Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) registró que 21 personas se encuentran en condición de desaparición forzada en Venezuela. De la cifra total, 14 son hombres y 17 mujeres, según la organización no gubernamental (ONG).
- ¿Qué es la desaparición forzada?
- ¿Cuándo comenzaron en Venezuela?
- Las detenciones y desapariciones forzadas están vinculadas
- Algunos de los casos registrados por JEP
- Lo que viven los familiares de los desaparecidos
- El caso de Víctor Hugo Quero Navas
- Recomendaciones para familiares de víctimas de desaparición forzada
JEP también señaló que Caracas, el centro político del poder, es el epicentro de las aprehensiones en Venezuela, debido a que denunciaron unas 15 en la capital.
“Estos datos evidencian el desarrollo de lo que organismos internacionales denominan ‘desapariciones de corta duración’, un método que busca maximizar la vulnerabilidad en las horas críticas tras la aprehensión y que, en diversos casos, se extiende de forma indefinida”, agregó en una publicación en su página web.
Martha Tineo, cofundadora y coordinadora general de JEP, aclaró que esta cifra representa solo los casos que han podido documentar como organización. Además, estos números pueden seguir aumentando por diferentes factores.
“La realidad es que el nivel de opacidad del Estado hace que muchos casos nunca lleguen a las organizaciones de derechos humanos. Las familias tienen miedo, muchas son amenazadas, otras no saben a quién acudir. Los altos niveles de desapariciones forzadas han mantenido ocultos un gran número de casos de presos políticos que no se conocían”, dijo en entrevista para El Diario.
¿Qué es la desaparición forzada?
Tineo explicó que una persona es víctima de desaparición forzada cuando se encuentra bajo “el control absoluto del Estado”, en aislamiento, sin defensa jurídica y sin que se admita su reclusión.
“Eventualmente, el detenido reaparece al ser presentado de forma tardía en un tribunal o cuando finalmente se reconoce su lugar de reclusión, pero el proceso penal de la prisión política inicia casi siempre bajo el manto de la desaparición”, añadió.
En este sentido, JEP ha identificado dos patrones de casos de desapariciones forzadas en Venezuela:
-Personas recluidas y trasladadas a otro recinto de forma arbitraria, sin notificar a tribunales, abogados ni familiares.
-Detenidos directamente por cuerpos de seguridad que jamás han vuelto a ser vistos por sus familias.
¿Cuándo comenzaron en Venezuela?
Aunque en el pasado se registraron violaciones a los derechos humanos de forma aislada, la desaparición forzada empleada como una herramienta sistemática y como una política de Estado orientada a la persecución de la disidencia política cobró una fuerza alarmante a partir del año 2014, explicó Tineo.
“Con el estallido de las protestas masivas de ese periodo, documentamos un quiebre en el comportamiento institucional: las fuerzas de seguridad estatales comenzaron a ocultar deliberadamente el paradero de los ciudadanos capturados de forma habitual”, agregó.
La coordinadora general de JEP explicó que tienen más de una década registrando cómo esta práctica se “ha perfeccionado, prolongado e institucionalizado como un mecanismo para infundir terror y facilitar la tortura sin testigos”.
Desde el año 2020, esta ONG impulsó el Museo de la Memoria y la Represión, un espacio en donde se resguardan las crónicas, perfiles y datos de más de 330 víctimas fatales de la violencia estatal. Tineo aseveró que con esto buscan que “el olvido no gane terreno”.
Las detenciones y desapariciones forzadas están vinculadas
De acuerdo con Tineo, las desapariciones forzadas y las detenciones de presos políticos no son fenómenos independientes en el contexto venezolano y están “íntimamente vinculadas”.
“El patrón predominante y más documentado en el país es el de la desaparición forzada a corto o mediano plazo, y esto lo confirman los distintos informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (FFM)”, indicó.
Además, recordó que estas acciones constituyen “crímenes de lesa humanidad” que forman parte de una política de Estado para “sofocar” a quienes perciben como la disidencia en Venezuela.
“Cuando una persona es víctima de una detención por motivos políticos, la regla general es que durante las primeras horas, días o incluso semanas, las autoridades nieguen sistemáticamente el arresto”, afirmó Tineo.
Esta situación lleva a los familiares a recorrer diferentes centros de detención, tal y como se vio en los casos de Carmen Teresa Navas y como sigue ocurriendo con Beatriz de Marino.
Algunos de los casos registrados por JEP
La ONG realiza un seguimiento de varios de los casos de las personas víctimas de desaparición forzada en Venezuela, entre los que figuran los siguientes:
Hugo Marino Salas
Hugo Marino Salas, un buzo profesional especializado en rescate submarino, se encuentra desaparecido tras su detención el 20 de abril de 2019 en el Aeropuerto de Maiquetía. Hasta el momento, el Estado no ha ofrecido una sola versión veraz sobre su paradero, salud o situación legal.
“Su caso es una de las deudas más profundas del Estado venezolano; Marino poseía conocimientos técnicos críticos en salvamento y rastreos. Hoy, su madre Beatriz Marino, de 83 años de edad, representa la lucha contra el tiempo y el olvido”, señaló JEP.
