El debate sobre el aumento del salario mínimo en Venezuela llegó a su momento más álgido luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometiera hacer un ajuste responsable el 1° de mayo de 2026, cuatro años después del último incremento oficial.
Un ingreso digno para los trabajadores, respaldado por la legislación venezolana, se ha convertido en una necesidad que parece ser innegociable. Esta demanda ha provocado protestas en todo el país por años, pero la ausencia de un ajuste real por parte del Estado también ha tenido como consecuencia la fuga de talento.
Más allá de la voluntad política, los expertos coinciden en que para sostener un aumento salarial, aunque sea de 20 dólares al mes, requiere una serie de cambios, reformas y garantías.
Sostener el sector público
El economista Aaron Olmos explicó que la exigencia de los trabajadores del sector público por un aumento salarial no responde solo a la necesidad de que su ingreso mensual incremento, sino que ese monto sea relevante al calcular sus beneficios laborales como utilidades, vacaciones, liquidación y jubilación.
Dependiendo del sector del que se hable dentro de la administración pública, también existen primas por antigüedad o por formación académica, pero todo esto debe tener un punto de partida que es el salario mínimo de ley.
“Los reclamos de los sindicatos de trabajadores no son que solo haya un aumento, sino que ese aumento mejore las condiciones laborales en cuanto a pasivos, prestaciones y contrataciones colectivas”, indicó Olmos en entrevista para El Diario.
El economista detalló que Venezuela está atravesando una serie de situaciones económicas que pueden representar un ingreso de dinero que podría brindar un flujo de caja suficiente para sostener esa nómina, pero no de forma inmediata.
Los ingresos por la venta de petróleo, los nuevos tratados internacionales para la explotación de gas y minerales, la flexibilización de algunas sanciones estadounidenses e incluso el restablecimiento de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional proyectan un panorama en el que el Estado podría contar con los recursos para dicho ajuste salarial a mediano o largo plazo.
“Tendríamos que hacer el ejercicio de si tenemos 4 millones de trabajadores activos y 2,5 millones de jubilados y pensionados, serían 6,5 millones de salarios que hay que subir a 75, 150 o 200 dólares”.
Aclaró que al multiplicar el monto final por la cantidad de empleados políticos se podría alcanzar el total de las reservas internacionales de Venezuela. No obstante, también señaló que sí es un monto que se puede conseguir solo con la ganancia de la venta de crudo.
“¿Hay capacidad para llegar a ese monto? Sí la hay, fijate que el año pasado se generaron 18,2 millardos de dólares por venta de crudo, pero ese monto no puede pensarse solamente para pagar salarios”, agregó.
Explicó que, de darse ese escenario, el Estado no tendría recursos para operar en otros aspectos y todos los ingresos se limitarían al pago de la nómina pública.
El escenario del sector privado
La realidad del sector privado es muy distinta a la del público, pues los ingresos de cada industria, empresa o negocio dependen de su misma productividad y ganancias. Los productores nacionales y los inversores internacionales han insistido en que el Estado debe aplicar políticas que generen confianza y seguridad para aumentar la productividad
Olmos señaló que el sector empresarial en Venezuela no necesariamente está holgado económicamente, debido a que ante la necesidad de un ingreso digno por parte de sus trabajadores, la empresa privada ha optado por ofrecer bonificaciones que representen un pago mensual que se acerque a sus necesidades.
Estas empresas también tienen una serie de compromisos como pagos a proveedores, servicios básicos e impuestos nacionales y municipales, lo que representa un tren de gastos que será difícil de sostener anualmente si se suma el aumento de las prestaciones sociales de cada trabajador.
Entre las garantías que exige el sector, Olmos mencionó la seguridad jurídica y la estabilidad del tipo de cambio.
“La seguridad jurídica es la garantía de a que cualquier empresario que invierta en el país se le van a respetar todos sus derechos, es protección a sus activos, protección al resultado de su actividad económica, garantía a la libre movilidad y la capacidad de cambiar fácilmente los bolívares a una moneda más favorable”, expresó.
Al facilitar el acceso a las divisas por vías legales como la banca nacional también se debe tener una tasa de cambio razonable y atractiva. Cuestionó que el mercado de subasta de divisas en los bancos maneje un monto inicial de casi 100 bolívares por encima de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) por cada dólar.
El inevitable efecto inflacionario
El economista advirtió que cualquier aumento que se haga en el salario mínimo va a tener un efecto en la inflación, es decir, un alza en los precios en el sector comercial. Esta medida va a ser una respuesta del sector para intentar generar los ingresos para pagar sus nóminas internas. Sin embargo, afectaría al poder adquisitivo de los venezolanos en general.
“Se habla de un aumento escalonado también. Un ejemplo sería aumentar a 50 dólares, para luego subir a 100 y después a 200, pero los comercio igualmente el 1° de mayo aumentaron sus precios en función de los salarios de 200 dólares. Por donde lo vea, sea mucho o sea poco, habrá un efecto inflacionario”, dijo Olmos.
