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  • El ministro de Interior chileno, Luis Cordero, indicó que se busca deportar a personas que sean consideradas como un peligro para el país, por sus registros policiales y que estén asociados con organizaciones criminales

El gobierno de Chile firmó el 27 de diciembre un protocolo para agilizar los procedimientos administrativos de expulsión de extranjeros, con el objetivo de llegar principalmente a personas que ya cuentan con una orden de expulsión en el país o aquellos que poseen antecedentes penales.

El documento fue firmado por Luis Cordero, ministro de Interior de Chile; el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna; el director nacional del Servicio de Migraciones, Luis Thayer; y el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra.

Con el protocolo, las autoridades buscan que los procesos de expulsión sean “más eficientes”, facilite la localización de las personas con orden de expulsión vigente y la priorización de deportar a aquellos extranjeros con antecedentes policiales.

“Este es un protocolo que se viene trabajando hace un tiempo y la razón fundamental es lograr más eficacia en el Estado (…). Tener un protocolo es una manera de formalizar trabajos institucionales ordenados, porque es la única forma en que se puedan lograr expulsiones eficaces”, dijo Cordero a los medios de comunicación locales.

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Gobierno de Chile firmó un protocolo para agilizar los procesos administrativos para la expulsión de extranjeros
Foto: EFE

Insistió en que es necesaria la expulsión de personas que tienen “determinado riesgo”, por lo que la prioridad sería perfilar quiénes son estos individuos e iniciar un proceso de búsqueda para posteriormente expulsarlos.

“Nosotros necesitamos expulsar aquellas personas que generan peligro en el país, porque tienen un compromiso delictual muy significativo y están asociados a organizaciones criminales. Lo que el país necesita  es expulsar de acuerdo con criterios priorizados en materias de seguridad, ese es el objetivo del protocolo”, recalcó.

Datos sobre expulsiones en Chile

Desde 2022, en Chile existía un total de 24 mil decretos de expulsión administrativa vigentes, cifra que en 2024 llegó a 30 mil.

Este año se han concretado 662 expulsiones administrativas, la cifra más alta en los últimos seis años.

Sobre el proceso de regularización de migrantes

Cordero también se refirió al posible proceso de regularización migratoria y explicó que la evaluación del sistema de regularización busca conocer quiénes son los extranjeros que se encuentran en el país y dónde están ubicados y así tener mejor control. 

“Lo que nosotros tenemos que hacer es una línea roja muy marcada entre aquellas personas que quieren formalizar potencialmente su posición en el país, viviendo una vida ajustada al derecho y a la ley, de aquellos que han tomado esa decisión de no hacerlo y vivir al margen de las normativas”, destacó. 

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El 11 de diciembre, el gobierno de Gabriel Boric anunció que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo un proceso de regularización limitado de personas que se encuentren en situación irregular o sin documentos en el país. 

Esta medida fue considerada por dirigentes de la oposición como un “llamado” para que sigan llegando migrantes a Chile, dichos que fueron desmentidos por la ministra secretaria General del gobierno de Chile, Camila Vallejo.

¿Quiénes pueden aplicar a la regularización?

El 12 de diciembre, Carolina Tohá, ministra de Interior de Chile, adelantó que las personas que podrán optar por el documento de identidad deben tener arraigo familiar o laboral en ese país.

Asimismo, la funcionaria chilena aclaró que no todos los migrantes que se empadronaron en el SNM entre 2018 y 2024 serán regularizados. Sin embargo, señaló que para optar por cualquier proceso de regulación en Chile, sí es indispensable estar empadronado.

“El empadronamiento no implica regularización, pero cualquier regularización va a concentrarse solo en las personas empadronadas, o sea, no va a haber proceso de regularización a personas que no estén empadronadas, o sea, no va a haber proceso de regularización a personas que no estén empadronadas”, explicó Tohá durante el Foro sobre Refugiados Cartagena +40.

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Foto referencial

En el caso de los empadronamientos, el Servicio Nacional de Migraciones detalló que al menos 118.119 personas se han empadronado en Chile, sin especificar hasta qué fecha. De esta cifra, el organismo estimó que el 90 % de los empadronados son migrantes venezolanos; mientras que el 3,2 % son de nacionalidad colombiana y el 5,8 % de otras nacionalidades.

Se conoció que 66,4 % del total de empadronados confirmó haber ingresado a Chile de manera irregular entre marzo de 2018 y febrero de 2022. De los casi 119 mil migrantes, el 96 % de ellos declaró al SNM haber migrado a Chile en búsqueda de oportunidades económicas.

Carolina Tohá agregó que el 85,7 % de los empadronados encuestados confirmó tener trabajo, de los cuales 34 % tienen contrato fijo por escrito. 

En relación con el arraigo familiar, la funcionaria señaló que 26 % de los migrantes aseguró que su padre o madre vivían en Chile, mientras que un 67 % declaró que su pareja residía en ese país y un 71,2 % dijo tener al menos un hijo o hija viviendo en Chile.

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