La organización política Encuentro Ciudadano (EC) informó el martes 24 de febrero sobre la excarcelación de su dirigente Nelson Piñero, quien estaba detenido en el centro penitenciario de Tocuyito, ubicado en el estado Carabobo.
Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) arrestaron a Piñero el 22 de noviembre de 2023, tras interceptarlo en la ciudad de Valencia.
La organización no gubernamental (ONG) Espacio Público alertó en abril de 2025 que el juez tercero de juicio del estado Carabobo había ratificado la condena de 15 años de prisión para Piñero por el delito de “instigación al odio” tras publicar mensajes críticos contra el gobierno venezolano en sus redes sociales.
Para entonces, Delsa Solorzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano, denunció la medida privativa de libertad contra Piñero.
“Evidentemente aquí se está condenando el ejercicio de la libertad de expresión, escribir en redes sociales no es delito, opinar no es delito y hoy se acaba de dictar una medida privativa de libertad simplemente por expresar su opinión en redes sociales”, afirmó la también ex diputada opositora en 2023.
Uno de los comentarios de Piñero lo escribió el 21 de noviembre en la red X acerca del simulacro del referendo consultivo sobre el Esequibo.
Espacio Público alertó en ese momento que la detención del dirigente ocurrió sin que se cumpliera el debido proceso y sin una orden judicial, de acuerdo con su proceso de verificación con los familiares.
Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que el preso político sufre de hipertensión, diabetes y enfermedad renal, de la que no recibía tratamiento, según la ONG.
“El derecho internacional y los estándares de derechos humanos establecen que las condenas penales son excesivas en casos de expresión, que deben resolverse por vías administrativas”, publicó Espacio Público en su página web referente al caso.
Excarcelaciones de presos políticos
El 23 de febrero, Foro Penal confirmó la excarcelación de 30 presos políticos que se encontraban recluidos en Rodeo I, en el estado Miranda, sin embargo, se desconoce si se les otorgó libertad plena.
La ONG también ha aclarado en otras publicaciones que no considera en esta cifra los casos en donde los presos políticos salen del centro de reclusión, pero permanecen bajo arresto domiciliario.
Las excarcelaciones de presos políticos recientes ocurren bajo el contexto de la aprobación por unanimidad la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática el 19 de febrero.
La normativa está compuesta por 16 artículos y establece un ámbito temporal que va desde 1999 hasta la actualidad. Sin embargo, organizaciones que han revisado el texto señalan que su aplicación práctica se restringe a 13 momentos específicos de conflictos o protestas políticas, entre ellos el golpe de Estado de 2002, la paralización del sector petrolero, diversas protestas sociales en 2004, 2007, 2014 y 2017, hechos relacionados con el proceso electoral de 2024 y otros eventos de 2025.
Además, la ley excluye de sus beneficios a quienes han sido condenados por delitos graves, como crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, narcotráfico, actos de corrupción y participación en “acciones armadas o de fuerza” con intervención extranjera, según lo estipulado en los artículos aprobados.
