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- La organización estadounidense indicó que la medida respondería a la necesidad de que la activista pueda recibir atención médica | Foto: EFE/ Jeffrey Arguedas
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) solicitó al gobierno de Nicolás Maduro que otorgue de “forma urgente” una medida sustitutiva de libertad por razones humanitarias a la activista por los derechos humanos Rocío San Miguel, detenida desde hace más de 10 meses en El Helicoide, Caracas.
La organización precisó que San Miguel tiene una fractura en el hombro, resultado de una caída ocurrida en agosto, por lo que considera que la medida es “urgente” para que pueda recibir atención médica.
“Solicitamos al Estado que de forma urgente otorgue una medida sustitutiva de libertad por razones humanitarias, de modo que pueda recibir la atención médica de su elección y recuperarse bajo el cuidado de su familia”, escribió WOLA en una publicación en su cuenta de X.
La organización también denunció que a la activista no se le ha permitido designar a su defensa privada.
Lo que se sabe de la salud de Rocío San Miguel
El 10 de diciembre, las autoridades venezolanas dieron a conocer que Rocío San Miguel recibió atención médica por una lesión en su hombro derecho.
De acuerdo con una serie de imágenes que se filtraron en las redes sociales, la presidenta de la ONG Control Ciudadano fue examinada por el equipo médico del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
El diagnóstico de la fractura es del día 5 de diciembre de 2024. El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) confirmó que San Miguel debe ser sometida a una intervención quirúrgica.
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió que la defensora de derechos humanos reciba una segunda evaluación médica por parte de un médico privado “y de su confianza”.
“Exigimos que Rocío reciba una segunda evaluación de un médico privado y de su confianza para conocer su estado real de salud, además de su libertad inmediata y sin restricciones. En tanto, renovamos nuestro compromiso con la justicia y defensa de los derechos de todos los defensores de derechos humanos, cuyo valor y resistencia siguen siendo un ejemplo de lucha por la libertad y la dignidad en Venezuela”, escribió el observatorio desde su cuenta de X.
El OVP agregó que la fotografía publicada de San Miguel “revela la crueldad del régimen de Nicolás Maduro” y es una “falta de respeto absoluto” a su privacidad y derechos fundamentales.
El caso
San Miguel fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar con su hija. La activista es acusada por el Ministerio Público de participar en una presunta conspiración contra el gobierno de Maduro.
En ese entonces, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo que San Miguel “entregó información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países.
Tras conocerse la detención de Rocío San Miguel, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos expresaron su preocupación por el caso, entre estas, Provea y la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
Además, organismos internacionales se pronunciaron en contra de la detención de la activista y exigieron el respeto de sus derechos, entre estos, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En julio, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, afirmó que su institución ha documentado un incremento de “las amenazas, el acoso y los asaltos contra actores de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y otras voces críticas”.
Türk denunció entonces 38 casos de “detención arbitraria” y mencionó los hechos concretos de San Miguel y Carlos Julio Rojas, detenidos desde el 9 de febrero y el 15 de abril, respectivamente, sin acceso a una defensa de su elección.
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