El juez federal de Texas, Fernando Rodríguez, dictó el 1° de mayo una orden que prohíbe al gobierno de Donald Trump aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa del siglo XVIII, para expulsar de manera expedita a un grupo de venezolanos detenidos en un centro migratorio en ese estado, ubicado al sur de Estados Unidos.
Rodríguez, quien fue nombrado por Trump en su primer mandato, emitió el fallo en respuesta a una demanda colectiva de varios de un grupo de migrantes afectados por la medida tentativa.
En su decisión, el magistrado prohibió “permanentemente” al gobierno el uso de esta ley, utilizada previamente solo en tiempos de guerra, luego de que Trump la invocara el 14 de marzo para justificar la expulsión de cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal transnacional el Tren de Aragua.
Rodríguez explicó, en la opinión que sustenta el fallo, que “la Ley de Enemigos Extranjeros es contraria al significado sencillo y ordinario de los términos del estatuto”. No obstante, agregó que el Estado puede proceder con las expulsiones si se amparan “en otra ley distinta, como la Ley de Inmigración y Nacionalidad”.
Tres de los denunciantes detenidos son venezolanos recluidos en el centro de detención El Valle de Raymondville (Texas) que niegan pertenecer al Tren de Aragua y argumentan que “con la Ley de Enemigos Extranjeros se les está privando del debido proceso recogido en la Constitución estadounidense”.
El 7 de abril, el Supremo levantó la orden de un tribunal federal que bloqueaba las deportaciones sumarias de venezolanos por parte del gobierno de EE UU. La decisión se conoció luego de que una corte del circuito federal de apelaciones mantuviera en vigor la paralización temporal al uso de esta normativa.
¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros?
Ley de Enemigos Extranjeros, se aprobó en 1798, durante un conflicto bélico entre EE UU y Francia como parte de cuatro Leyes de Extranjería y Sedición aprobadas por el Congreso de 1798, bajo el respaldo del entonces presidente John Adams.
Esta legislación permite al gobierno detener, reubicar o deportar a inmigrantes sin proceso legal y se utilizó por última vez durante la Administración de Franklin D. Roosevelt (1933-1945).
En la demanda presentada por Democracy Forward y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), las organizaciones indican que la Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha invocado en tiempos de guerra: la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
En la actualidad se ha mantenido vigente para ser invocada en caso de ser necesario e incluso en 1918 la enmendaron para incluir a las mujeres.
Una ley criticada
La organización Amnistía Internacional (AI) emitió un comunicado el 25 de marzo para expresar preocupación por la deportación de 238 venezolanos a El Salvador y que fueron acusados de pertenecer presuntamente al Tren de Aragua.
El texto menciona el modelo de “seguridad” del presidente Nayib Bukele y las medidas adoptadas por Estados Unidos respecto a los migrantes enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador (Cecot), señalando la falta de debido proceso y la criminalización de personas con base en criterios discriminatorios.
“Según la información pública disponible, entre las personas expulsadas se encuentran personas que estaban en proceso judicial, fueron arrestadas mientras cumplían con sus obligaciones migratorias, ya contaban con protección en EE UU, incluida la Convención contra la Tortura, y fueron etiquetadas como pandilleros por sus tatuajes o su conexión con el estado venezolano de Aragua, sin ninguna otra prueba”, se puede leer en el comunicado.
También citan que “funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) han admitido que muchas personas no tenían antecedentes penales y que algunas fueron expulsadas por la sospecha de que podrían cometer delitos en el futuro”.
La organización enfatizó que estas expulsiones no constituyen deportaciones debido a que no siguieron el proceso legal establecido en la legislación estadounidense. Amnistía explicó que las personas fueron enviadas sin órdenes formales de expulsión y destinadas a “cumplir una condena indefinida en un sistema donde se vulnera de manera sistemática los derechos humanos fundamentales”.
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