La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este jueves 11 de diciembre por unanimidad una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma y para, según dijo el presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, “denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje” de la Corte Penal Internacional (CPI).
- ¿Qué implica que un país decida abandonar el Estatuto de Roma?
- 1. Fin de la supervisión futura por la CPI
- 2. Obligaciones sobre hechos pasados aún persisten temporalmente
- 3. Debilitamiento del sistema internacional de justicia
- 4. Impacto en víctimas y ejercicios de rendición de cuentas
- Asamblea Nacional presentó proyecto de ley para retirar a Venezuela de la CPI
La norma fue sancionada por el Legislativo después de que la Fiscalía de la CPI anunció, el pasado 1° de diciembre, que cerrará su oficina técnica en Caracas, al advertir una falta de “progreso real” con Venezuela en materia de “complementariedad”, principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal.
Durante la votación en la sesión parlamentaria, Rodríguez afirmó que esta institución “debería servir para proteger a los pueblos y solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano”.
Esta legislación, indicó, se hizo para demostrar “solidaridad con el sufrimiento del pueblo palestino”.
Con esta aprobación, el Parlamento sancionó la ley, que será remitida al presidente, Nicolás Maduro, a quien corresponde su promulgación. La legislación entraría en vigencia cuando sea publicada en la Gaceta Nacional, el periódico oficial del gobierno.
¿Qué implica que un país decida abandonar el Estatuto de Roma?
El Estatuto de Roma es el tratado fundacional de la CPI, el principal tribunal permanente encargado de juzgar crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y, desde hace años, también el crimen de agresión. La CPI fue establecida en 1998 y entró en vigor en 2002 y, actualmente, tiene alrededor de 125 Estados adheridos.
Cuando un país decide abandonar el Estatuto de Roma renuncia a seguir formando parte de ese tratado internacional y, por ende, a aceptar la jurisdicción de la CPI en el futuro. Esto tiene varias implicaciones clave:
1. Fin de la supervisión futura por la CPI
Un país que deja de ser parte del Estatuto ya no acepta formalmente la autoridad de la CPI para investigar y juzgar crímenes que puedan ocurrir después de su retirada. Esto significa que la Corte no podría abrir nuevos procedimientos sobre conductas posteriores al momento en que la retirada se hace efectiva para ese Estado, a menos que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) remita el caso.
2. Obligaciones sobre hechos pasados aún persisten temporalmente
Aunque un Estado notifique su retirada, las obligaciones derivadas del Estatuto no desaparecen automáticamente con efecto inmediato. Según las reglas del tratado, el país sigue sujeto a cooperar con la CPI respecto a crímenes cometidos durante el tiempo en el que aún era parte del Estatuto, incluso luego de que la salida se haga efectiva.
3. Debilitamiento del sistema internacional de justicia
Organizaciones de derechos humanos han advertido que las retiradas del Estatuto “son un serio retroceso en la lucha contra la impunidad”. Esto ocurre porque el retiro no solo borra obligaciones futuras, sino que también envía señales políticas: reduce la presión internacional para investigar y sancionar los delitos más graves y socava la credibilidad de un sistema creado para asegurar que nadie quede fuera de la justicia internacional.
4. Impacto en víctimas y ejercicios de rendición de cuentas
Una retirada puede tener consecuencias profundas para las víctimas de crímenes graves dentro de ese país. De acuerdo con Amnistía Internacional y otras organizaciones, si un Estado sale del Estatuto, las víctimas que buscan justicia ante la CPI pueden perder una vía importante para procesar a presuntos responsables si los tribunales locales no actúan o son incapaces de hacerlo.
Asamblea Nacional presentó proyecto de ley para retirar a Venezuela de la CPI
El martes 2 de diciembre, durante la primera discusión del proyecto de ley, el presidente del Parlamento dijo que Venezuela se saldría de la CPI por el “vasallaje” de sus representantes, al afirmar que los jueces de este organismo “no están allí para impartir justicia ni para defender los derechos”.
Durante ese debate, Rodríguez afirmó que la CPI no dice “nada” sobre el “genocidio” de Israel.
Sin embargo, la corte internacional dictó órdenes de detención en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza.
Al comunicar el cierre de su oficina en Caracas, la Fiscalía de la CPI dejó claro que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país “permanece activa” y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.
La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El gobierno de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
