El entramado legal, administrativo y diplomático que rodea al ciudadano de origen colombiano Alex Saab despertó curiosidad dentro de la comunidad jurídica en el país, antes de su deportación desde Venezuela, el empresario ejerció funciones dentro del gobierno.
La trayectoria de Saab en el país transitó desde la adjudicación de contratos millonarios de suministro estatal hasta el ejercicio de funciones de representación diplomática internacional y la posterior designación como Ministro de Industrias y Producción Nacional.
Sin embargo, los acontecimientos registrados durante el mes de mayo de 2026, caracterizados por su detención en la ciudad de Caracas por comisiones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), seguidos de su salida hacia Estados Unidos, reabrieron el debate sobre los límites de la soberanía jurídica, la regularidad de los procesos de naturalización y los mecanismos de expulsión administrativa empleados por el Estado.
La abogada penalista Lucía Lorenzo explicó, en entrevista para El Diario, que el principio de no extradición de nacionales se fundamenta en la presunción de legitimidad de los documentos que acreditan el vínculo civil con el Estado.
Lorenzo precisó que las autoridades estadounidenses y los tribunales internacionales descartaron de forma sistemática el título diplomático invocado por la defensa de Saab durante su primer proceso judicial en Miami.
“Las reglas del derecho internacional cambian de manera drástica cuando se demuestra que una condición de naturalización es irregular, debido a que el fraude destruye los efectos del acto administrativo desde su origen, lo que priva al individuo del amparo constitucional que prohíbe la entrega de connacionales a jurisdicciones extranjeras”, detalló la abogada.
¿Cómo pudo Saab convertirse en ministro en Venezuela?
La controversia central desde la perspectiva del derecho público radica en cómo un ciudadano extranjero logró sortear las restricciones constitucionales y legales venezolanas para administrar fondos públicos, recibir credenciales de inmunidad diplomática y encabezar una cartera ministerial, para luego ser desconocido como connacional por las mismas instituciones que lo promovieron.
Mientras sectores gubernamentales argumentaron el desmontaje de un fraude de identidad para justificar la entrega a la justicia estadounidense, académicos y penalistas independientes advierten sobre la existencia de precedentes complejos en materia de seguridad jurídica y la aplicación de procedimientos migratorios extraordinarios que sustituyen los canales formales de los tratados de extradición bilaterales.
Para comprender el núcleo del debate es necesario examinar el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece una prohibición de carácter absoluto respecto a la extradición de ciudadanos venezolanos.
Este precepto protector rige tanto para los nacionales por nacimiento como para aquellos que hayan adquirido la condición de ciudadanos por naturalización mediante las cartas de naturaleza correspondientes.
Históricamente, la administración de Nicolás Maduro utilizó este marco normativo como el argumento principal de su estrategia de defensa tras la captura inicial de Saab en Cabo Verde en junio de 2020.
En aquel momento, la Cancillería venezolana alegó que el empresario poseía la condición de venezolano y ostentaba el cargo de enviado especial con rango diplomático, un estatus que, según la tesis oficial de la época, le confería inmunidad jurisdiccional frente a terceros Estados.
Sobre esto, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Carlos Apitz, expuso en entrevista para El Diario una perspectiva crítica respecto a la forma en que las instituciones locales manejaron el estatus civil del implicado.
Apitz recordó que la legislación venezolana no discrimina entre los derechos de protección de un nacional por nacimiento y uno por naturalización al momento de evaluar una solicitud de extradición.
La razón por la que Saab pudo ser ministro en Venezuela la explicó el académico al puntualizar que existía una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2022 que ratificaba formalmente la condición de venezolano de Saab, y que sus nombramientos e identificaciones como ciudadano naturalizado constaban en los registros oficiales y en Gaceta Oficial.
La naturalización en Venezuela es el proceso legal para que un ciudadano extranjero adquiera la nacionalidad venezolana y obtenga los mismos derechos y deberes que una persona nacida en el país.
Este derecho está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 36, y regulado por la Ley Orgánica de Resonancia Político-Territorial, la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, y gestionado a través del Saime.
El acto administrativo mediante el cual el Ejecutivo otorga la ciudadanía se denomina Carta de Naturaleza y es potestad discrecional del Estado, no obstante, para que tenga validez legal, el otorgamiento debe ser publicado en Gaceta Oficial, que, de acuerdo con el abogado Apitz, ocurrió formalmente en el caso de Saab.
Debido a su naturalización como ciudadano venezolano, no existían trabas legales para que Saab ejerciera un cargo dentro del gobierno.
Desde el punto de vista del decano de la UCV, la desincorporación o nulidad de una carta de naturaleza válidamente publicada requiere la ejecución previa de un procedimiento judicial de anulación de la naturalización, un requisito formal que, de acuerdo con su análisis técnico, no fue tramitado formalmente antes de proceder con las medidas de fuerza ejecutadas en mayo de 2026 para enviarlo a EE UU.
La tesis del fraude administrativo
El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, sostuvo públicamente que las investigaciones internas determinaron que la documentación que sustentaba la supuesta naturalización del empresario de Barranquilla había sido obtenida mediante mecanismos fraudulentos.
El funcionario gubernamental indicó que tras una revisión de los archivos de identificación en el Servicio Administrativo de Identificación, MIgración y Extranjería (Saime) se constató la inexistencia de expedientes reales, antecedentes administrativos y soportes técnicos que dieran base legal a la emisión de la carta de naturaleza y la cédula de identidad correspondiente.
Este giro en la postura del Estado venezolano alteró de forma directa el tratamiento jurídico aplicable al caso.
