La muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, bajo custodia del Estado, ha desatado una ola de indignación y exigencias de justicia en diversos sectores de Venezuela. El hecho se produjo luego de que el gobierno confirmara este jueves 7 de mayo que el detenido falleció hace casi un año en un hospital, tras meses de denuncias sobre su paradero desconocido.
Organizaciones no gubernamentales (ONG), partidos políticos, activistas y la Defensoría del Pueblo lamentaron el deceso y reclamaron una investigación exhaustiva e independiente. Este suceso ha revivido las denuncias sobre las condiciones de reclusión, el respeto a los derechos humanos y la impunidad en el sistema judicial que la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca reformar.
“Es imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos”, señaló la Defensoría en un comunicado. Por su parte, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal y ordenó realizar con prontitud la exhumación del cadáver.
Detalles sobre la detención y el deceso
Quero, de 51 años, permanecía detenido desde enero de 2025. Según datos de la ONG Foro Penal, el motivo de su arresto se vinculaba a su pasado institucional, dado que supuestamente prestó servicio militar en 2023. Su madre, Carmen Navas, denunció durante meses la desaparición de su hijo hasta que el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó el deceso esta semana.
El reporte oficial indica que Quero estaba recluido en la cárcel El Rodeo I y fue trasladado a un hospital el 15 de julio de 2025 por una hemorragia digestiva. Falleció 10 días después por insuficiencia respiratoria. El ministerio alegó que el detenido no suministró datos familiares, argumento que fue rechazado por las organizaciones civiles.
Denuncias de desaparición forzada
La organización Justicia, Encuentro y Perdón señaló que el supuesto desconocimiento de los vínculos familiares “carece de sustento”, asegurando que la madre del fallecido realizó múltiples diligencias ante la Fiscalía. Asimismo, Alfredo Romero, director de Foro Penal, denunció que a la familia se le negó sistemáticamente información sobre su paradero en el centro de reclusión.
Líderes de la oposición calificaron lo sucedido como una “ejecución administrativa del olvido”. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela afirmó que no se trata de un fallecimiento común, sino de un hecho generado por la falta de garantías en los centros de detención.
De acuerdo con registros de Foro Penal, hasta diciembre pasado se contabilizaban 17 presos políticos fallecidos en custodia del Estado desde 2014. Actualmente, la organización cifra en 454 el número de personas detenidas por motivos políticos, a pesar de la ley de amnistía aprobada en febrero pasado.
