La Asamblea Nacional designó este jueves 9 de abril a Eglée González Lobato como nueva defensora del Pueblo, como parte del proceso de renovación de las autoridades del Poder Ciudadano en Venezuela.
En la misma sesión, el Parlamento también nombró a Larry Devoe como fiscal general, tras las renuncias de los titulares de ambos cargos en febrero.
La juramentación estuvo a cargo del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien destacó que González Lobato “jamás ha militado en un partido político”, lo que —a su juicio— representa una oportunidad en el actual contexto institucional.
Perfil académico y trayectoria profesional
González Lobato es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde también se ha desempeñado como profesora e investigadora. Cuenta con especialización en Derecho Administrativo y ha desarrollado una carrera centrada en el análisis político, institucional y electoral del país.
Actualmente dirige la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la UCV, desde donde ha impulsado espacios de debate sobre participación ciudadana, gobernanza y sistema electoral. Su perfil también incluye trabajo como consultora y analista en temas electorales, así como la autoría y coautoría de publicaciones sobre el sistema electoral venezolano.
A lo largo de su trayectoria, ha estado vinculada a iniciativas relacionadas con la integridad electoral y el fortalecimiento institucional, incluyendo colaboraciones con organismos nacionales e internacionales en materia de procesos democráticos.
Proceso de designación y reacciones
La nueva defensora del Pueblo fue postulada por el diputado David Uzcátegui y obtuvo el respaldo mayoritario de distintas bancadas parlamentarias. Durante la votación, sectores del oficialismo y parte de la oposición coincidieron en destacar su trayectoria profesional y ausencia de militancia partidista activa.
Sin embargo, la designación fue cuestionada por la bancada opositora Libertad. El diputado Henri Falcón rechazó el nombramiento al considerar que no se garantizan condiciones de “idoneidad, autonomía, independencia y pluralidad democrática” en la escogencia de las autoridades.
El proceso también ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones civiles. Un grupo de ONG denunció previamente la falta de reglas claras y públicas en el mecanismo de selección, así como la composición del comité evaluador, integrado principalmente por diputados oficialistas.
Contexto institucional
La designación de González Lobato ocurre tras la presentación del informe final del Comité de Evaluación de Postulaciones ante la Asamblea Nacional, paso previo para la elección de las nuevas autoridades del Poder Ciudadano.
El proceso se inició luego de las renuncias de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero, que contempla la revisión de casos vinculados a presos políticos.
Con estas designaciones, el Parlamento avanza en la reconfiguración de instituciones clave del Estado, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la transparencia y el equilibrio político en los procesos de nombramiento.
