A pocas semanas del inicio de la temporada navideña, el acceso vehicular al Parque Nacional Morrocoy continúa condicionado por la paralización de las obras en el puente de Punta Brava luego del doblete sísmico, un cuello de botella que, sumado a los apagones no programados, la escasez de agua y el cobro de impuestos, mantiene en alerta operativa a comerciantes, posaderos y prestadores de servicios en la Costa Oriental del estado Falcón.
El puente de Punta Brava, ubicado en Tucacas, es el paso terrestre habitual para trasladar visitantes y mercancía hacia los cayos y playas de Morrocoy. De acuerdo con Juan Pablo González, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tucacas, más de 600 familias dependen de forma directa o indirecta de la actividad turística de la zona y enfrentan el riesgo de perder los ingresos de la temporada de fin de año si no se habilita un plan de contingencia para el tránsito vehicular.
Cifras aproximadas consultadas con funcionarios de la alcaldía del municipio José Laurencio Silva estiman que la actividad económica ligada directamente a ese lado del puente abarca al menos cinco restaurantes, 43 tolderos, nueve ostreros y 20 caberos, cada uno con un promedio de dos a tres ayudantes. A este grupo se suman lancheros, posaderos, artesanos, tatuadores, vendedores de dulces, masajistas y prestadores de alquiler de botes que operan en el sector.
Los dirigentes gremiales advierten que el problema vial se agrava por el estado de otros puentes en el eje que conecta a Falcón con Carabobo, los cuales —al igual que Punta Brava— presentan daños asociados a los sismos del 24 de junio sin que se hayan ejecutado reparaciones de fondo, además del deterioro de tramos de la carretera Morón-Coro.
Las facturas en alza pese a la crisis de servicios básicos
Más allá del impacto vial, los empresarios de Tucacas, Chichiriviche y Sanare enfrentan un encarecimiento sostenido de su estructura de costos por las fallas en los servicios básicos, una carga que amenaza con trasladarse directamente a las tarifas de alojamiento para los temporadistas.
Oswaldo Cuervo, segundo vicepresidente de Fedecámaras Falcón, detalló que cubrir una jornada de racionamiento eléctrico de seis horas exige un consumo aproximado de 20 litros de combustible en una planta pequeña de 12 kVA —como la de su propio establecimiento—, mientras que los equipos de mayor capacidad utilizados por hoteles y comercios grandes (entre 80 y 120 kVA) demandan entre 80 y 120 litros de combustible por cada bloque de corte de seis horas.
A esto se suma el abastecimiento de agua ante fallas prolongadas en el suministro por tubería. Según Cuervo, un camión cisterna de 10.000 litros cuesta actualmente 40 dólares en Tucacas. Aunque entre semana las posadas pueden operar con un camión para mantenimiento básico, durante los fines de semana de ocupación requieren entre dos y tres cisternas adicionales. «No es rentable dejarlo al bolsillo del propietario, lastimosamente toca meterlo en el costo de una habitación», advirtió.
El dirigente gremial también cuestionó el incremento en la facturación eléctrica en paralelo a los cortes de entre seis y ocho horas diarias, así como los métodos de cobranza de Corpoelec. Citó el caso de un pequeño bodegón de la zona cuya factura mensual subió de 120 a 180 dólares al cambio —un alza del 50 % pese a recibir menos horas de servicio— y al que una comisión acudió con punto de venta en mano bajo advertencia de corte inmediato si no cancelaba en el acto.
Cuervo relató haber vivido una situación similar en su propio comercio cuando tres vehículos con once funcionarios llegaron simultáneamente para exigir el pago: «Llegan todos en grupo y es un acto de amedrentamiento para que pagues obligado«, denunció.
A este panorama se suman daños en equipos por fluctuaciones de voltaje. William Otero, propietario de un hotel en las inmediaciones del puente de Punta Brava, reportó díez aires acondicionados y cinco televisores quemados, mientras que Adrián Chacón, presidente del Bloque Económico de la Costa Oriental de Falcón (Becofal), alertó que los intervalos sin agua por tubería superan el mes y que los gastos operativos «se están comiendo las pocas ganancias que quedan».
Debate técnico sobre el puente de Punta Brava
Sobre la viabilidad de reabrir el paso hacia Morrocoy, Otero sostuvo que la estructura podría operar bajo supervisión si se intervienen las vigas afectadas, trabajo cuyo costo se estimó alrededor de 25.000 dólares.
En contraste, un ingeniero estructural independiente consultado se opuso a permitir el paso vehicular y el aumento de carga sobre la estructura por razones de seguridad, y estimó que la rehabilitación requiere miles de dólares.
El especialista sostuvo que mantener la medida preventiva actual cuenta con respaldo técnico: «Así como se está llevando, es seguro, de hecho, es el consejo de varios ingenieros expertos».
Añadió que el ingeniero estructual japonés Kit Miyamoto y su equipo elaboran el proyecto de reparación previo al apuntalamiento.
Solicitarán públicamente una audiencia con Delcy Rodríguez
Ante la falta de soluciones locales y regionales, el gremio empresarial falconiano prepara una agenda institucional para elevar el caso al Ejecutivo nacional. La próxima semana la directiva de Fedecámaras Falcón se pronunciará sobre la crisis en la entidad.
El objetivo es solicitar formalmente una audiencia con la presidenta encargada Delcy Rodríguez para exponer la emergencia eléctrica, vial y fiscal que atraviesa el estado.
Paralelamente, Becofal y la cámara comercial de Tucacas mantienen cuatro exigencias inmediatas ante las autoridades: cronogramas previsibles de racionamiento eléctrico, regularización del agua por tubería y control de precios de las cisternas, revisión de los impuestos municipales y tasas de aseo urbano, y el inicio urgente de las obras en el puente de Punta Brava y la vía Morón-Coro.
Hasta el momento, ni Corpoelec ni las autoridades municipales, regionales o nacionales han emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias de cobranza ni un cronograma público para la rehabilitación del puente.