Jorgen Yoneiker Guanares Delgado
Detenido el 2 de agosto de 2024 en el estado Táchira por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) bajo cargos de “terrorismo” tras participar en el ejercicio ciudadano de reconteo de votos.
Aunque inicialmente se admitió su custodia, su madre, María Emely Delgado, ha denunciado que desde entonces que ha recibido información nula o contradictoria.
“Tras más de 21 meses de exigencia constante de una ‘fe de vida’, su caso ilustra la criminalización de la defensa del voto y las dificultades de los familiares, como su madre, recorren centros de detención sin obtener más que silencio y opacidad”, mencionó JEP sobre este caso.
Henry Castillo Molero
La detención de Henry Castillo Molero se llevó a cabo en enero de 2025 durante un operativo de la DGCIM. Su caso expone “una faceta alarmante” del patrón de sippenhaft, la utilización de familiares como “rehenes”, para presionar la entrega de terceros, en este caso, su sobrino Christian Hernández, vinculado por el gobierno a la llamada Operación Oro.
“A pesar de que Hernández se encuentra en el exilio, Castillo Molero permanece en desaparición forzada, evidenciando que el Estado utiliza la libertad de los ciudadanos como una ficha de canje en sus operativos de inteligencia”, aseguró JEP sobre el caso.
Lo que viven los familiares de los desaparecidos
JEP también indicó que los familiares de las personas que se encuentran sometidas a un “mareo” constante de trámites inútiles:
-Inconsistencias en los expedientes: JEP señala que se construyen narrativas para justificar la ausencia o se niega sistemáticamente la existencia de la persona en custodia.
-La erosión del “no saber”: la incertidumbre se describe como “una forma de tortura psicológica”, debido a que no saber si un ser querido está vivo o muerto genera “una parálisis existencial”.
-La indefensión ante el organismo: la ONG señala a instancias como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que actúan con frecuencia como filtros burocráticos en lugar de ejercer su rol de investigación activa.
“Detrás de cada expediente negado y de cada pasillo de tribunal recorrido en vano, queda el vacío de una silla que no se ocupa y de un abrazo que el Estado ha decidido secuestrar. La desaparición forzosa no es solo un vacío jurídico, es un asalto a la esperanza de los padres, esposas e hijos que cada mañana despiertan en el abismo del no saber”, aseguró la ONG.
Asimismo, JEP insistió en la reparación de una respuesta a los familiares de las víctimas de desaparición forzada para poder lograr la “reconstrucción” de Venezuela.
El caso de Víctor Hugo Quero Navas
Sobre el caso de Víctor Hugo Quero Navas, la coordinadora general de JEP consideró que representa “una de las manifestaciones más perversas, extremas y dolorosas de este crimen”.
“Su deceso ocurrió bajo la custodia del Estado el año pasado; sin embargo, las autoridades ocultaron deliberadamente su fallecimiento y su paradero a su madre, Carmen Navas, durante casi 10 meses, ignorando sus constantes súplicas y denuncias públicas”, afirmó.
Consideró que la diferencia “trágica y alarmante” con respecto a otros casos comunes es que la desaparición forzada no se utilizó temporalmente para interrogar o aislar a un prisionero vivo, sino para “esconder un cadáver y encubrir una muerte ocurrida en custodia estatal».
Además, destacó “el papel extraordinario” de Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero Navas, quien también falleció 10 días después de conocerse la noticia sobre la muerte de su hijo.
“La presencia de su madre en medios de comunicación e instituciones hizo que el caso ganara notoriedad. Lamentablemente, esa notoriedad no es la norma. Hay familias que no tienen esa capacidad, esa persistencia, o que simplemente tienen más miedo. El caso de Víctor también evidenció algo que ya sabíamos pero que se hizo visible ante el país: el Estado falló en su deber de garantía y protección. Y el desenlace fue el más doloroso posible”, agregó.
JEP fue una de las organizaciones que acompañó a Carmen Teresa Navas en su búsqueda incansable del paradero de su hijo desaparecido.
Recomendaciones para familiares de víctimas de desaparición forzada
Martha Tineo insistió en que los familiares que tengan a un ser querido que es víctima de desaparición forzada “no están solos y que deben buscar acompañamiento jurídico de confianza de inmediato”. Además, ofreció las siguientes recomendaciones:
-Documentar de manera minuciosa: registrar el día, la hora exacta, las características de los vehículos implicados, las vestimentas o insignias de los funcionarios que ejecutaron la captura. También deben anotar los nombres de los funcionarios que niegan la información en cada centro de detención visitado.
-Buscar redes de apoyo y acompañamiento: acudir de inmediato a las organizaciones de derechos humanos para activar los mecanismos de alerta ante las instancias internacionales de protección de DDHH.
“Eso luego alimenta las denuncias ante el sistema interamericano, ante la CIDH, ante el Grupo de Trabajo de la ONU. Una vez agotados los recursos nacionales, esas instancias verifican la información, certifican las denuncias, reconocen la desaparición y ofician al Estado venezolano”, agregó.
Aunque apuntó que estas instancias internacionales “no traen a los familiares de vuelta de inmediato”, sirven para generar presión y visibilidad. Además, destacó que “la visibilidad en estos casos puede salvar vidas”.
