Luego de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó la muerte del preso político Víctor Hugo Quero, organizaciones no gubernamentales (ONG) han exigido que se realice una investigación independiente por el caso, conforme a lo establecido en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas de 2016.
“La investigación no puede quedar bajo control de las mismas instituciones estatales responsables de la custodia de la víctima, especialmente cuando existen elementos objetivos que comprometen la transparencia y credibilidad de la actuación oficial”, escribió la ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP) en su cuenta de X.
La organización exigió que se abriera una investigación independiente, exhaustiva e imparcial, conforme a los estándares del Protocolo de Minnesota.
Por su parte, el vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, recalcó que para la investigación de cualquier muerte “potencialmente ilícita” existe el Protocolo de Minnesota de 2016. Agregó que en estos casos se encuentran las personas que mueren detenidas o bajo custodia del Estado.
¿Qué es el Protocolo de Minnesota 2016 y qué casos cubre?
El llamado Protocolo de Minnesota (2016) fue lanzado oficialmente en 2017 y es un instrumento internacional elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este reglamento establece estándares para investigar muertes potencialmente ilícitas, especialmente aquellas en las que podría existir responsabilidad del Estado o de sus agentes.
El documento fija principios y directrices para garantizar investigaciones independientes, imparciales y efectivas en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o fallecimientos bajo custodia estatal.
De acuerdo con el párrafo 2 del protocolo, entre las muertes consideradas “potencialmente ilícitas” están las personas detenidas o que se encontraban bajo custodia del Estado, sus órganos o agentes.
“Incluye este supuesto, por ejemplo, todas las muertes de personas detenidas en prisiones, en otros lugares de reclusión (oficiales y de otro tipo) y en otras instalaciones donde el Estado ejerce un mayor control sobre su vida”, dice el documento.
También precisa que entre estas muertes aplican aquellas que hayan sido resultado del “incumplimiento por el Estado de su obligación de proteger la vida”, como casos en que las víctimas enfrenten amenazas externas previsibles o actos de violencia por agentes estatales.
Además, el protocolo contempla muertes causadas por actos u omisiones del Estado, así como de organismos paramilitares, milicias, fuerzas militares o empresas de seguridad privada que actúen en ejercicio de funciones estatales.
Sobre el caso de Víctor Quero
El 7 de mayo, el gobierno confirmó la muerte de Víctor Quero, un hombre de 51 años de edad a quien su madre, Carmen Navas, estuvo buscando durante más de un año tras su detención en enero de 2025.
El anuncio del Ministerio para el Servicio Penitenciario se produjo luego de que, el 4 de mayo, Navas exigió públicamente una fe de vida de su hijo y denunció que llevaba más de un año sin saber de su paradero.
Según el documento oficial, Quero fue detenido el 3 de enero de 2025 y recluido en el Internado Judicial Rodeo I. El ministerio aseguró que el preso murió el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.
De acuerdo con el comunicado, la causa de muerte fue una “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”, información que, según el gobierno, consta en el acta de defunción registrada el 30 de julio de 2025.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario afirmó que, durante el proceso de reclusión, Quero “no suministró datos sobre vínculos filiatorios” y que ningún familiar acudió a solicitar una visita formal.
El comunicado también señaló que, debido a la “ausencia” de familiares, el Estado procedió a la inhumación de sus restos el 30 de julio de 2025 “en cumplimiento de los protocolos de ley”.
Lo que dicen las ONG
El mismo 4 de mayo, la abogada de Foro Penal, Stefanía Migliorini, afirmó que la organización había denunciado el caso ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, además de intentar introducir un habeas corpus que, según dijo, no fue recibido por tribunales.
Por su parte, Gonzalo Himiob declaró a la agencia EFE que Quero fue interceptado el 1° de enero de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) cerca de una plaza en Caracas.
Himiob indicó que el hombre habría sido procesado por presuntos delitos de traición a la patria, conspiración y terrorismo debido a una supuesta vinculación previa con el servicio militar.
El 6 de mayo, el abogado Moisés Gutiérrez, integrante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, detalló que el Tribunal Segundo de Control rechazó la solicitud de amnistía presentada a favor de Víctor Hugo Quero Navas, quien para ese momento era considerado por familiares y ONG como un detenido desaparecido. Según explicó, el tribunal argumentó que los delitos imputados no calificaban para los beneficios contemplados en la Ley de Amnistía.
Tras lo ocurrido, el 7 de mayo, el Ministerio Público anunció una investigación penal por la muerte de Víctor Quero. Además, ordenó la exhumación del cadáver, que se llevó a cabo el 8 de mayo.
