La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el 4 de marzo su licencia general 41A. En ella se hace oficial la revocación del permiso a la petrolera estadounidense Chevron para operar en Venezuela y le da un plazo de 30 días para liquidar sus activos y negocios en el país.
De acuerdo con la resolución, a partir de este momento Chevron ya no podrá abrir nuevos negocios en Venezuela, y tendrá hasta el 3 de abril para cerrar aquellos ya existentes. De igual manera, tiene prohibido el pago de impuestos, dividendos o regalías a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y hacer cualquier tipo de transacción con entidades venezolanas vinculadas con Rusia.
Finalmente, todo el petróleo que se extraiga durante este periodo de desmantelamiento solo podrá exportarse a Estados Unidos.
Con esto se cumple la decisión del presidente estadounidense Donald Trump, quien el 26 de febrero anunció que revocaría la licencia de Chevron. Esto debido a que considera que el gobierno de Nicolás Maduro incumplió sus compromisos de garantías para las elecciones presidenciales de 2024, así como aparentemente los planes de devolución de migrantes acordados entre Washington y Caracas.
La licencia
En noviembre de 2022, la OFAC emitió la licencia general 41, la cual autorizaba a Chevron Corporation a reanudar sus operaciones de extracción de recursos en Venezuela, las cuales se habían suspendido en 2019 con el inicio de las sanciones económicas contra el gobierno de Maduro. La medida se tomó en su momento por la Administración de Joe Biden como un incentivo por los avances en el proceso de diálogo entre el oficialismo y la oposición que se llevaba a cabo en ese momento en México.
A pesar de que las negociaciones se paralizaron meses después, Chevron continuó sus actividades. Esto sirvió como impulso para la debilitada industria petrolera venezolana, al punto de que actualmente, de los 900 mil barriles diarios de petróleo producidos por el país para finales de 2024, alrededor del 25 % son aportados por Chevron. En octubre de 2023, el gobierno de Biden aprobó una flexibilización general de las sanciones, como parte de un acuerdo político en el que el gobierno de Maduro se comprometió a garantizar unas elecciones justas y transparentes para las presidenciales del 28 de julio de 2024. Sin embargo, tras la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado, entre otras irregularidades, el Departamento del Tesoro decidió reanudar las sanciones en abril de 2024, justificándose en el incumplimiento del gobierno venezolano. Solo se mantuvo la licencia de Chevron como única empresa autorizada a operar en el país.
El panorama cambió con la llegada de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025. El republicano manifestó que no tenía interés en comprar petróleo venezolano bajo el gobierno de Maduro, y tras semanas de rumores, el 25 de febrero finalmente confirmó su decisión de revocar la licencia 41.
La licencia 41 se renueva de forma automática el primer día de cada mes y por un lapso de seis meses, por lo que diferentes analistas y medios de comunicación informaron el 1° de marzo que esta se había renovado hasta agosto sin importar las declaraciones de Trump. No obstante, con esta nueva resolución de la OFAC no solo se da por terminado el permiso de Chevron, sino que se acorta su periodo de actividad a solo un mes.
Impacto económico
La salida de Chevron de Venezuela supone un duro golpe para una industria petrolera que aún no termina de recuperarse pese a su aumento de producción de los últimos meses. Se estima que, una vez se haga efectivo, el país perderá alrededor de 230 mil barriles diarios de crudo, los cuales se exportaban de forma legal y a precios internacionales. Contrario a los barriles producidos por PDVSA, que comercializan en el mercado negro por debajo de valor real para eludir las sanciones.
El impacto de Chevron no solo se limita a la producción petrolera. A pesar de que la licencia 41 le prohibía expresamente hacer negocios directos con PDVSA, lo cierto es que la compañía ha realizado diferentes proyectos de inversión con la petrolera estatal, además de pagar impuestos al fisco venezolano.
De igual forma, firmas como Ecoanalítica calculan que Chevron es responsable de hasta el 40 % de los ingresos petroleros del país, lo que lo convierte a su vez en uno de sus principales proveedores de dólares. Se estima que la empresa inyectó entre $150 millones y $200 millones al mercado venezolano, lo que permitía al Banco Central de Venezuela (BCV) tener liquidez para sus intervenciones bancarias y mantener estable el tipo de cambio de forma artificial.
Ahora, sin este flujo de divisas, economistas como Luis Oliveros o Luis Bárcenas estiman que el déficit cambiario ya existente desde mediados de 2024 se intensificará, y con ello también vendría una devaluación significativa del bolívar y un aumento de la inflación.
