Los trabajadores públicos convocaron a una nueva marcha hacia el Palacio de Miraflores el martes 24 de noviembre para exigir respuestas a sus demandas salariales y laborales, informó Pablo Zambrano, dirigente de la Federación Nacional de los Trabajadores de la Salud (Fetrasalud).
El representante sindical anunció la convocatoria este 20 de noviembre y señaló que la movilización busca obtener una respuesta del Ejecutivo a los reclamos que los trabajadores han presentado en las últimas semanas.
“Vamos a volver a Miraflores, marcharemos el próximo martes a buscar la respuesta que no nos han dado, que no nos han brindado”, expresó Zambrano, en declaraciones para Unión Radio.
La concentración está prevista en la esquina Corazón de Jesús, en la avenida Universidad de Caracas, desde donde los manifestantes se dirigirán hacia la sede del Ejecutivo nacional.
Entre los planteamientos que esperan discutir con las autoridades está la posibilidad de establecer un aumento salarial para 2027, tomando en cuenta el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Al respecto, Zambrano cuestionó, en declaraciones a la prensa, que se considere ese indicador como referencia para futuros ajustes en un contexto que, según afirmó, registra una inflación superior al 300 %.
El dirigente también rechazó que el salario mínimo permanezca en 130 bolívares y cuestionó la política de bonificaciones implementada por el gobierno, al considerar que esos pagos no representan una recuperación efectiva de los ingresos ni garantizan mejores condiciones para los trabajadores.
“Nosotros no vamos a ceder”, insistió.
Gremios rechazan pago de aguinaldos
La convocatoria del 24 de noviembre se produce en medio de una escalada de reclamos de los sectores de salud, educación y universitario, que han intensificado sus acciones de protesta para exigir mejoras salariales, el pago de aguinaldos dignos y la discusión de las contrataciones colectivas.
El 16 de noviembre, trabajadores de distintas regiones del país participaron en un paro nacional de 12 horas. De acuerdo con un balance preliminar del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante esa jornada se registraron 54 protestas simultáneas en 22 estados.
La convocatoria contó con el respaldo de más de 120 organizaciones sindicales y gremiales.
Uno de los principales puntos de desacuerdo entre los trabajadores y el Ejecutivo es el monto de los aguinaldos.
Los sindicatos reclaman un pago de 960 dólares, calculado sobre cuatro meses del ingreso mínimo integral de 240 dólares que solicitan para los empleados públicos.
Sin embargo, el pasado 13 de noviembre algunos trabajadores recibieron un primer desembolso de 67.500 bolívares, equivalente a unos 73,4 dólares, de acuerdo con la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) para el 20 de noviembre. Los representantes gremiales rechazaron el monto por considerarlo insuficiente frente al costo de vida.
La dirigencia sindical también cuestionó que las bonificaciones se utilicen como mecanismo para complementar los ingresos, sin que esto implique un incremento del salario base ni tenga incidencia en el cálculo de prestaciones y otros beneficios laborales.
Reunión con el Ministerio del Trabajo sin acuerdos
Antes de anunciar la nueva movilización, los representantes de los gremios acudieron el 18 de noviembre a una reunión en el Ministerio del Trabajo, en el contexto de las mesas de consensos laborales impulsadas por el Ejecutivo.
El encuentro buscaba encontrar soluciones a las exigencias de los trabajadores, entre ellas la recuperación salarial, el pago de aguinaldos y la revisión de las condiciones establecidas en las convenciones colectivas.
No obstante, el secretario ejecutivo de Fetrasalud señaló que la reunión no dejó respuestas satisfactorias a las solicitudes presentadas por las organizaciones sindicales.
De acuerdo con una publicación de Unión Radio, Zambrano cuestionó que las autoridades mantengan las discusiones sobre posibles mejoras salariales sin ofrecer soluciones inmediatas a los trabajadores.
El dirigente también criticó que el gobierno anuncie ingresos de recursos y crecimiento económico sin que, a su juicio, estos se traduzcan en mejores remuneraciones para los empleados públicos.