La Justicia de Argentina solicitó a España la extradición del excoronel venezolano Ephraín Enrique Verdú Torrelles, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), dentro de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela y que se tramita en tribunales argentinos.
Según informó este lunes 1° de junio la organización InterJust, la Justicia argentina dictó en febrero pasado la orden de extradición tras recibir información de que Verdú Torrelles se encontraba en España.
Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina transmitió formalmente la solicitud a las autoridades españolas y en marzo el Consejo de Ministros español aprobó la continuación del proceso.
Según informaron a EFE fuentes de InterJust, la solicitud de extradición está bajo trámite en el Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional de España.
Investigación por crímenes de lesa humanidad
Desde 2023, la Justicia argentina tramita una causa contra el gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela a partir de una denuncia presentada en enero de ese año por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).
La denuncia se presentó en Argentina sobre la base de la jurisdicción universal, un principio jurídico que permite a los países procesar delitos graves contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.
En junio de 2023, la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ) presentó otra denuncia ante la Justicia Federal de Argentina, en la que se pedía que se investigaran violaciones a los derechos humanos en Venezuela por parte de las fuerzas de seguridad.
Esta denuncia se centró en el caso de dos víctimas de homicidio, cuya identidad se ha mantenido en secreto para proteger a sus familiares.
InterJust, que este año sucedió a CFJ en la representación de estos querellantes, reveló este lunes que una de las víctimas es Rosa Orozco, madre de Geraldin Moreno Orozco, una estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años que fue asesinada por agentes de la GNB en febrero de 2014 en el estado Carabobo mientras participaba en una manifestación.
Fuentes de InterJust dijeron a EFE que, cuando ocurrieron aquellos hechos, Verdú Torrelles era comandante del destacamento de Seguridad Urbana de Carabobo y estaba al frente del operativo por las protestas.
“Llevo más de 12 años luchando para que la muerte de Geraldin no quede impune”, afirmó Rosa Orozco.
“Cada avance legal, como este, es también un reconocimiento a su vida, a sus sueños y al derecho de las víctimas venezolanas a obtener justicia”, añadió.
Los casos incluidos en el expediente
El otro caso se mantiene en el expediente como el de J.A.M.F., quien el 19 de febrero de 2014 registró con su teléfono móvil cómo las fuerzas de seguridad en Caracas reprimían una protesta pacífica.
Cuando lo descubrieron, fue perseguido y los agentes le dispararon, sin lograr herirlo, pero lo atraparon y golpearon sin que se hubiese resistido, le provocaron lesiones y lo trasladaron al hospital, donde continuó la paliza. Murió cuatro días después producto de las lesiones sufridas.
Las denuncias de la FADD y de InterJust son tramitadas por el Juzgado Federal N° 2 de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención del fiscal federal Carlos Stornelli.
En septiembre de 2024, Ramos ordenó la captura internacional con vistas a indagar a Nicolás Maduro, a su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, a Justo José Noguera Pietri y a otros trece funcionarios por crímenes de lesa humanidad cometidos de forma generalizada en Venezuela contra la población civil desde al menos 2014.
Tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, el juez Ramos solicitó el 4 de febrero a ese país que el expresidente sea extraditado a Argentina.
Otro caso
Este lunes, la Audiencia Nacional de España también pidió a las autoridades venezolanas información sobre 14 presuntos miembros de la organización ETA que, según registros judiciales, residían en el país, en una investigación sobre su supuesta integración en estructuras vinculadas al grupo terrorista.
En esa resolución, el juez Francisco de Jorge sostuvo que el reciente cambio político en Venezuela podría facilitar la cooperación judicial con Caracas, un argumento que también ha sido utilizado en otras diligencias impulsadas por tribunales extranjeros para obtener información o avanzar en causas relacionadas con el país.
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