El juez federal en Massachusetts Brian Murphy acusó al gobierno de Donald Trump de estar “creando caos” al enviar a un grupo de migrantes al este de África, además de violar una orden que le impedía expulsar a las personas a países donde pueden ser torturados.
El magistrado negó un recurso presentado por los abogados de la administración republicana para reconsiderar el dictamen y pausar una orden en donde les instruye a evaluar los casos de los migrantes, aunque estén por fuera del territorio estadounidense.
En un documento emitido el 27 de mayo, Murphy acusó al gobierno de tergiversar las instrucciones del tribunal y de estar generando el mismo caos que critica.
Esto ocurre días después de que la administración de Trump enviara a 8 migrantes, entre ellos 2 cubanos y 1 mexicano, en un vuelo con destino a Sudán del Sur, de acuerdo con la denuncia de varios abogados de organizaciones en defensa de los derechos humanos.
Paradero de los migrantes expulsados
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, se negó a confirmar el paradero de los migrantes expulsados, pero posteriormente funcionarios del gobierno informaron al juez Murphy que el vuelo aterrizó en Yibuti.
El DHS le indicó al magistrado que los deportados tienen antecedentes penales en Estados Unidos, por delitos que van desde homicidio hasta posesión ilegal de un arma de fuego, y permanecen en custodia de las autoridades estadounidenses.
El juez ordenó al gobierno que se les realizara entrevistas de miedo creíble a estos migrantes en el exterior, para determinar si pueden recibir una protección conocida como la Convención contra la Tortura, que evita sean enviados a un país donde pueden ser sujetos a abusos.
El caso en Massachusetts es el más reciente choque entre la administración republicana y el poder judicial, a raíz de las medidas que se han tomado para cumplir con la promesa de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas.
Deportaciones
La ley estadounidense estipula que el gobierno no puede deportar a migrantes a terceros países donde podrían ser torturados. No obstante, en esta oportunidad expulsó a extranjeros de Cuba, Laos, México, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur al este de África.
Los tribunales y las organizaciones en defensa de los derechos humanos han acusado en varias oportunidades al gobierno de ignorar el debido proceso y de estar acercándose a una “crisis constitucional”.
Sin embargo, la Administración de Trump, para acelerar las deportaciones, busca acuerdos con otros países para que acepten a los migrantes expulsados.
A mediados de marzo, EE UU envió a más de 200 personas, en su mayoría venezolanos, a una cárcel en El Salvador, donde aún permanecen incomunicados de sus familiares y abogados.
Trump y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegaron a un acuerdo para que el país centroamericano reciba a los migrantes por un periodo inicial de un año a cambio de un pago de 6 millones de dólares.
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