- La mayoría de las detenciones registradas ocurrieron luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio
Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal, informó el 9 de octubre que han registrado 1.916 presos por motivos políticos en Venezuela.
Del total de esta cifra, actualizada hasta el 7 de octubre, el representante de la ONG indicó que 240 son mujeres, 70 adolescentes y 159 militares.
Además, Foro Penal destacó en su informe que en una semana se reportaron 17 nuevos detenidos, 148 condenados y dos excarcelaciones.
La ONG precisó que, del total de las aprehensiones, 1.784 se hicieron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La crisis poselectoral desató protestas que causaron, de acuerdo con el Ejecutivo, 25 muertos y más de 2.400 detenidos, una cifra que supera considerablemente la de Foro Penal.
En este sentido, la ONG explicó a la agencia de noticias EFE recientemente que sus cifras son distintas a las anunciadas por las autoridades porque desde la organización solo contabilizan detenciones que califican como “arbitrarias”.
Desde 2014, Foro Penal ha registrado 17.882 “detenciones políticas”. De esos aprehendidos, 14.000 han sido excarcelados luego de ser asistidos por la ONG.
Dirigentes políticos detenidos
El 26 de septiembre, el partido Vente Venezuela (VV) señaló que en el país había 154 políticos opositores detenidos, entre los que se encuentran dirigentes nacionales y personas que ocupaban cargos de elección popular cuando fueron arrestados.
Magalli Meda, jefa del equipo político de Machado, explicó a través de su cuenta de X que solo VV tiene a 41 de sus integrantes tras las rejas, casi todos aprehendidos en las semanas anteriores y posteriores a las elecciones presidenciales.
Asimismo, aseguró que había 34 militantes de la formación Primero Justicia presos, 22 de Voluntad Popular (liderado por Leopoldo López, exiliado en España), 11 de Encuentro Ciudadano y 10 de Acción Democrática (AD).
Además, las formaciones Convergencia, Un Nuevo Tiempo, Copei y el comando de campaña de la principal coalición opositora -Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que impulsó la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia-, tienen, cada uno, a cuatro de sus miembros privados de libertad.
A estas cifras se le sumó el 2 de octubre el caso del alcalde de Maracaibo (Zulia). El opositor Rafael Ramírez Colina fue privado de libertad por presuntos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Ministerio Público señaló que sería acusado de “graves hechos irregulares” relacionados con corrupción.
El partido opositor Primero Justicia (PJ) -del que forma parte el alcalde- exigió su liberación “inmediata” y la de los demás funcionarios detenidos, así como el cese de la “persecución política”.
Denuncias sobre irregularidades
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el 4 de octubre que el Estado no ofrece una “debida alimentación” a los presos que se encuentran en la cárcel de Tocuyito, ubicada en Carabobo, entre los que se incluyen adolescentes detenidos tras las protestas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
“Cuando los familiares logran ver a sus seres queridos no los reconocen por la situación en que están, los ven desnutridos y pálidos. La atención que brinda el Estado a los privados de libertad debe ser integral, con derecho a la alimentación adecuada, salud, estudios, cultura y esparcimiento”, indicó el director del OVP, Humberto Prado, citado en una nota de prensa.
El OVP sostuvo que ha recibido denuncias de los familiares que relatan que los detenidos comen “una arepa seca y delgada, almuerzan pasta con carne o arroz con carne y cenan granos”, además, de que solo toman “agua dos veces al día”.
Asimismo, dijo que han documentado reportes de presos con “dolores estomacales y evacuaciones constantes”.
De acuerdo con la ONG, una situación similar se registra en la cárcel de Tocorón, estado Aragua, donde también fueron trasladados adolescentes tras la crisis poselectoral.
Aunado a esto, el 3 de octubre, familiares y allegados de los detenidos por motivos políticos solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante un recurso de amparo, la revisión de las medidas cautelares de los presos, a quienes se les imputan varios delitos como terrorismo e incitación al odio.
Los familiares, acompañados por el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, también pidieron al TSJ el respeto al debido proceso para los arrestados.
