El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el 13 de mayo que aumentó a al menos 16 el número de personas privadas de libertad que murieron bajo custodia del Estado venezolano entre abril y la primera quincena de mayo de 2026.
La organización informó que la víctima más reciente fue identificada como Gregorio Antonio Arias, quien se encontraba recluido en la Comunidad Penitenciaria de Coro, estado Falcón. Su fallecimiento se suma a una lista de muertes registradas en distintos penales y calabozos policiales del país.
Según el OVP, desde abril se han reportado muertes en centros de reclusión como el Rodeo III, Rodeo IV, Uribana, Tocuyito, El Marite, Fénix Lara, Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, calabozos de la Policía Municipal de Anaco y Yare II.
Sobre el caso de los muertos en Yare II, las autoridades manejaron la hipótesis de un presunto motín, sin embargo, familiares denunciaron que los cuerpos presentaban heridas por arma de fuego.
“Todo esto ocurre mientras el Estado venezolano viola flagrantemente el artículo 43 de la Constitución, que establece que ‘el derecho a la vida es inviolable (…) Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla (…) El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad’, lo que cada vez se asemeja más a una operación de exterminio silenciosa dentro de los penales”, escribió el OVP en su cuenta de X.
La organización advirtió que la situación “cada vez se asemeja más a una operación de exterminio silenciosa dentro de los penales”, al tiempo que señaló que detrás de las estadísticas existen casos de reclusos que enfermaron sin recibir atención médica y familias obligadas a cubrir gastos de medicamentos, alimentos e insumos básicos.
“La crisis penitenciaria venezolana ya no puede medirse solo por el número de centros colapsados, sino por la cantidad de cuerpos que siguen saliendo de ellos”, agregó.
El OVP exigió una investigación “exhaustiva e imparcial” sobre cada una de las muertes y aseguró que los casos continúan siendo documentados y remitidos ante instancias del sistema interamericano y universal de protección de derechos humanos.
Privados de libertad en riesgo
En su informe anual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reseñó las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas en Venezuela. Recalcó que los privados de libertad se enfrentan a una infraestructura deplorable, sobrepoblación e insalubridad en las cárceles.
Mencionó la muerte de 40 personas, principalmente por razones de salud y falta de atención médica oportuna.
En el informe también detalló las denuncias previas sobre la persistencia de actos de tortura y malos tratos en los calabozos.
“La Comisión reitera que los Estados, como garantes de las personas bajo su custodia, tienen la obligación de asegurar a las personas encarceladas condiciones de detención compatibles con la dignidad humana. Estas incluyen, entre otras, una infraestructura adecuada, servicios de salud oportunos, adecuados y especializados. En adición, recuerda la prohibición absoluta de toda forma de tortura o maltrato, y urge al Estado adoptar medidas urgentes para combatir estos actos”, dice parte del texto.
