Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) registró que 21 personas se encuentran en condición de desaparición forzada en Venezuela. De la cifra total, 14 son hombres y 17 mujeres, según la organización no gubernamental (ONG).
JEP también señaló que Caracas, el centro político del poder, es el epicentro de las aprehensiones en Venezuela, debido a que denunciaron unas 15 en la capital.
“Estos datos evidencian el desarrollo de lo que organismos internacionales denominan ‘desapariciones de corta duración’, un método que busca maximizar la vulnerabilidad en las horas críticas tras la aprehensión y que, en diversos casos, se extiende de forma indefinida”, agregó en una publicación en su página web.
Algunos de los casos registrados por JEP
La ONG realiza un seguimiento de varios de los casos de las personas víctimas de desaparición forzada en Venezuela, entre los que figuran los siguientes:
Hugo Marino Salas
Hugo Marino Salas, un buzo profesional especializado en rescate submarino, se encuentra desaparecido tras su detención el 20 de abril de 2019 en el Aeropuerto de Maiquetía. Hasta el momento, el Estado no ha ofrecido una sola versión veraz sobre su paradero, salud o situación legal.
“Su caso es una de las deudas más profundas del Estado venezolano; Marino poseía conocimientos técnicos críticos en salvamento y rastreos. Hoy, su madre Beatriz Marino, de 83 años de edad, representa la lucha contra el tiempo y el olvido”, señaló JEP.
Jorgen Yoneiker Guanares Delgado
Detenido el 2 de agosto de 2024 en el estado Táchira por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) bajo cargos de “terrorismo” tras participar en el ejercicio ciudadano de reconteo de votos.
Aunque inicialmente se admitió su custodia, su madre, María Emely Delgado, ha denunciado que desde entonces que ha recibido información nula o contradictoria.
“Tras más de 21 meses de exigencia constante de una ‘fe de vida’, su caso ilustra la criminalización de la defensa del voto y las dificultades de los familiares, como su madre, recorren centros de detención sin obtener más que silencio y opacidad”, mencionó JEP sobre este caso.
Henry Castillo Molero
La detención de Henry Castillo Molero se llevó a cabo en enero de 2025 durante un operativo de la DGCIM. Su caso expone “una faceta alarmante” del patrón de sippenhaft, la utilización de familiares como “rehenes”, para presionar la entrega de terceros, en este caso, su sobrino Christian Hernández, vinculado por el gobierno a la llamada Operación Oro.
“A pesar de que Hernández se encuentra en el exilio, Castillo Molero permanece en desaparición forzada, evidenciando que el Estado utiliza la libertad de los ciudadanos como una ficha de canje en sus operativos de inteligencia”, aseguró JEP sobre el caso.
Lo que viven los familiares de los desaparecidos
JEP también indicó que los familiares de las personas que se encuentran sometidas a un “mareo” constante de trámites inútiles:
-Inconsistencias en los expedientes: JEP señala que se construyen narrativas para justificar la ausencia o se niega sistemáticamente la existencia de la persona en custodia.
-La erosión del “no saber”: la incertidumbre se describe como “una forma de tortura psicológica”, debido a que no saber si un ser querido está vivo o muerto genera “una parálisis existencial”.
-La indefensión ante el organismo: la ONG señala a instancias como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que actúan con frecuencia como filtros burocráticos en lugar de ejercer su rol de investigación activa.
“Detrás de cada expediente negado y de cada pasillo de tribunal recorrido en vano, queda el vacío de una silla que no se ocupa y de un abrazo que el Estado ha decidido secuestrar. La desaparición forzosa no es solo un vacío jurídico, es un asalto a la esperanza de los padres, esposas e hijos que cada mañana despiertan en el abismo del no saber”, aseguró la ONG.
Asimismo, JEP insistió en la reparación de una respuesta a los familiares de las víctimas de desaparición forzada para poder lograr la “reconstrucción” de Venezuela.