Ante este escenario, el economista señaló que el gobierno podría verse tentado a hacer un control de precios en los productos más básicos. No obstante, la experiencia y el contexto histórico sugiere que esta política llevará a una desaparición de distintos rubros de los anaqueles.
El experto insistió en que un aumento salarial solo como anuncio no representa una solución a la economía venezolana, sino que debe estar acompañado de una serie de políticas que frenen los efectos negativos de un ajuste que no puedan sostener el sector privado ni público.
Un ajuste uniforme es poco viable
Para el abogado Andrés Guevara, máster en Finanzas, el concepto de un salario mínimo fijado por ley no es necesariamente el sinónimo de un ingreso digno ni ajustado a las necesidades del país. Explicó que en naciones como Noruega, Suecia, Dinamarca, Suiza, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos no tienen políticas de salarios mínimos, porque sus economías generan lo suficiente para que los trabajadores tengan sueldos acordes al costo de vida.
“Producto de todas las distorsiones macroeconómicas que hay, te enfrentas a la disyuntiva en la que un ajuste del salario mínimo requiere dos cosas: la primera son los recursos para que el salario mínimo se haga en términos reales y no nominales, porque de nada sirve aumentar en bolívares, y lo otro es cómo encajar esto en la estructura de la ley laboral”, expresó Guevara para El Diario.
El abogado comparte con Olmos la visión de que el anuncio de un aumento debe venir acompañado de otras políticas o medidas económicas.
“La gran pregunta es si el Estado y los entes reguladores están dispuestos a flexibilizar el sistema laboral para poder aumentar el salario como tal sin que los negocios vayan a la quiebra”, indicó.
Esa flexibilización podría estar orientada a que se haga un ajuste distinto a cada sector de la economía, con base a las prioridades nacionales y a si cada empresa tiene los recursos para sostener ese incremento. Sostuvo que dos de los sectores públicos que más necesitan el ajuste son la salud y la educación.
Explicó que un aumento de salario uniforme para todos los trabajadores no tiene el mismo impacto en una empresa que genera 40 mil dólares que en una que factura 500 mil dólares, por lo que cree que son aspectos que deben considerarse al tomar la decisión de incrementar
“No ha habido un crecimiento de la economía que logré justificar el incremento del salario, sino que sería más un tema de decreto. Al final eso es un problema porque el aumento no se está basando en la productividad (…) Paradójicamente el incremento serviría más bien para desincentivar la nuevas contrataciones y por otro lado le sirve como escudo al empresario para decir que paga el mínimo porque es lo que está en la ley”, argumentó.
La carga tributaria como obstáculo
Un porcentaje relevante de las ganancias en cada empresa van destinadas a los compromisos fiscales con el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y con las alcaldías.
Los voceros del sector industrial ya han alertado que la excesiva carga tributaria les impide incrementar la productividad y pagar salarios más competitivos.
Guevara y Olmos coincidieron en que una reforma o reducción en los impuestos podría ser un alivio para que las empresas paguen el aumento a sus trabajadores mientras aumentan su productividad y generan las ganancias necesarias.
“Si tú bajas la carga tributaria. puedes destinar parte de eso al crecimiento empresarial y al ser más productivo. Al tener más utilidad, tú puedes tender a mejorar las condiciones de los trabajadores. Irónicamente le haces un mal al Estado, entre comillas, porque los tributos se los paga al gobierno nacional y regional”, indicó Guevara.
El abogado aclaró que aligerar esa carga le permitiría a cada empresa decidir qué hacer con esos recursos y, si toma buenas decisiones, representaría una mejora para ese negocio. “Si te va bien, empiezas a contratar más personal”.
El experto en finanzas mencionó que la Alcaldía de Baruta recientemente adoptó una iniciativa de alivios fiscales para las empresas que instalen sus sede en el municipio, lo que calificó como un ejemplo positivo que se puede replicar a distintas escalas, pero que también requiere una voluntad política para renunciar a ingresos fiscales en beneficio del sector privado.
Olmos, por su parte, explicó que los compromisos tributarios pueden representar en algunos casos hasta el 60 % de las ganancias de un empresa y que, en ocasiones, un error como pasarse una fecha de pago ante el seniat puede acarrear multas impagables para algunos negocios.
“Esto hace sentir que el ejecutivo a través de su política impositiva no está acompañando al empresario, porque toda esas carga para muchos es insostenible y le está quitando la capacidad que tiene el empresario de hacer cosas con ese dinero como el pago de nóminas, saldar deudas, comprar insumos o invertir en su productividad”, agregó el economista.
En ese sentido, un aumento salarial acompañado de una reforma tributaria podría ser una alternativa a explorar por parte del gobierno encargado. Progresivamente es necesario emplear políticas que incentiven la productividad y generen confianza en el mercado.
