria de varias personas, la anulación de pasaportes y la realización de campañas de estigmatización por parte de autoridades de alto rango”, agregó la carta pública de Amnistía Internacional.

Por estos motivos, la organización le recordó al fiscal Khan que la CPI está obligada a tomar acciones y brindar protección a las víctimas de los crímenes de derecho internacional, de acuerdo con el Estatuto de Roma.

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