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- La mayoría de los casos fueron por intimidación y hostigamiento en contra de los activistas que realizaron acciones de defensa por los derechos humanos
La organización no gubernamental (ONG) Centro para los Defensores y la Justicia registró 134 ataques e incidentes de seguridad contra activistas y grupos de derechos humanos (DD HH) en Venezuela durante el mes de agosto.
Esta cifra equivale a 78 casos más que los reportados por la ONG en julio, cuando documentaron 56 ataques, de acuerdo con el informe publicado el 24 de septiembre.
“En el contexto poselectoral se profundizó la política de criminalización, represión y control social que afecta las acciones de promoción, defensa y exigencia de DD HH, lo que aumentó las agresiones y el amedrentamiento en contra de quienes las realizan”, indicó la ONG.
Estas fueron las formas de ataques documentadas por la ONG:
– 56 por intimidación y hostigamiento
– 47 por estigmatización
– 19 por amenazas
– 5 detenciones arbitrarias
– 4 por judicialización de activistas
– 3 en la categoría de otros, que no fueron precisados
“El Estado emplea distintas medidas tendientes a controlar, criminalizar y neutralizar la defensa de los derechos humanos bajo un clima de miedo tendiente al retraimiento de las acciones por parte de las organizaciones por temor a represalias”, se lee en el informe del Centro para los Defensores y la Justicia.
Responsables de los ataques contra activistas
La ONG reveló en su informe que el 72 % de los casos registrados fueron ejecutados contra organizaciones, mientras que el 28 % restante estuvo dirigido específicamente a defensores.
“Las agresiones en contra de la integridad física y moral aumentaron. Estos ataques se acompañan de estigmatización sobre cuestionamientos acerca de la independencia y veracidad del trabajo de las ONG de DD HH, así como acusaciones de ‘fascistas’, ‘terroristas’, ‘desestabilizadoras’, entre otras”, destacó la ONG.
En cuanto a los principales responsables, el Centro para los Defensores y la Justicia resaltó que los medios de comunicación gubernamentales lideran la tabla con un 36 %, seguido de funcionarios públicos (30 %), instituciones públicas (21 %), personas afines al gobierno (7 %) y organismos de seguridad (6 %).
El informe indicó que los ataques suelen ir acompañados también de descalificación, amenazas e intimidación generalizada en contra del trabajo de las organizaciones de DD HH en el país con base a la reciente ley aprobada por la Asamblea Nacional (AN) para regular el trabajo de las ONG.
“Hacemos un llamado a trabajar en función de construir entornos propicios y seguros para que quienes promueven, exigen y defienden derechos. Las personas defensoras deben poder ejercer sus actividades de forma libre y sin temor a represalias”, concluyó el Centro para los Defensores y la Justicia.
Ley de las ONG
El 15 de agosto, la AN aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro.
Entre las normas que presenta la ley, se plantea la disolución judicial de estas agrupaciones que violen las disposiciones establecidas, por decisión judicial o falta de pago de cualquier multa impuesta.
Además, indica que las ONG deberán notificar el financiamiento que reciban con la finalidad de asegurar la licitud de los fondos, para lo que exigen la identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes.
De acuerdo con esta ley, las agrupaciones no gubernamentales tienen prohibido recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones, así como promover el “fascismo, la intolerancia o el odio”.
La normativa también señala que le corresponde al Ejecutivo el seguimiento y control del cumplimiento de los deberes y prohibiciones establecidos en la nueva legislación, para lo que, entre otras medidas, implementará y evaluará mecanismos que sirvan para estos fines.
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