En ese sentido, Lorenzo resaltó que el impacto legal de esta declaratoria institucional implica que, para los efectos de Venezuela, Saab perdió el estatus de connacional y pasó a ser considerado formalmente como un ciudadano extranjero de nacionalidad colombiana.
“Al carecer de validez jurídica los documentos locales que alegaba poseer, el blindaje constitucional consagrado en el artículo 69 de la Carta Magna se desvanece por completo. En consecuencia, el Estado venezolano cesa en su obligación legal de amparar al individuo bajo el principio de no extradición, lo que abre el camino para la aplicación de las normativas vigentes en la legislación migratoria interna y los convenios de cooperación policial”, señaló.
Sin embargo, el decano Apitz calificó el cambio de narrativa institucional como una “pirueta jurídica contradictoria” por parte de los órganos estatales. El jurista argumentó que las mismas autoridades que calificaron a Saab como una figura fundamental del Estado, que promovió su designación como ministro tras su regreso a Caracas a finales del año 2023 luego del indulto presidencial otorgado por la administración de Joe Biden, pasaron a referirse a él como un ciudadano extranjero sin derechos de permanencia legal.
Apitz sugirió que este viraje procedimental responde a presiones y acuerdos políticos indirectos que se ejecutan al margen de las garantías judiciales tradicionales, por lo que utilizaron la figura del fraude de identidad como un mecanismo expedito para facilitar su salida del territorio nacional sin necesidad de agotar los lapsos de un juicio ordinario.
No obstante, los expertos consultados por El Diario coincidieron en que mientras Saab estuvo en el país fue reconocido como un ciudadano venezolano lo que le permitió ejercer cargos dentro del gobierno de Nicolás Maduro sin problemas.
La vía de la expulsión migratoria
Entre Venezuela y EE UU existe un Tratado de Extradición bilateral que data del año 1922, el cual exige el cumplimiento del principio de doble incriminación y estipula que si las penas previstas en el país requirente superan los máximos legales del país requerido, el proceso puede ser rechazado.
Para poder enviar a Saab a territorio estadounidense debían declarar que no era un ciudadano venezolano, y ante la limitante técnica, las autoridades venezolanas optaron por desestimar la vía de la extradición formal y recurrir a las facultades que otorga la Ley de Extranjería y Migración.
Lorenzo explicó que la entrega no se ejecutó estrictamente bajo los protocolos de asistencia judicial internacional, sino bajo el cumplimiento de las normativas administrativas que rigen la permanencia de extranjeros en el país.
“Al decretarse la nulidad de su nacionalidad venezolana por motivos de fraude, Saab quedó configurado jurídicamente como un ciudadano indocumentado y en situación irregular dentro del territorio nacional. Bajo este esquema, el Ministerio del Interior posee la potestad discrecional de ordenar la expulsión y deportación inmediata de cualquier extranjero que vulnere las normativas locales”, señaló.
Este procedimiento migratorio es el que permitió la actuación de las comisiones de seguridad en Caracas y la posterior entrega del empresario a los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE UU.
No obstante, Apitz puntualizó que la aplicación de una medida de deportación ordinaria contiene una obligación implícita de retornar al ciudadano a su país de origen biológico o de procedencia legal, que en este caso específico corresponde a Colombia.
El decano de la UCV detalló que el envío directo de Saab hacia una jurisdicción estadounidense, donde se le sigue un proceso judicial independiente, desnaturaliza la figura de la deportación migratoria y la transforma en una entrega por conveniencia política, un procedimiento que, desde su perspectiva, carece de sustento en los manuales del derecho procesal internacional y evidencia un vacío legal en la ejecución del resguardo soberano.
Los cargos de EE UU contra Saab
La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida mantiene activo el expediente judicial en contra de Saab, fundamentado principalmente en cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y mecanismos de corrupción vinculados a la obtención de contratos estatales de alimentación y vivienda en Venezuela.
Las investigaciones conducidas por el Departamento de Justicia estadounidense señalaron que el empresario coordinó una red financiera transnacional destinada a desviar fondos públicos a través de cuentas bancarias ubicadas en jurisdicciones internacionales, utilizando empresas de maletín para inflar los costos de los insumos importados para los programas de asistencia social.
El proceso judicial estadounidense había entrado en un periodo de archivo temporal luego de que, en diciembre de 2023, el gobierno de Joe Biden emitiera un indulto condicionado que permitió la liberación de Saab Morán a cambio de la entrega de ciudadanos estadounidenses detenidos en el país.
Sin embargo, los nuevos requerimientos presentados por el sistema judicial de EE UU implicaron la apertura de causas adicionales o la reactivación de los expedientes de persecución financiera que no quedaron totalmente extintos bajo las cláusulas del intercambio humanitario previo.
La justicia de ese país sostuvo la tesis de que las operaciones de lavado de dinero afectaron de manera directa su sistema bancario nacional, lo que confiere jurisdicción a sus tribunales federales independientemente de los giros administrativos que ocurran con la identidad del procesado en Caracas.
El debate en torno a los delitos imputados también expone discrepancias interpretativas entre los analistas. Mientras el sector penalista representado por Lorenzo argumentó que las solicitudes internacionales se basan en delitos comunes financieros plenamente tipificados que habilitan la cooperación internacional, el decano Apitz apuntó que los documentos de traslado no especifican con claridad el surgimiento de nuevos hechos punibles que justifiquen romper el estatus de indultado del cual gozaba el empresario.
La falta de transparencia en la publicación detallada de las actas de entrega alimenta las interpretaciones de sectores académicos que catalogan el evento como una resolución política de conveniencia mutua entre administraciones, donde se sacrificaron las formalidades del debido proceso en función de prioridades macroeconómicas o estratégicas de los gobiernos involucrados.
