La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el 20 de marzo que persisten las detenciones arbitrarias en Venezuela.
Nada Al-Nashif, alta comisionada adjunta de la ONU para los DD HH, presentó una actualización de la situación de Venezuela en la que advirtió que la independencia del sistema judicial en el país no se respeta ni se garantiza.
A través de un video de la conferencia de la ONU, compartido por la organización no gubernamental (ONG) Provea, Al-Nashif señaló que las leyes contra el terrorismo, impulsadas por el gobierno de Nicolás Maduro, son utilizadas para detener y juzgar a personas, vulnerando el derecho a elegir a su abogado.
“Tanto en centros penitenciarios como en centros de detención previa al juicio, tres personas con problemas de salud graves murieron bajo custodia del Estado después de que se les negara acceso a un tratamiento, lo cual es completamente inaceptable”, dijo la alta comisionada adjunta de la ONU con respecto a las denuncias sobre torturas, maltratos y hacinamiento en cárceles de Venezuela como Rodeo I.
Al-Nashif agregó que recibieron otros informes sobre la prohibición de visitas en los centros penitenciarios y la falta de equipos de higiene para las mujeres detenidas.
“La Oficina de la ONU para los DD HH también ha recibido reportes de maltrato de los familiares de detenidos, incluidos registros invasivos y una negación arbitraria de visitas”, acotó la representante del organismo.
La actualización del informe sobre la situación en Venezuela concluyó con una exhortación al gobierno de Maduro para poner fin a las detenciones arbitrarias, respetar las normas internacionales, así como también liberar a los defensores de DD HH, líderes políticos y personas relacionadas con ONG.
Misión de Determinación de los Hechos de la ONU
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU presentó el 18 de marzo ante el Consejo de DD HH el nuevo informe sobre presuntas violaciones a los DD HH en el país tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Marta Valiñas, presidenta de la organización, responsabilizó a Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por dirigir “el centro del aparato represivo del Estado”.
“Cabello continúa amenazando públicamente a personas opositoras o percibidas como tal”, expresó Valiñas.
El panel de expertos consideró que si bien han ocurrido excarcelaciones de presos políticos, han documentado otras detenciones y se sigue cometiendo delitos de lesa humanidad y de persecución por motivos políticos.
Valiñas comunicó que analizaron más de 80 videos y más de 100 fotografías de hechos relacionados con posibles violaciones de DD HH y confirmaron que miembros del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) portaban armas de fuego, incluidas escopetas, pistolas y fusiles, además de material antidisturbios como lanzagranadas de gases lacrimógenos para ejecutar maniobras de represión contra la población.
Además, señalaron un aumento en la represión y el acoso contra la oposición, afectando el espacio cívico y las libertades fundamentales.
Los expertos instaron al Estado venezolano a colaborar activamente con los mecanismos de protección de los derechos humanos, con el objetivo de cumplir con sus obligaciones internacionales y que se garanticen las condiciones que permitan su efectiva implementación.
