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  • El coordinador de la ONG, Óscar Murillo, hizo un llamado para que las excarcelaciones no sean vistas como una “especie de regalo” e instó a las autoridades a liberar a los menores de edad | Foto: EFE

Óscar Murillo, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció la situación de los adelescente detenidos en el contexto poselectoral. Recordó que inicialmente se habían reportado al menos 80 niños y adolescentes detenidos, pero, tras varias excarcelaciones, se cree que aún hay entre 25 y 30 menores de edad detenidos. 

“Hay una presión importante con el tema de los adolescentes, lo que ha hecho que el gobierno vaya levantando, de goteo, esa olla de presión (…) creemos que todavía hay entre 25 y 30 detenidos. El llamado es que continúen las excarcelaciones, las que no deben ser vistas como una especie de regalo”, dijo durante una entrevista para VPITV  el 18 de diciembre.

Indicó que entre las denuncias que han conocido hay casos de adolescentes que sufrieron torturas y una serie de maltratos por parte de las autoridades durante su reclusión.

“Hay personas que han relatado lo que les ha pasado y de ahí nos hemos podido enterar y documentar casos en los que hubo torturas, maltrato, menores que pasaron todo un día bajo el sol con la cabeza rapada, y que les evitaron jugar entre ellos. Hay una serie de maltratos que va a compañado con lo injusto de la detención”, agregó.

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Familiares de adolescentes detenidos en el contexto poselectoral protestan frente a la sede del MP en Caracas 
Foto: Provea

Opacidad en torno a las excarcelaciones

El activista denunció la opacidad por parte del gobierno de Nicolás Maduro sobre las excarcelaciones de los presos políticos en el país. Recalcó que las autoridades deberían suministrar una lista con información de los detenidos por condiciones políticas que han salido de las cárceles.

“De la primera cifra, de 225 personas excarceladas (que anunció el gobierno), nosotros logramos verificar 150 casos. De ese grupo, aún hay familias que siguen yendo a la sede del Ministerio Público en Caracas para verificar el estatus de su familiares”, dijo Murillo.

El defensor de los derechos humanos reiteró que los casos se tratan como excarcelaciones y no liberaciones, ya que muchas de las personas aún son sometidas a procesos judiciales de “manera arbitraria”. 

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Asimismo, Murillo mencionó que muchas de las excarcelaciones que han ocurrido se han dado en un contexto de presión por parte de las organizaciones no gubernamentales (ONG) del país e internacionales. En ese sentido, recordó el caso de la paciente oncológica en Barquisimeto (Lara), a quien se le dificultaba tener acceso a su tratamiento. 

Temor por denunciar

El coordinador de Provea reveló que desde la organización han detectado un “miedo generalizado” en los familiares de los presos políticos al momento de dar alguna declaración. 

“También hay un gran temor, un miedo generalizado en las familias de no dar declaraciones. Se les pide que esto ocurra en silencio (…)se les condiciona a las familias, de alguna manera, para no rendir declaraciones. Afortunadamente hay un comité que ha ido articulando los diferentes comités de las regiones y allí nos hemos ido sumando y retroalimentandonos de (los testimonios) que nos llegan y lo que algunos familiares cuentan en carácter voluntario”, dijo. 

Familiares de presos políticos temen que sus parientes pasen las fiestas decembrinas detenidos

Murillo también se refirió a las muertes de los tres detenidos durante las protestas postelectorales, Oswual González, Jesús Rafael Álvarez y Jesús Manuel Martínez. El activista mencionó que estos casos “son responsabilidad del Estado”, haciendo referencia a manuales de derechos humanos en el mundo. 

El sistema penitenciario no estaba preparado

El coordinador de Provea hizo hincapié en las condiciones en las que se encuentran los presos políticos en el país. Mencionó que el sistema penitenciario no estaba preparado para la reclusión de más de 2.000 personas, que fueron detenidas durante las protestas poselectorales. 

“Si ya tenemos todos los problemas persistentes, te podrás imaginas lo que significan 2.000 personas en unas cárceles que tienen que proveer de agua y condiciones sanitarias, que no existen. Las visitas no son constantes, hay prohibición de ciertas comidas y la alimentación en el penal no es la adecuada”, precisó el activista. 

Familiares de presos políticos entregaron documento al Ministerio Penitenciario en Caracas: ¿cuáles son las exigencias?  
EFE/ Miguel Gutierrez

Por otro lado, Murillo aprovechó para instar a las personas a denunciar los hechos y condiciones en las que estuvieron detenidos, sin embargo, expresó que entiende que muchos familiares resguarden a sus parientes luego de la situación que atravesaron. 

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