La jueza federal Indira Talwani dictaminó que el gobierno de Donald Trump no podrá ponerle fin al parole humanitario para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, también conocido como programa CHNV. El ejecutivo estadounidense tenía previsto eliminar el programa humanitario a finales de abril.
El argumento de la funcionaria fue que el gobierno de Trump no actuó dentro de los límites regulatorios establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo al pretender reducir el plazo de dos años para el fin del programa.
“Los demandados no han ofrecido ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por un periodo específico a salir (o a obtener un estatus indocumentado) antes de la fecha original de vencimiento de su libertad condicional”, escribió Talwani en su sentencia publicada el 14 de abril.
Agregó que tampoco es de interés público que cientos de miles de personas “ya no se consideren legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”.
Deben cumplir su vencimiento natural
La jueza explicó que estos programas humanitarios deben cumplir con su plazo natural de vencimiento. Alegó que el gobierno de Joe Biden puso en marcha este programa específico en octubre de 2024, por lo que tiene que mantenerse hasta octubre de 2026.
La decisión de Talwani se aplicará a todos los intentos de eliminar masivamente estados de protección sin que se haga previamente una revisión caso por caso.
La demanda contra esta medida de Trump fue presentada por un grupo de migrantes con libertad condicional y sus patrocinadores en EE UU. Estos demandantes argumentaron que la eliminación masiva del programa generaría grandes daños a miles de personas.
El gobierno estadounidense, por su parte, defiende la idea de que eliminar el programa es necesario para tener un mayor control de verificación y seguridad. También alegó que el parole humanitario es una “medida discrecional” del Ejecutivo.
La sentencia, reseñada por el portal CNN en Español, reveló que el Departamento de Justicia de EE UU no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre el fallo.
Tras la decisión, los abogados de la parte demandante expresaron su alivio y sostuvieron que la decisión de quitar un beneficio de este tipo masivamente tendrá graves consecuencias para los afectados.
“En nombre de todos aquellos que llegaron a Estados Unidos a través del programa CHNV, hicieron todo lo que el gobierno les pidió y han estado viviendo con el temor de que su estatus legal y sus permisos de trabajo les fueran retirados el 24 de abril, nos sentimos aliviados por la decisión del tribunal, que se basa tanto en el daño que estas personas sufrirían como en su probabilidad de ganar este caso”, declaró Anwen Hughes, abogada y directora de estrategia legal para los programas de refugiados de Human Rights First.
Un juez también bloqueó el intento de acabar con el TPS para venezolanos y haitianos
Un juez del estado de California, Estados Unidos, bloqueó el 31 de marzo el intento del gobierno de Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y haitianos.
El fallo del tribunal, firmado por el juez Edward M. Chen, responde a una demanda de un grupo de abogados de San Francisco quienes argumentaron que la medida se basaba en “prejuicios raciales” y que no seguía procedimientos administrativos adecuados.
“El tribunal considera que la acción de la secretaria amenaza con: causar un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente interrumpidos, costar a Estados Unidos miles de millones en actividad económica, y perjudicar la salud y la seguridad pública en comunidades de todo el país”, se lee en el documento.
En su fallo, el juez Chen destacó que los beneficiarios venezolanos del TPS tienen tasas de educación superiores a la media estadounidense, con un 40 % a 54 % con títulos universitarios. Además destacó que poseen altos índices de participación laboral, entre el 80 % y el 96 %, lo que contribuye significativamente a la economía de ese país.
Asimismo, señaló que los venezolanos con TPS presentan índices de criminalidad más bajos que el promedio de los estadounidenses.
El juez concluyó que la cancelación del programa causaría un “daño irreparable” a cientos de miles de personas y perjudicaría la economía y la seguridad pública de Estados Unidos.
